Durante el último año, 811 menores extranjeros no acompañados (menas) han arribado a Canarias, y únicamente 701 han sido trasladados a la península, conforme a cifras oficiales.
Canarias continúa supervisando a 3.536 menores, cifra que excede ampliamente su capacidad habitual de 737 plazas, lo que implica una saturación del 670 %.
Las comunidades de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana han recibido casi la mitad de los traslados; mientras que Cataluña y País Vasco prácticamente no han acogido menores.
El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno asumir la tutela de los menores solicitantes de asilo, aunque se han incumplido reiteradamente los plazos y la ejecución.
La crisis migratoria en Canarias, lejos de resolverse, persiste. Por su parte, el Gobierno de las islas reprocha las «dificultades, cuando no engaños» del Ejecutivo central para «cumplir sus compromisos propios».
EL ESPAÑOL ha accedido a las estadísticas oficiales sobre tutela de menores extranjeros no acompañados (menas) y los datos muestran que han llegado más jóvenes que los que han sido derivados.
Concretamente, las «nuevas llegadas» alcanzan la cifra de 811 chicos y chicas desde la entrada en vigor de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Solo se han trasladado a la Península 701 de ellos mediante este procedimiento, de un total de 1.153 expedientes remitidos.
Hace un año, Canarias alojaba y tutelaba más de 5.800 menores, con una «sobresaturación» del 670 % en sus 81 centros.
Además, entre estos, «no menos de 1.200 son solicitantes de asilo«, señalaba entonces Fernando Clavijo, presidente regional, «y corresponden al Estado, no a nuestra responsabilidad».
Tras dos años sin atender ni social ni económicamente su obligación constitucional, Moncloa acordó con Junts y PNV un decreto para trasladar a los menas a otras Comunidades Autónomas.
La mencionada reforma habilitó la declaración de la llamada «contingencia migratoria». Pese a los recursos presentados por diversas CCAA afectadas –principalmente bajo gobiernos del PP, dado que Cataluña y País Vasco quedaron exentas–, se implementó el mecanismo.
También hace un año, el Tribunal Supremo emitió un auto que establecía un «plazo improrrogable de 10 días» para que el Gobierno asumiera la tutela de 1.200 menores solicitantes de asilo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez «incumplió reiteradamente» hasta ser obligado por nuevas resoluciones del TS.
«Emergencia humanitaria»
Cuando se aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, la capacidad ordinaria en Canarias era de solo 737 plazas, ocupadas por ocho menores cada una. Clavijo denunció una «emergencia humanitaria» sin respuesta desde Madrid.
El texto fue convalidado en el Congreso el 10 de abril de 2025 con 179 votos a favor —PSOE y sus aliados— y 170 en contra, principalmente del PP y Vox. La gestión de esta etapa de la crisis recayó en Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias.
Torres es el interlocutor designado por Sánchez ante la exigencia de Clavijo de contar con una única voz para negociar, ya que cinco ministerios tienen competencias en migración: Interior, Exteriores, Defensa, Inclusión e Infancia y Juventud.
Se estableció una tasa de acogida de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se añadió un factor corrector de «esfuerzo previo» de las autonomías, sobre cuyo cálculo ni Cataluña ni el País Vasco quedaron obligadas a recibir menores en el reparto extraordinario.
Aunque el PP gobierna en Canarias junto con Coalición Canaria, las regiones gobernadas por el PP cuestionaron la objetividad de este cálculo y acusaron al Gobierno de establecer criterios «a medida» para favorecer a sus socios independentistas. Además, Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León presentaron recursos contra el «decretazo».
Un año después, los datos oficiales del Gobierno de Canarias les dieron la razón: sólo tres menores fueron trasladados a Cataluña y ninguno al País Vasco.
En la cima del listado se encuentran Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Entre ellas suman casi la mitad de los traslados efectuados.
Objetivo: 3.000 en un año
El 22 de julio el Consejo de Ministros aprobó un decreto de desarrollo que concretó los mecanismos del sistema. Y el 28 de agosto se declaró oficialmente la «contingencia migratoria extraordinaria» en Canarias, Ceuta y Melilla, con una meta clara: reubicar aproximadamente a 3.000 menores en un plazo de un año.
El parámetro para considerar superada la crisis se estableció en 2.211 menores tutelados en Canarias, cantidad triple respecto a la capacidad ordinaria. Actualmente, gracias a los traslados y a que varios menores han alcanzado la mayoría de edad, la presión se ha reducido, pero Canarias sigue tutelando a 3.536 menas.
Comunidad Autónoma Total Disp. Adic. 1ª Art. 5 Madrid 119 69 50 Andalucía 100 43 57 Comunitat Valenciana 98 47 51 Galicia 70 32 38 Aragón 62 33 29 Castilla-La Mancha 45 28 17 La Rioja 42 19 23 Región de Murcia 37 18 19
Esto representa más de 1.300 menores por encima del límite establecido para desactivar la contingencia. Dicho de otro modo, las islas continúan con una capacidad de acogida de menores ocho veces superior a la habitual.
Según el informe oficial de la Consejería de Bienestar Social canaria, fechado el 16 de marzo de 2026, el número total de menores trasladados desde Canarias mediante el mecanismo de contingencia es de 701.
De estos, 348 corresponden a chicos y chicas que ya estaban en las islas cuando se aprobó el decretazo y salieron a través de la Disposición Adicional Primera. Otros 353 lo hicieron por el canal del artículo 5, que regula las nuevas incorporaciones.
El dato esencial indica que, en el mismo periodo, se han iniciado 811 expedientes por nuevas llegadas: esto significa que más menores han ingresado al sistema que los que han sido derivados a la Península.
El registro oficial también muestra que aún quedan 423 expedientes pendientes de traslado.
Además, identifica tres grupos bajo responsabilidad directa del Estado: 476 menores integrados en la red de asilo, 150 con procedimientos de protección internacional en trámite. Sumado a esto, existen 276 expedientes cerrados porque los jóvenes han alcanzado la mayoría de edad sin haber sido reubicados.
Comunidad Autónoma Total Disp. Adic. 1ª Art. 5 Castilla y León 35 14 21 Navarra 23 11 12 Asturias 23 11 12 Cantabria 22 8 14 Extremadura 18 10 8 Islas Baleares 4 3 1 Cataluña 3 2 1
Desde la perspectiva del Gobierno de Canarias, estas cifras demuestran que la solución política diseñada por Moncloa «no ha resuelto el colapso» de su sistema de protección.
La comunidad mantiene una cantidad de menores muy por encima de su capacidad y observa cómo los plazos y compromisos se dilatan sin que la carga asistencial disminuya con la rapidez anunciada.
La versión de Torres
Ante estos datos, el ministro Torres presenta una versión diferente, combinando cifras. El 19 de marzo de 2026, en una rueda de prensa en Melilla, afirmó como logro político la prórroga del sistema de reubicación hasta agosto de 2027 mediante un nuevo real decreto.
Fuentes del Ejecutivo insular explican que la realidad es que «no tiene otra opción debido al incumplimiento».
Torres defendió la reforma como un «avance histórico» en su labor de estos meses. Aunque aceptó que Canarias, Ceuta y Melilla «continúan en situación de contingencia», desde el Gobierno central sostienen que «de facto ya han salido del hacinamiento».
El ministro logró una cifra destacada, sumando a los menores del decretazo aquellos que el Supremo le exigió asumir. Así, estimó en 1.143 los menores reubicados.
En su evaluación, se habría pasado «de un colapso a un modelo ordenado, solidario, sostenible y eficaz». No obstante, reconoció un dato contundente: quedan al menos 3.800 menores pendientes de reubicación en los tres territorios.
Los solicitantes de asilo
Una semana tras el pacto con Junts para el decretazo, acompañado de una proposición de ley conjunta con el PSOE para transferir las competencias de inmigración a Cataluña, el Tribunal Supremo emitió una resolución contundente.
El 25 de marzo, la Sala Tercera dictó un auto con medidas cautelares obligando al Estado a hacerse cargo de más de mil menores no acompañados que habían solicitado asilo en Canarias.
El Supremo recordó que la Ley de Asilo y el reglamento del Sistema Nacional de Acogida atribuyen al Estado, no a las CCAA, la responsabilidad sobre los solicitantes de protección internacional.
Por ello, ordenó a la Administración central garantizar en un «plazo improrrogable» de diez días el acceso de estos menores al sistema estatal. Argumentó que el «hacinamiento» en los centros canarios era «indudable» y «incompatible» con el interés superior del menor.
El Gobierno incumplió ese primer plazo, acumulando retrasos. En junio de 2025, un segundo auto constató el «claro incumplimiento» de la orden inicial y advirtió de posibles medidas coercitivas para los responsables ministeriales.
En octubre, un tercer pronunciamiento calificó de «manifiestamente inadmisible» el ritmo de derivación, ya que apenas 256 menores habían sido trasladados al sistema estatal siete meses después de la primera orden.
El conflicto se trasladó a Madrid a finales de año. En diciembre de 2025, el Supremo emitió otro auto otorgando 30 días al Gobierno para hacerse cargo de menores solicitantes de asilo bajo tutela de la Comunidad de Madrid.
Cuarenta días después, el Gobierno regional denunció que las citas se programaban para fechas posteriores a la mayoría de edad de los menores, lo que en la práctica eludía la incorporación al sistema estatal.
Recursos de inconstitucionalidad
Durante este periodo, diversas comunidades gobernadas por el PP han convertido el decretazo en un litigio constitucional.
El TC ha admitido a trámite los recursos presentados por Madrid, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Alegan invasión competencial, vulneración del reparto de poderes y trato discriminatorio en la asignación de cuotas.
Estos recursos permanecen sin resolver y generan incertidumbre sobre la continuidad del sistema de reubicación más allá de 2027. De ser anulada la reforma, las islas regresarían a la casilla de salida sin un mecanismo estatal claro para la distribución obligatoria.