El Ejecutivo ha presentado un conjunto de 80 medidas para mitigar la crisis energética, reutilizando algunas implementadas en 2022
Las repercusiones de la guerra en Oriente Medio han alcanzado España, donde tanto ciudadanos como empresas han experimentado un aumento continuo en los precios del combustible, impulsado principalmente por la especulación en el mercado. Este conflicto, originado tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán, llevó a Irán a cerrar el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para la exportación petrolera a nivel mundial, además de atacar varias refinerías en la región.
Aunque el 83% del petróleo que España importa proviene de fuentes alejadas del Estrecho, siendo Estados Unidos y Nigeria los principales proveedores, los mercados energéticos internacionales reaccionaron anticipando las posibles consecuencias de este nuevo conflicto. Desde el inicio de la guerra, el precio del gas en Europa casi se ha duplicado, elevándose de 32 a 63 euros por MWh, y el barril de Brent ha aumentado un 60%, superando los 119 dólares.
Por lo tanto, el ataque en Teherán representa, en el corto plazo, un impacto directo en la economía de los españoles. Esta realidad no es inédita; ya en el inicio de la guerra en Ucrania, los ciudadanos enfrentaron efectos similares, aunque en ese caso el gas ruso fue el recurso interrumpido primero, afectando inicialmente a países como Alemania, más dependientes del suministro del Kremlin, y posteriormente al resto de Europa y el mundo.
El conflicto entre Putin y Zelenski comenzó el 24 de febrero de 2022. A los 33 días, el Gobierno de Pedro Sánchez implementó un paquete anticrisis con el fin de responder a las demandas de la población, especialmente pymes, autónomos y el sector agrario español. Ahora, ante la guerra en Irán, el Ejecutivo ha optado por reactivar dicho paquete anticrisis, con un enfoque similar en controlar los precios energéticos, aunque con un presupuesto más reducido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para «proteger a los ciudadanos, apoyar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria».
Presupuesto 11.000 millones inferior
El 29 de febrero de 2022, Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, presentó un paquete anticrisis —negociado entre PSOE y Podemos— con un presupuesto de 16.000 millones de euros, de los cuales 6.000 millones se destinaban a ayudas directas y reducciones fiscales, y el resto a una línea de avales gestionada a través del ICO.
Además, Calviño destacó ocho objetivos: reducir el precio del gas, la electricidad y los carburantes; respaldar a las empresas afectadas, especialmente pymes y autónomos; mantener la estabilidad de los precios; asegurar el suministro; proteger la estabilidad financiera; implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; fomentar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.
Esta vez, el viernes 20 de marzo, Pedro Sánchez, como presidente y con un nuevo socio gubernamental (Sumar), presentó un paquete anticrisis con 80 medidas para contrarrestar los efectos de la guerra en Irán. El presupuesto es más modesto, de 5.000 millones de euros, pero nuevamente la energía figura como eje principal y se incluye una nueva prioridad: la vivienda.
La energía, eje central de las ayudas
La guerra en Ucrania impulsó la excepción ibérica, sistema mediante el cual España y Portugal establecieron un precio de referencia para el gas que permitió reducir los costes de electricidad en ambos países. En 2022, el Gobierno anunció la aplicación del IVA a la electricidad (hasta un 10%), la suspensión del 7% del impuesto a la generación y una reducción del 0,5% en el impuesto especial de electricidad.
Respecto a las renovables, entonces el Ejecutivo transfirió 1.800 millones de euros desde el régimen especial de las plantas de energía renovable hacia la reducción de la parte fija en las facturas eléctricas de hogares, además de autorizar que estas plantas vendan electricidad fuera del mercado mayorista a partir del 1 de enero de 2022, facilitando así una mayor liquidez eléctrica a precios más accesibles.
Para las familias, se flexibilizó el bono social eléctrico, otorgando una renovación automática durante dos años a todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por último, se prorrogó la prohibición de aumentar el precio del gas en más de un 5% trimestral para los consumidores con Tarifa Último Recurso.
Para este conflicto, las medidas energéticas contemplan una reducción de hasta el 60% en los impuestos sobre la electricidad. Incluye la reducción del IVA energético al 10%, la congelación del precio máximo de venta de butano y propano, y la reducción al 10% del IVA en la gasolina y gasoil, lo que implica un ahorro efectivo de 30 céntimos por litro. Además, se suspendió el impuesto del 7% sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y se redujo el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al 0,5%.
El bono social eléctrico se mantiene dentro del nuevo plan anticrisis, con una división del 42,5% para vulnerables y 57,5% para vulnerables severos. Se incrementa la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y se prohíbe la suspensión de servicios básicos (agua y electricidad) para hogares vulnerables.
Medidas para trabajadores, pymes y autónomos
El paquete anticrisis de 2022 dedicó 362 millones de euros al sector de agricultura y ganadería, 68 millones al sector pesquero, más de 500 millones en ayudas a grandes consumidores eléctricos y 125 millones para industria altamente intensiva en gas. Además, para asegurar la liquidez de empresas y autónomos, se asignaron 10.000 millones de euros en avales ICO.
En relación a los trabajadores, se incrementó un 15% el IMV y se restringió hasta el verano de 2022 la actualización anual de rentas de contratos de alquiler, limitándolas a la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), fijado en un 2%. Asimismo, se facilitaron los mecanismos ERTE para empleadores, destinando fondos públicos para cubrir salarios y cotizaciones sociales con el objetivo de evitar despidos.
En esta ocasión, las ayudas para empresas se centran en la industria electrointensiva, con un descuento del 80% en peajes eléctricos de transporte y distribución. Se flexibilizan los contratos de suministro energético, permitiendo que empresas y autónomos ajusten condiciones más fácilmente y sin costes adicionales. Además, el Ejecutivo aumentará en 300 millones la línea de créditos ICO destinadas a subvenciones para los sectores agroalimentario y pesquero.
Ayudas al sector transporte
Dentro del paquete de 2022, se destacó el apoyo al sector del transporte, beneficiario principal de una bonificación mínima de 20 céntimos por litro en combustible y de 450 millones de euros en ayudas directas para empresas de transporte de mercancías y pasajeros. También se redujo a un mes el plazo de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos, y se aplicó una bonificación adicional del 80% en tasas portuarias para buques y mercancías en rutas entre la Península y territorios extrapeninsulares.
Por otra parte, en un contexto marcado por ataques rusos a telecomunicaciones, el Gobierno aprobó un Plan Nacional de Ciberseguridad con una inversión superior a 1.200 millones de euros. Sin embargo, estas medidas no se han incluido en el nuevo paquete relacionado con la guerra en Irán.
En esta ocasión, el plan restablece la reducción de 20 céntimos por litro. Según explicó el Presidente, esta rebaja, que corresponde al mínimo permitido para el impuesto de hidrocarburos, se orientará a los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. También se destinará un subsidio equivalente para la compra de fertilizantes, atender un reclamo del sector agrario.