La mujer, quien ha estado visitando semanalmente a Daniel Arcuri desde 2019 en la casa de su padre, niega cualquier tipo de agresión hacia los menores y afirma que el niño está «contento» y no desea regresar con su madre
Ocurrió una tarde a finales de 2019. La trabajadora social Ivana Napoli, empleada del Ayuntamiento de Carloforte, en Cerdeña, acompañaba a los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri con su madre.
Desde varios meses antes, la trabajadora social visitaba dos veces por semana la casa de Arcuri para dar cumplimiento a la orden del tribunal civil que había concedido la custodia de los menores al padre, y que no solo había calificado a la madre como perjudicial para sus hijos por no diferenciar su propio interés del de ellos, sino que la había obligado a recibir tratamiento en España por este motivo.
La misión de Napoli era clara: garantizar que la convivencia de los menores con su padre fuese lo mejor posible. La sentencia civil de 2018, severa con la madre, también señalaba ciertos obstáculos del padre para cumplir eficazmente su rol debido al conflicto entre los progenitores que entorpecía su relación con los hijos. Así, Napoli inició en 2019 la ejecución de ese mandato, visitando dos veces por semana durante aproximadamente dos horas la casa de Arcuri, donde residían Daniel (de cinco años en ese momento) y Gabriel (de 12 años).
La anécdota que Napoli relató recientemente ante otro juez, esta vez penal, tuvo lugar una tarde de ese año cuando apenas llevaba unos meses en las visitas a padre e hijos.
Un año antes, el diario español ABC había publicado tres «cartas» en las que Gabriel Arcuri denunciaba numerosas vejaciones por parte del padre hacia ambos menores. La Fiscalía italiana archivó en ese momento todas las denuncias de la madre contra el padre por presuntas agresiones a los niños. La razón: las denuncias llegaban sin partes médicos, o los partes no confirmaban las lesiones mencionadas, o venían acompañadas solo de fotos sin evidencia de maltrato.
Rivas había sido condenada en España por secuestro de sus hijos, y en Cerdeña se interpretaba que intentaba recuperarlos mediante denuncias fabricadas. Además, el tribunal civil italiano determinó que Gabriel, quien sufrió más la sustracción de 2017 (cuando tenía 11 años), había manipulado la percepción materna para adoptar un papel de víctima frente a Arcuri, simplemente repitiendo a Rivas lo que ella quería oír para mantener el vínculo.
Pese a esto, aquellas «cartas» eran preocupantes, por lo que Napoli aprovechó una ocasión a solas con el niño, al llevarlo en coche para encontrarse con su madre, para preguntarle si alguna vez su padre le había maltratado. Si lo que Gabriel había expresado y ABC había publicado era cierto.
«Me dijo que no, que nunca le había pegado», relató Napoli el jueves ante el juez penal que ahora juzga a Arcuri por cuatro presuntas agresiones a sus hijos durante 2019 y 2020, tras la intervención de un fiscal jefe en el caso.
Napoli -que después explicó al menor la importancia de «decir siempre la verdad»- contó ante el tribunal el jueves, usando este episodio como ejemplo de lo que siempre observó alrededor de los niños: un padre con un carácter más o menos difícil, pero comprometido en cuidarlos, y una madre que presionaba para que acusaran al otro progenitor de hechos inexistentes.
Napoli, quien continúa tras siete años visitando a Daniel en casa de Francesco Arcuri y declaró que el niño está «feliz» y no desea volver con su madre, relató además otro incidente con el hijo menor de la pareja, que actualmente tiene 12 años.
En otro momento de esos años, Daniel le confió a la trabajadora social sin la presencia de Arcuri: «Tengo que contarte un secreto». Napoli se acercó y el niño le reveló, según declaró la semana pasada ante el juez, que su madre le decía que para salvar a mamá «tenía que afirmar que papá le pegaba» a él, y que no solo ella se lo comunicaba sino también otras personas de su entorno e incluso «abogados».
Napoli ha declarado ante el juez que durante todas las visitas regulares al hogar familiar, dos veces por semana durante años -actualmente una vez por semana-, nunca observó «marcas» en los niños, por lo que nunca vio justificación para protegerlos del padre.
En contraste, sí tuvo que solicitar en repetidas ocasiones visitas supervisadas para la madre, estableciendo puntos de encuentro familiar vigilados por psicólogos o trabajadores sociales, para proteger a los menores de situaciones que Napoli detectaba en la relación con su madre.
Napoli también narró un episodio ahora denunciado: la bofetada que Arcuri dio a Gabriel cuando tenía 16 años, un hecho que el padre nunca ha negado. «Es la única vez que le pegué, pero también es cierto que él intentó agredirme», ha reconocido Arcuri en varias ocasiones.
Según la denuncia, la agresión del padre dejó al joven con «marcas en la cara», y luego Gabriel informó de lo ocurrido a Napoli. Sin embargo, la trabajadora social relató los hechos de forma muy distinta.
Cuando llegó a la casa, explicó a la juez la semana pasada, Arcuri le expuso su versión: tras una discusión, el padre propinó una bofetada al hijo -los informes de psicólogos forenses indicaban que Arcuri no siempre podía ejercer como padre debido a que Gabriel se refugiaba en el conflicto parental-, y que el menor intentó agredirle, lo que provocó que el padre abandonara el coche donde estaban.
Tras escuchar a Arcuri, Napoli se dirigió al hijo para conocer su versión, que coincidía con la de su padre. Además, afirmó que Gabriel no presentaba ninguna marca en la cara, contrario a lo que el joven sostenía.
También prestó declaración en esa misma sesión, el jueves 12 pasado, la pediatra encargada de atender a los niños durante sus primeros años. La especialista comentó que vio a los menores entre seis y siete veces por año, dependiendo de la ocasión, y aseguró que nunca ninguno mencionó maltrato ni presentó marcas visibles.
Declaró de igual forma una representante de una asociación contra la violencia de género que solía acompañar a Juana Rivas en sus visitas a Cerdeña cuando ella viajaba a ver a sus dos hijos en esa época, llamada Bruna Biondo. Según Biondo, los menores expresaban continuamente, durante su estancia con Rivas, temor a regresar con su padre y afirmaban que Arcuri los golpeaba.
De hecho, esas manifestaciones han ocurrido frecuentemente cuando los menores estaban con su madre. El caso más notable fue el de Daniel cuando la Justicia española obligó a Rivas a devolverlo el verano pasado en Granada.
En el primer intento, el 22 de julio, Rivas junto a su asesora áulica, Francisca Granados, llegaron al Punto de Encuentro Familiar en Granada, dejando al niño fuera y gritando a la prensa y activistas reunidos: «Me va a matar, mi padre me va a matar». Las trabajadoras sociales del centro consideraron su actitud simulada, y la juez ordenó que el niño regresara con su padre, cosa que ocurrió tres días después.
Actualmente, el niño está nuevamente «feliz» con Arcuri, según constataron los servicios públicos encargados de su supervisión, y ha vuelto a quejarse en Italia sobre intentos de manipulación por parte de su madre y su entorno, incluyendo a Rivas y Granados.
En efecto, esas conductas han sido explicadas por las tres sentencias civiles italianas que hasta ahora han otorgado la custodia a Arcuri, incluso cuando Gabriel, a los 16 años, decidió cambiar su residencia con su madre en Granada, al preferir su estilo educativo, según lo valoraron los jueces.
Estas sentencias, basadas en testimonios como el de Napoli, han concluido consistentemente que Rivas priorizaba su conflicto con Arcuri y su supuesto papel de víctima frente a su relación con los niños, por lo que en ocasiones estos -como en las cartas de Gabriel o con Daniel actuando dramáticamente en Granada- han respondido a la exigencia materna de acusar al padre.
Tanto Rivas como Gabriel señalaron eso durante el juicio contra Arcuri por las cuatro presuntas agresiones ocurridas en 2019 y 2020. Estas acusaciones, sin embargo, ya fueron rechazadas tanto por el tribunal civil, que restituyó la custodia de Daniel al padre en febrero pasado, como por la Fiscalía de Menores, que un mes antes confirmó que el niño, retenido por la madre en España, debía regresar a Italia.
Precisamente por esa retención existe un procedimiento abierto por sustracción en los juzgados de Granada. Si Rivas fuera condenada nuevamente, tendría que cumplir la pena de dos años y medio de prisión, indultada previamente por el Gobierno de Pedro Sánchez, al reincidir en el plazo de cuatro años desde la primera condena.