Feijóo impulsa que la UE incorpore una cláusula de defensa mutua semejante a la de la OTAN y desarrolle un sistema operativo antimisiles y antidrón para 2030.
El PPE propone suprimir la unanimidad en decisiones vinculadas a defensa y política exterior, permitiendo resoluciones por mayoría cualificada entre los Estados miembros.
El acuerdo abarca la protección de Ceuta, Melilla y el eje marítimo Canarias-Estrecho-Baleares, fortaleciendo el papel estratégico de España en la seguridad del continente europeo.
La declaración también defiende la autonomía estratégica europea en ámbitos energéticos y económicos, proponiendo simplificar las normativas y robustecer las cadenas de suministro.
Alberto Núñez Feijóo concluyó este jueves en Bruselas la Cumbre Ampliada del Partido Popular Europeo con la suscripción de una declaración que compromete a los líderes populares de la UE y de países asociados y candidatos a una agenda amplia en materia de defensa.
El texto solicita «desarrollar y poner en funcionamiento» el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. La finalidad es transformarlo en una «cláusula fiable de defensa mutua» equiparable al artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN, complementándolo.
Además, la declaración demanda acelerar la puesta en marcha de «un escudo europeo antimisiles y antidrón operativo para 2030«.
El conflicto en Oriente Próximo, con sus lanzamientos de misiles guiados que incluso han alcanzado Chipre, y las oleadas de drones sobre infraestructuras tanto civiles como militares, ha convertido esta capacidad en una prioridad estratégica para el PPE. Se insiste en acelerar un proyecto ya planteado tras el estallido de la guerra en Ucrania.
Desde la creación del bloque europeo, la política exterior y de defensa es la esfera menos comunitarizada entre los Veintisiete. En 2007, el Tratado de Lisboa incorporó esta cláusula que estipula que «si un Estado miembro sufre una agresión armada en su territorio, los demás Estados le brindarán ayuda y apoyo«.
Sin embargo, la diferencia con el artículo 5 de la OTAN es significativa: «Las partes convienen que un ataque armado contra una o varias de ellas, que ocurra en Europa o América del Norte, será considerado como un ataque contra todas«.
Este artículo solo ha sido activado una vez en 77 años: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El artículo de la UE carece de un sistema institucional robusto, una estructura de mando integrada y de un mecanismo automático, ya que requiere unanimidad para su activación, lo que la convierte en una garantía teórica poderosa, pero débil en la práctica.
El PPE pretende cubrir esa laguna, y hacerlo sin esperar reformas en los Tratados, utilizando las «flexibilidades» existentes, incluidos los «mecanismos de cooperación reforzada» que permitan avanzar a los Estados miembros que lo deseen.
«Fin de la unanimidad»
Eliminar la unanimidad obligatoria en política exterior y defensa representa otro de los principales objetivos del PPE. Este interés, de hecho, es compartido por los grupos socialistas (S&D) y liberales (Renew), los tres mayores del Parlamento Europeo.
Ante la ausencia de reformas del Tratado a corto plazo, los líderes presionan desde hace tiempo para que las resoluciones puedan tomarse «por mayoría cualificada aunque algún Estado se oponga». Este mismo jueves, en el Consejo, Hungría volvió a ser ejemplo de cómo un solo país puede bloquear acuerdos comunes.
La propuesta respaldada por Feijóo consiste en «una Europa de dos velocidades» en materia de defensa.
Una corriente en las instituciones sugiere incluso crear una «Unión Europea de Defensa» con un tratado específico, independiente del marco actual de la UE.
La postura menos radical –y hasta ahora la única mencionada por el PPE–, defiende recurrir en mayor medida a la «interpretación flexible» de los Tratados. La próxima adhesión de Ucrania, Moldavia y Montenegro –dos de ellos presentes en esta cumbre ampliada del PPE– incrementa la urgencia de renovar el modelo decisorio.
Ceuta y Melilla en la agenda
En el contexto interno del PP español, aunque los líderes no lo expresen de forma pública, estos compromisos combinan dos temas de política nacional que resultan difíciles de separar.
El primero es Ceuta y Melilla. Estas dos ciudades españolas en el norte de África constituyen las únicas fronteras terrestres de la UE con África, y están en un territorio en el que Marruecos no reconoce su soberanía española.
Marruecos, a su vez, se considera un aliado estratégico firme de Washington y Jerusalén, los dos gobiernos con los que Pedro Sánchez ha tenido los enfrentamientos más notorios. Para Feijóo, la fiabilidad de España con sus socios en seguridad y defensa es la principal garantía real para estas dos ciudades españolas.
El segundo punto es el eje marítimo Canarias-Estrecho-Baleares. Este triángulo posee una misión clave asignada a España dentro de la OTAN: supervisar continuamente el flanco sur, controlar las rutas marítimas y proteger el acceso al Mediterráneo occidental.
La «seguridad integral 360 grados» que demanda la Alianza requiere que España no solo exija atención al Mediterráneo, sino que asuma el liderazgo geoestratégico que su ubicación le confiere: una política firme con Marruecos en migración y seguridad, y control efectivo de ese eje naval.
Fiabilidad como aliado
Feijóo suscribe el comunicado del PPE como un compromiso personal. Fuentes cercanas indican que «ya firmó en 2025 en Bruselas el compromiso de alcanzar el 5% del PIB en Defensa, antes incluso de expresarlo públicamente con sus propias palabras, y con el paso del tiempo lo ha ratificado».
Por eso, «no resulta sorprendente que estos planteamientos no formen parte visible de su agenda por ahora, o que solo sean insinuados, pero efectivamente son compromisos«, afirman fuentes próximas al líder del PP.
Este antecedente es relevante, porque en la misma época Sánchez firmó el compromiso en la cumbre de La Haya, en junio de 2025, junto a otros aliados. Sin embargo, diez minutos después lo rechazó en rueda de prensa y en la práctica se abstuvo.
En contraste, Feijóo aseguró que «un Gobierno liderado por el PP cumplirá ese compromiso». El dirigente gallego se muestra orgulloso de su imagen «previsible y confiable». Sus compromisos, según sus seguidores, tienen recorrido.
Autonomía estratégica
La declaración firmada este jueves también va más allá del ámbito militar. Los dirigentes del PPE reafirmaron su respaldo a la autonomía estratégica europea en energía y economía.
El texto exige la simplificación de la legislación vigente, la reducción de burocracia, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la inversión en innovación y tecnologías digitales.
Además, reclama avanzar en la aprobación de la Industrial Accelerator Act y un Permitting Omnibus que «diluya las trabas normativas, especialmente las medioambientales».
Profundizar en el Mercado Único es considerado por ellos «el mayor recurso de Europa», y el crecimiento tangible depende de «eliminar las barreras internas» que han sido erigidas por los propios Estados miembros.
Con un frente caliente en Irán que limita los mercados energéticos e industriales, los populares europeos condenan los ataques de los ayatolás contra sus vecinos, exigen el «desmantelamiento de su programa nuclear» y apoyan el despliegue de cinco países miembros en el Mediterráneo Oriental —en respaldo a Chipre—.
El texto vincula el conflicto con impactos directos en los precios energéticos en Europa y reclama «acciones nacionales y europeas» para estabilizar el mercado.
Otra zona de Oriente Próximo bajo tensión militar es Líbano. En ese contexto, el PPE atribuye la responsabilidad del incremento de violencia a Hezbolá, demanda su «desarme completo» y pide apoyo financiero para las fuerzas armadas libanesas.
Feijóo y otros líderes instan a que las negociaciones de paz con Israel no se pospongan más y que la UE juegue un papel político más allá del humanitario en este proceso, especialmente ante la finalización de la misión de la ONU (con 650 militares españoles expuestos al conflicto) en diciembre, cuya prórroga no cuenta con apoyo israelí.
Respecto a Ucrania, la declaración reitera el respaldo «inquebrantable» a Kiev y condiciona su entrada en la UE al cumplimiento estricto de criterios basados en: Estado de derecho, pluralismo político, libertad de expresión e independencia de organismos anticorrupción. La ampliación, señalan en el PPE, «es un compromiso, pero no una carta en blanco».