La violencia en las calles ha crecido un 72% en España desde que Marlaska asumió la cartera del Ministerio del Interior en 2018, alcanzando en 2025 un nivel récord en la última década.
Durante 2025 se contabilizaron 31.481 delitos graves y menos graves relacionados con lesiones y riñas tumultuarias, lo que supone un aumento del 7,2% respecto a 2024.
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentran casi el 57% de los incidentes violentos en la vía pública, mientras que Ceuta, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia registraron incrementos destacados.
El sindicato policial CEP denuncia el deterioro en la seguridad ciudadana, el incremento de agresiones a agentes y la falta de avances por parte del Ministerio en cuanto a protección, recursos y reconocimiento profesional.
Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, los delitos vinculados con la violencia callejera no han cesado en aumentar. Específicamente, el año 2025 cerró con un nuevo máximo histórico en esta materia. Según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, se registraron un total de 31.481 infracciones penales graves y menos graves por lesiones y riñas tumultuarias, siendo esta la cifra más elevada en la última década.
El aumento respecto a 2024 fue del 7,2%, confirmando una tendencia al alza sostenida durante los últimos años. En función de los datos acumulados, el periodo entre 2018 y 2025, coincidiendo con la gestión de Marlaska al frente del ministerio, refleja una subida del 72% en estos tipos de delitos.
Para el sindicato policial CEP (Confederación Española de Policía), estos números ponen de manifiesto un deterioro estructural en la seguridad ciudadana y en las condiciones laborales de los agentes.
Desde el sindicato se sostiene que «este empeoramiento de la seguridad en las calles… es un indicador claro que evidencia que la gestión del Ministerio del Interior en esta materia está siendo un fracaso».
En esa misma línea, afirman que «solo así se puede calificar que entre 2018 y 2025… se haya experimentado un incremento del 72% en estos delitos».
Las riñas multitudinarias también cerraron 2025 con cifras récord, con 2.115 casos más que en el año previo. Este fenómeno se ha extendido a nivel nacional, con la mayoría de las comunidades autónomas alcanzando máximos históricos o experimentando aumentos considerables. Únicamente Cataluña, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla se mantuvieron fuera de esta tendencia ascendente.
En términos de volumen, Andalucía (18,6%), Cataluña (13,4%), Comunidad Valenciana (12,6%) y Madrid (12,1%) aglutinan casi el 57% de los episodios de violencia callejera en España. Además, el análisis territorial refleja incrementos especialmente significativos en Ceuta (+27%), Navarra (+23%), Castilla-La Mancha (+18%), Extremadura (+17%) y Galicia (+14%).
Dinámica consolidada
Según el CEP, esta evolución no se trata de un fenómeno aislado, sino de una dinámica consolidada. En palabras de la organización, «no estamos ante situaciones puntuales o un fenómeno emergente, sino frente a una tendencia establecida, prolongada en el tiempo y que ya promedia más de 2.600 peleas mensuales en las calles españolas». Esta realidad, aseguran, impacta directamente en la seguridad de los agentes y en la eficacia operativa de las fuerzas policiales.
La organización también advierte sobre el paralelismo existente entre el aumento de la violencia callejera y el crecimiento de las agresiones a policías, un asunto que han denunciado repetidamente en los últimos años. A su juicio, el Ministerio del Interior no ha conseguido revertir esta tendencia ni aplicar medidas efectivas para fortalecer la autoridad y protección de los agentes.
En este marco, el sindicato reprocha la ausencia de respuestas por parte del Ministerio ante varias demandas históricas. Entre ellas, subrayan la negativa a cumplir una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a desarrollar un real decreto para regular el seguro de responsabilidad civil de los policías nacionales. Según CEP, Interior mantiene «una actitud desafiante» al no dar cumplimiento a esta resolución judicial.
Asimismo, denuncian la falta de avances en el reconocimiento de los policías nacionales como profesionales en situación de riesgo, la mejora de sus condiciones de jubilación y la equiparación salarial con otros cuerpos policiales autonómicos y locales. Añaden también lo que consideran una inversión insuficiente en recursos materiales y sistemas de protección.
Entre los ejemplos señalados, el sindicato indica que la dotación prevista de inmovilizadores eléctricos apenas alcanzaría las 5.000 unidades en 2028, frente a un total de aproximadamente 20.000 agentes asignados a la seguridad ciudadana. También destacan la escasa incorporación de armas largas en los últimos siete años (menos de 2.500), así como los objetivos planteados para dispositivos de grabación unipersonal (11.000 unidades proyectadas para 2028) o la renovación del parque móvil policial, valorada como insuficiente para enfrentar al crimen organizado.
El caso de Madrid es particularmente relevante, según los datos analizados. En 2025, dicha comunidad experimentó un aumento del 12,22% en delitos vinculados a la violencia callejera, alcanzando niveles máximos en la última década y superando la media nacional.
Ante este panorama, CEP concluye que la situación demanda una respuesta contundente por parte de las autoridades. En su mensaje final, el sindicato enfatiza que «cuando la integridad física de los policías está en juego, el Ministerio del Interior no puede permanecer impasible ante un crecimiento tan alarmante de la delincuencia callejera en España».