Fuente de la imagen, Cortesía de Catalina Giraldo y DescLAB
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La psicóloga colombiana Catalina Giraldo, de 30 años, ha vivido la última década sumida en un intenso sufrimiento y se ha sometido a múltiples tratamientos para manejarlo.
Se le ha diagnosticado trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad.
Ha probado casi cuarenta protocolos farmacológicos diferentes, acompañado por años de psicoterapia, terapia electroconvulsiva e infusiones de ketamina. Desde 2019, ha experimentado nueve hospitalizaciones debido a crisis agudas y varios intentos de suicidio.
Actualmente se siente exhausta y sin fuerzas para seguir intentándolo.
«Lo que vivo es un infierno. Me agota tener que enfrentar esto constantemente […] Para mí ya es suficiente», expresa Catalina en el reportaje de Noticias Caracol difundido el pasado domingo, que reveló su situación al público.
Por ello, presentó una solicitud inédita al sistema de salud colombiano: pedir acceso a la asistencia médica al suicidio.
Fuente de la imagen, Cortesía de Catalina Giraldo y DescLAB
Esta figura jurídica autoriza al paciente a recibir un medicamento y apoyo médico para morir conforme a su voluntad y deseos personales.
A diferencia de la eutanasia –donde es el médico quien administra el fármaco letal– en el suicidio médicamente asistido, es el paciente quien ingiere el medicamento.
Colombia es uno de los países con mayores avances en el reconocimiento del derecho a una muerte digna y en el desarrollo de mecanismos que facilitan el acceso. En 2024, 352 colombianos recibieron eutanasia, cifra que aumenta cada año.
Tanto la eutanasia como el suicidio asistido están despenalizados en Colombia cuando la persona sufre una enfermedad grave e incurable que genera un sufrimiento físico o psicológico incompatible con su concepto de vida digna.
No obstante, a Catalina se le han negado ambas opciones para alcanzar una muerte digna.
Por eso, junto a su abogado Lucas Correa Montoya, enfrenta una batalla legal para convertirse en la primera colombiana que acceda a la asistencia médica al suicidio.
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La búsqueda de Catalina de una muerte digna
En septiembre de 2025, Catalina Giraldo presentó una solicitud de eutanasia ante su EPS (entidad promotora de salud).
«Tras conversarlo con sus médicos y familia, Catalina hizo la primera petición de eutanasia, ya que es el único procedimiento regulado», explica su abogado.
En Colombia, las EPS, ya sean públicas o privadas, se encargan de asegurar a los afiliados y gestionar los recursos. Entre sus responsabilidades está autorizar procedimientos como la eutanasia.
En el caso de Catalina, la EPS rechazó su petición alegando que no padece una enfermedad grave e incurable y que existen tratamientos aún disponibles.
Según su abogado, agotar todas las opciones terapéuticas no es un requisito para acceder a la eutanasia en Colombia.
«Siempre habrá algo más por probar. Siempre se puede intentar una pastilla adicional, un nuevo dosaje o una combinación distinta», añade Correa.
En un documento difundido por Noticias Caracol, Catalina sostiene que sus síntomas no han mejorado a pesar de seguir múltiples tratamientos indicados por sus médicos durante años.
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Tras el rechazo de su EPS, Catalina buscó asesoría legal para presentar una acción de tutela con el fin de defender su derecho a una muerte digna.
De esta manera llegó al bufete de Correa, con amplia experiencia en este campo.
Con su orientación, Catalina emprendió un nuevo camino: solicitar la asistencia médica al suicidio.
Para ella, «es importante, desde el punto de vista de libertad y autonomía, ser quien cause su propia muerte», explica Correa. Esa es la diferencia central con la eutanasia, donde es el médico quien administra el fármaco fatal.
Catalina volvió a pedir a su EPS acceso a la asistencia médica al suicidio, recibiendo una vez más una negativa.
La EPS alegó, entre otros aspectos, que no cuenta con la «facultad legal» para autorizar este procedimiento por la ausencia de «una regulación específica por parte del ministerio de Salud».
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La tensión legal
En una sentencia del 2022, la Corte Constitucional de Colombia determinó que un médico no comete delito alguno al asistir el suicidio de un paciente que sufre un dolor intenso físico o psíquico provocado por una enfermedad grave e incurable, siempre y cuando el paciente haya otorgado su consentimiento libre, informado y consciente.
Sin embargo, la asistencia médica al suicidio aún carece de una regulación específica; esto implica que no hay protocolos claros para que los profesionales de la salud la apliquen.
Esta falta de normatividad es a lo que alude la EPS al afirmar que no está «facultada legalmente».
La responsabilidad de emitir esa reglamentación recae, en principio, sobre el Congreso.
A pesar de que la Corte Constitucional ha insistido en varias ocasiones, el Congreso colombiano no ha aprobado ninguna ley relativa ni a la eutanasia ni a la asistencia médica al suicidio.
En el caso de la eutanasia, el Ministerio de Salud ha emitido resoluciones para cubrir ese vacío, definiendo los lineamientos que deben seguir las entidades de salud; sin embargo, para el suicidio médicamente asistido, esto aún no ocurre.
Esa carencia representa el mayor obstáculo al que se enfrenta Catalina.
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«Es una combinación perfecta de negligencia. El Congreso no legisla, el Ministerio de Salud no actúa, y eso provoca que el sistema de salud carezca de normativas para realizar el procedimiento», comenta Correa.
En noviembre de 2025, Catalina y su abogado presentaron una acción de tutela para reclamar su derecho a una muerte digna.
Este recurso legal permite a los colombianos defender sus derechos ante un juez cuando consideran que están siendo vulnerados.
En esta acción, solicitaron que el juez ordenara a la EPS autorizar la asistencia médica al suicidio y que el Ministerio de Salud y el Congreso promulgaran la normativa necesaria.
El juez rechazó la tutela, argumentando que Catalina no ha agotado vías alternativas para acceder a la muerte digna, específicamente que no ha solicitado la revisión de la negación de eutanasia por un segundo comité médico.
Según el abogado de Catalina, esta decisión es errónea legalmente, dado que ella no está solicitando eutanasia sino asistencia médica al suicidio.
En las próximas semanas, el caso será revisado por la Corte Constitucional, que podría decidir admitirlo para análisis.
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Catalina y su abogado confían en que la Corte seleccione el caso y emita un pronunciamiento de fondo que ordene la reglamentación. Así, los demás actores estarán obligados a cumplirla y se abrirá la posibilidad para que ella sea la primera colombiana en acceder al suicidio médicamente asistido.
«Catalina es consciente de que esta lucha es necesaria para abrir el debate sobre un suicidio seguro, acompañado y protegido», destaca Correa.
En su entrevista con Noticias Caracol, Catalina sostiene que la asistencia médica al suicidio es la vía que encontró para culminar su vida de forma no violenta y con menor impacto emocional para su familia.
«Quizá de esta manera provoque el menor sufrimiento posible. Quizá así ellas puedan acompañarme durante el proceso».
«Las personas terminan con su vida. Aunque nos incomode hablarlo, sucede. Y creo que esta es la forma más amable y amorosa posible».
Finaliza: «Para mí, solicitar el suicidio médicamente asistido es un acto de amor, amor hacia mí misma pero, sobre todo, un acto de amor hacia mi familia».