El PP impondrá a Vox acuerdos con duración de cuatro años y un calendario detallado de reformas para permitir su participación en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón.
Vox plantea asegurar los pactos mediante su firma ante notario y la introducción de posibles sanciones en caso de incumplimiento, buscando así una mayor garantía en los acuerdos.
El PP descartará negociar sobre inmigración, subrayando que es competencia estatal, aceptando únicamente pactos en ámbitos autonómicos como impuestos, vivienda y natalidad.
El calendario político obliga a concretar los pactos antes de finales de abril para evitar comicios anticipados y no interferir en las elecciones andaluzas.
La contundente victoria de Alfonso Fernández Mañueco este domingo en Castilla y León disipa la última incertidumbre del ciclo electoral. Con ello, también llega el momento decisivo para PP y Vox en tres Comunidades Autónomas.
Este lunes, Santiago Abascal confirmó lo que durante meses evitó aclarar: Vox pretende gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Su declaración marca el inicio formal de las negociaciones, que hasta ahora se mantenían en secreto. Sin embargo, los tres presidentes en funciones del PP ya han establecido el coste de la entrada.
Simplemente prometer aprobar los cuatro presupuestos estipulados en el documento marco de Alberto Núñez Feijóo no será suficiente para Vox.
Los tres líderes, María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, exigirán además que las medidas acordadas en las negociaciones se implementarían conforme a un calendario durante la legislatura de cuatro años.
La intención es evitar una ruptura inesperada. En julio de 2024, los tres gobiernos de coalición se disolvieron abruptamente a causa de la crisis de los menores extranjeros no acompañados (menas), situación que impuso Vox.
La garantía que ahora buscan los líderes populares es que el partido de Abascal «no actúe de forma irresponsable nuevamente» y permanezca comprometido durante toda la legislatura.
«Estabilidad y seguridad»
Por su parte, Vox llegará a la mesa con sus propias condiciones para asegurar estabilidad.
Abascal adelantó el lunes que su formación considera mecanismos para «proteger los pactos», entre ellos la posibilidad de firmar los acuerdos ante notario y establecer alguna forma de «penalización» en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes.
La propuesta plantea complejidades jurídicas, pero desde el entorno de los líderes del PP se recibe con enfoque pragmático: «Si esto aporta seguridad y garantiza estabilidad, lo valoraremos». La prioridad es que los acuerdos resistan el periodo completo de cuatro años.
No obstante, el PP fija una línea roja: cualquier propuesta que no respete el marco competencial de las comunidades autónomas será automáticamente descartada.
El documento marco elaborado por Génova lo establece claramente: los acuerdos solo podrán tratar temas delegados a las Comunidades Autónomas. Esta condición tiene una consecuencia directa en una de las prioridades innegociables de Vox: la política migratoria.
Aunque Abascal haya puesto esta cuestión como eje central de sus negociaciones, al PP les recordarán que las autonomías solo cuentan con competencias asistenciales en esta materia.
La inmigración, el asilo, extranjería y control de fronteras «son funciones del Gobierno de España», concluyen fuentes populares. Este argumento no está sujeto a discusión.
Impuestos, seguridad, vivienda…
Donde sí existen posibilidades es en los ámbitos que los programas de ambas formaciones coinciden.
Por ejemplo: la reducción de impuestos autonómicos, agilización administrativa, seguridad ciudadana, políticas relacionadas con vivienda y defensa de la natalidad y la familia.
En estas áreas, como Feijóo aclaró el lunes, «no existen objeciones esenciales», y el PP está dispuesto a ampliar su oferta programática, aunque sin contradecir sus principios.
Asimismo, desde los equipos de Guardiola y Azcón subrayan: «Las ideas que han triunfado electoralmente son las nuestras». Las demás materias, las que no se encuentran en ese ámbito de acuerdo, no serán cedidas. No habrá entregas ideológicas a cambio de estabilidad matemática.
De hecho, tanto Mañueco como Azcón reiteraron este lunes, pese a las declaraciones de Abascal, que su opción preferida sigue siendo gobernar sin coalición.
«Por experiencia», afirmaron en diálogo con este medio, «hemos gestionado tanto con ellos como sin ellos, y la Administración funciona mejor cuando hay un acuerdo de legislatura que nos responsabilice desde las Cortes, en lugar de lidiar con las disfunciones cotidianas de tener dos equipos distintos dentro del Ejecutivo».
No es una cuestión de principios, aclaran sus entornos. Se trata de una postura práctica y, si desean cargos, eso no representará un obstáculo. Gobernar en minoría con apoyo externo es políticamente más incómodo, pero más efectivo en la gestión diaria, sostienen.
Parón por CyL
Mientras tanto, las negociaciones en Extremadura y Aragón permanecen prácticamente paralizadas durante semanas debido al 15-M.
La precampaña y campaña de Castilla y León acapararon toda la energía política del bloque centroderechista y sirvieron como justificación para posponer asuntos pendientes.
«No hemos estado completamente inactivos, ha habido contactos telefónicos e intercambio de ideas«, explicó una fuente cercana a la presidenta extremeña en funciones. «Pero el proceso se estancó… entre otras razones, porque nuestro acuerdo estaba casi cerrado, aunque a ellos, por motivos desconocidos, no les convenía hacerlo público».
El reinicio de las negociaciones tiene un plazo muy ajustado. Y en Castilla y León hay una fecha que ordena todo: el 14 de abril, cuando deben constituirse las nuevas Cortes y elegir su Mesa.
El entorno de Mañueco quiere llegar a ese día con las conversaciones programáticas adelantadas y con la negociación ya en el reparto de cargos, que Vox demanda.
«Entre otros aspectos, para conocer qué puesto exige Vox en la Mesa«, detallan fuentes cercanas al presidente de Castilla y León.
Porque desde esa fecha, el cronómetro avanza rápidamente. El presidente de las Cortes dispondrá de solo 15 días para presentar un candidato a la investidura, y ese candidato será necesariamente Mañueco. El plazo culmina el 29 de abril.
El puente de mayo
Esta fecha es clave porque coincide con el tope final para nombrar presidentes en Mérida y Zaragoza. Los estatutos de Extremadura y Aragón contemplan que si antes del 3 de mayo no hay presidentes investidos, las cámaras se disuelven automáticamente y se convocan elecciones anticipadas.
Sin embargo, el 3 de mayo cae en domingo. Y el 1 de mayo es el Día del Trabajador… el puente de mayo.
Por lo tanto, el jueves 30 de abril se considera, en la práctica, el último día hábil. Para garantizar margen suficiente –por si se requiere una segunda votación por imprevistos–, los plenos de investidura en ambas cámaras deberían celebrarse a partir del lunes 27 de abril.
Con la Semana Santa en medio, eso deja poco más de cuatro semanas reales para negociar en las tres regiones.
Andalucía en el horizonte
Esto implica que la urgencia no es solo la voluntad manifestada de Abascal para acelerar los pactos. Tampoco es solo el documento marco del PP que orienta las conversaciones. En realidad, la situación impone un ritmo propio.
Existe además una razón adicional que nadie quiere obviar. En abril, Juanma Moreno debe disolver el Parlamento andaluz, ya que se cumple la legislatura. Lo hará el 7 de abril si las elecciones se fijan el 31 de mayo, o el 21 de abril si la cita electoral se adelanta al 14 de junio.
Estas son las dos únicas alternativas que maneja el PP andaluz. Y ni en el PP ni en Vox quieren llegar a estas fechas con los tres gobiernos autonómicos sin definir. Tener Andalucía en campaña mientras Extremadura, Aragón y Castilla y León permanecen bloqueados sería un escenario desfavorable para ambos partidos.
El PP quiere aprovechar su fortaleza electoral, demostrada en esta carrera autonómica. Los resultados fortalecen a Feijóo en estas negociaciones.
Desde la llegada del político gallego a la presidencia del partido en abril de 2022, el PP ha mejorado en 19 de las 21 elecciones autonómicas celebradas. Y ha ganado 15 de ellas. También obtuvo la victoria en las municipales de 2023, así como en las generales y europeas de 2024.
«Esta Dirección Nacional nunca se ha planteado objetivos modestos y no empezará a hacerlo ahora», reiteran en Génova. Fue con esa determinación que se sentarán a negociar. El PP busca acuerdos «prontos», pero ante todo, «solventes y con garantías».