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- Autor, Guy Hedgecoe
- Título del autor, Business reporter
- Informa desde, Madrid
- 12 minutos
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Diana salió de Perú hace dos años para buscar estabilidad en lo económico y profesional en Europa.
Sin embargo, como migrante sin papeles en España, se ha enfrentado a numerosas dificultades. Su aspiración de trabajar en el sector turístico no se ha cumplido; en cambio, depende de empleos esporádicos.
"Trabajar sin documentación es complicado porque los empleadores pueden prometer una cosa y luego exigir otra. A veces pagan menos de lo acordado, lo que complica aún más la situación", comenta.
"Es una experiencia estresante; puedes ser explotado y terminar no solo sin dinero, sino también enfermo y solo."
El acceso a servicios bancarios y al sector inmobiliario —actualmente afectado por una crisis debido a la subida acelerada del precio de los alquileres— está muy limitado para quienes no pueden mostrar sus documentos de residencia a los arrendadores.
No obstante, el reciente anuncio del gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, acerca de una ley para legalizar al menos a medio millón de personas ha renovado la esperanza de Diana y muchos otros.
"Nos beneficiará en todos los aspectos. Además, será positivo para el gobierno porque estos inmigrantes pagarán impuestos, aportarán ingresos, podrán invertir y emprender", expresa Diana.
La normativa otorgará a los extranjeros un visado de residencia de un año, con posibilidad de renovación, y las solicitudes estarán abiertas desde comienzos de abril hasta finales de junio. Los solicitantes deberán probar una estancia mínima de cinco meses en España hasta el 31 de diciembre de 2025 y no contar con antecedentes penales.
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Un apoyo para la economía española
Las cifras sobre los beneficiarios del programa varían, desde la cifra oficial de 500.000 hasta un informe filtrado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) que estima entre 750.000 y 1,1 millones de personas.
El gobierno de coalición socialista argumenta motivaciones humanitarias, y Sánchez ha calificado a los migrantes como individuos "que han contribuido al progreso del país junto a nosotros".
De todas formas, es una acción pragmática para una nación cuya tasa de desempleo toca mínimos de 18 años y cuya economía creció cerca de un 3% el año pasado, comparable a la suma del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia.
"Los trabajadores extranjeros desempeñan un papel crucial en el éxito económico de España: en su crecimiento del PIB y en un mercado laboral sólido y resiliente", señaló a BBC News Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración. Destaca que, de los 22 millones de empleados registrados, un 14,1% son extranjeros.
"Desde 2022, la mitad del crecimiento económico en España ha sido impulsado por trabajadores inmigrantes", añade Saiz.
"Esto involucra valores, derechos humanos, y también reconocer los desafíos que enfrentamos, mientras nuestra gestión económica da resultados", afirma la ministra.
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Un análisis del Banco Central de España en 2024 coincide con el argumento gubernamental: calcula que el país requerirá alrededor de 25 millones de migrantes en las próximas tres décadas para sostener la economía y el sistema de protección social.
Los inmigrantes, formalizados o indocumentados, están muy presentes en sectores como el cuidado de personas mayores y la hostelería.
Muchos otros laboran en la agricultura, con más de 250.000 trabajadores extranjeros registrados oficialmente en este sector, según datos estatales, además de miles sin documentación.
Las regiones que más aportan mano de obra son Norte de África, Europa del Este y Latinoamérica.
"Sin trabajadores inmigrantes, sería un problema para nosotros", comenta Francisco José García Navarrete, representante de ASAJA en Madrid. Añade que su organización apoya la regularización del gobierno, aunque le preocupa cómo se llevará a cabo.
"Respaldamos esta iniciativa siempre que la legalización de los inmigrantes conduzca a contratos estables y duraderos en el campo", concluye.
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La CEOE, principal patronal empresarial, ha manifestado también su sólido respaldo a la iniciativa, manifestando que una inmigración "ordenada" es necesaria. No obstante, se muestra inquieta por que el gobierno haya optado por un decreto para implementar la regularización, evitando un voto parlamentario.
La medida fue aprobada mediante un Real Decreto, es decir, iniciada por el Ejecutivo sin pasar por el Congreso, donde el gobierno y sus aliados enfrentan dificultades para lograr mayoría debido a la oposición del Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha).
Este decreto retoma una iniciativa legislativa popular que alcanzó el Congreso con más de 600.000 firmas y superó una primera fase con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, en abril de 2024; sin embargo, permaneció bloqueada por la falta de consenso.
En el clima político español, marcado por la polarización, la propuesta confronta críticas duras, intensificando el debate entre izquierda y derecha sobre la inmigración.
"La regularización masiva revela la ausencia de una política de inmigración efectiva", declaró Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
"España registra el mayor incremento de inmigración irregular en la Unión Europea durante los últimos dos años", afirmó, estimando que las solicitudes al programa serán cercanas "más al millón que a 500.000".
El partido Vox advirtió que la iniciativa generará un efecto "llamada", y su líder Santiago Abascal afirmó: "Esta regularización de medio millón de migrantes incentivará la llegada de millones más, agravando la crisis en sanidad, vivienda y seguridad".
El gobierno sostiene que, al establecer un periodo límite para la regularización, no existe riesgo de efecto llamada.
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No es la primera ocasión en que España adopta una medida de esta naturaleza, implementada tanto por gobiernos de izquierda como de derecha.
Por ejemplo, durante el mandato de José María Aznar del PP, se formalizó la situación de más de medio millón de inmigrantes entre 2000 y 2001; posteriormente, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó a otros 577.000 en 2005.
Sin embargo, el contexto actual difiere, ya que la mayoría de países europeos están endureciendo sus políticas migratorias. Francia y Alemania han reforzado los requisitos para residencias, mientras que Italia emplea buques militares para detener la llegada de inmigrantes.
En Reino Unido, uno de los pocos países vecinos con un gobierno de centroizquierda, reducir la inmigración es una prioridad gubernamental.
En este escenario, la Comisión Europea ha expresado advertencias sobre la medida española, resaltando la necesidad de evitar que los migrantes usen este permiso para residir ilegalmente en otros países.
"Conseguir un permiso de residencia en la Unión Europea no equivale a un cheque en blanco", afirmó Magnus Brunner, comisario de Asuntos Internos y Migración, ante el Parlamento Europeo durante el debate sobre esta iniciativa.
"Cada Estado debe impedir decisiones que perjudiquen a otros miembros".
"Esto me permitirá trabajar"
En las pequeñas oficinas madrileñas de Aculco, una organización que brinda asesoría legal y laboral a inmigrantes, un grupo de extranjeros asiste a un taller sobre cómo tramitar la residencia.
Manuel, un peruano que planea pedir la regularización, forma parte del grupo. Trabajaba en el cuidado de personas mayores, pero perdió su empleo tras el rechazo de su solicitud de asilo y actualmente vive de sus ahorros.
"Las empresas no quieren contratar a quienes no tienen residencia y, si lo hacen, pagan menos del salario mínimo", comenta. La regularización, añade, "me permitirá trabajar y cotizar a la seguridad social".
"Esto cambiará la vida de muchas personas", dice Pilar Rodríguez, abogada especialista en inmigración y responsable del taller.
"Esta medida es fundamental para España porque permitirá que muchas personas salgan adelante y su cotización a la seguridad social beneficiará también a los españoles".
Con información adicional de Alicia Hernández.