El partido de Abascal, desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, aprobó una reducción en la rigidez del control de la tuberculosis bovina que, posteriormente, la Justicia anuló por contravenir la normativa europea.
«Es necesario flexibilizar el saneamiento ganadero. Apoyamos al sector rural, respaldamos la competitividad de las actividades agrarias y defendemos siempre sus intereses». Estas fueron algunas de las declaraciones que Alberto Núñez Feijóo pronunció en el mitin inicial de la campaña electoral de Castilla y León, justo hace dos semanas. Su intervención tuvo lugar en Ciudad Rodrigo, Salamanca, la provincia española con la mayor cantidad de ganado vacuno y, al mismo tiempo, la región con mayor incidencia de tuberculosis bovina. El compromiso expresado por Feijóo respecto a los protocolos de saneamiento era solo uno más dentro de una extensa lista de promesas en ese comienzo de campaña. Sin embargo, esta medida resonaba de forma especial porque atendía una de las demandas principales de los ganaderos salmantinos y porque en la legislatura anterior ya se intentó implementar una flexibilización, que terminó en fracaso y provocó un bloqueo temporal en el traslado del ganado en Castilla y León.
El 15 de mayo de 2023, la Consejería de Agricultura y Ganadería de esta comunidad, entonces gestionada por Vox, emitió una resolución que relajaba los criterios de los programas de control y erradicación de la tuberculosis bovina. «Pretendieron introducir una normativa más permisiva, cosa que pedíamos», rememora Juan Luis Delgado, ganadero de Salamanca. Aun así, apunta que varios puntos del reglamento «no se ajustaban ni a la legislación europea ni a la nacional».
Solo dos semanas después, el Ministerio de Agricultura dictó una orden que dejó sin validez la norma de la Junta. Además, presentó un recurso ante la Justicia, y mientras se esperaba su resolución, restringió el movimiento del ganado bovino en Castilla y León «para proteger el estado sanitario del ganado español y comunitario». El ganadero Fabio Hernández-Ozamiz recuerda cómo «se paralizó todo, tanto ventas como operaciones», durante varios días, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspendió la aplicación de la orden autonómica. «La intención era positiva, pero los resultados posteriores fueron negativos», comenta Fernando Corrionero, ganadero de Sieteiglesias de Tormes (Salamanca, 193 vecinos).
La legislación retornó a su estado inicial y permanece igual hasta la fecha, a casi tres años y con nuevas elecciones autonómicas a la vista, que podrían otorgar nuevamente a Vox influencia en la Junta. Asimismo, Juan Luis, Fabio y Fernando siguen en la misma situación. Juan Luis recibió a EL MUNDO en Fuentes de Masueco, un pequeño municipio salmantino cercano a Portugal, donde, según comenta, residen en invierno apenas 15 habitantes. A tres minutos en coche se encuentra una de las fincas donde cría ganado, a la que acude temprano para alimentar a las 40 vacas que posee allí. Después se dirige al cebadero para recibir la paja transportada. A lo largo de la jornada debe alimentar el ganado en otras fincas cercanas, revisar la maquinaria, realizar cálculos y trámites administrativos… Una rutina diaria que adapta según las múltiples variables que pueden alterar sus planes en el campo. Una de las situaciones más disruptivas ha sido cuando alguno de sus animales da un resultado positivo en el control de tuberculosis, algo que le sucedió hace poco.
La parte oeste de Salamanca, área donde se encuentran las explotaciones de Juan Luis, es la que registra la mayor incidencia de esta enfermedad. Esto implica que las inspecciones son más frecuentes y que, en caso de resultado positivo, el protocolo es más riguroso. Además de sacrificar la vaca que mostró reacción, el resto del ganado se considera un «núcleo infectado», por así decirlo. Esto implica que durante dos años estarán sometidos a controles adicionales y no podrán venderse de forma habitual, sino únicamente para «cebaderos sucios», mercados donde el precio por los terneros es más bajo, es decir, «pierden valor».
«Actualmente es mi mayor preocupación, junto a la dermatosis y las enfermedades emergentes», afirma Fabio, cuyo ganado está ubicado a 125 kilómetros de Juan Luis, en Anaya de Alba (190 habitantes). La situación respecto a la prevalencia de tuberculosis bovina en esta zona es muy diferente —su último caso fue en 2022— por lo que su petición de flexibilizar la normativa gana peso. El protocolo vigente «ha funcionado», reconoce, pues «partíamos de una situación complicada», con niveles más altos de tuberculosis bovina. Fabio subraya que el sector no se opone a los controles y apunta que los ganaderos están muy interesados en erradicar la enfermedad: «Para mí es fundamental mantener un estatus sanitario sólido porque mis animales alcanzan mayor valor económico. Sin ello, no tienen valor». No obstante, reclama adaptar la regulación a la realidad actual, flexibilizando los límites para la movilidad del ganado. «Hay que abrir las ventanas para que circule el aire».
Vox lo intentó durante su gestión en la Junta, pero se topó con la normativa establecida en organismos superiores. Los ganaderos reconocen que la capacidad de maniobra del gobierno regional es limitada. «Disponen de un margen para aplicarlas», explica Fernando, aunque consciente de la situación, dirige sus demandan a los representantes políticos en instancias superiores. «Cuando vayan a Europa, que no acepten todo sin más», reclama, y añade: «Deben ser conscientes de la realidad social del sector antes de aprobar una norma». «Las administraciones nos atienden poco y mal. Elaboran o trasponen leyes que, si bien pueden funcionar en Alemania o Francia, no se ajustan a la realidad ganadera española», resume, opinión compartida por sus colegas.
El sector agropecuario es uno de los que focalizan la atención de los partidos en esta carrera electoral. Sin embargo, los ganaderos muestran escaso crédito hacia ellos. «Que no se acuerden de nosotros solo en épocas electorales, porque estamos agotados», declara Fabio, agregando: «No me importa la ideología». Sobre si se han sentido escuchados por las autoridades, responde: «Por la Junta, nada, y por el Gobierno, tampoco». Reconoce que durante la etapa de Vox en el poder autonómico hubo más «intenciones», aunque sin lograr avances legislativos efectivos en el control de la tuberculosis. «Espero que hayan aprendido la lección», sugiere ante la posibilidad de que el partido de Santiago Abascal recupere poder, anticipando que podría captar cierto «voto de castigo al PP» del sector ganadero en los comicios del domingo.
La flexibilización del control de la tuberculosis demandada depende en gran medida de la legislación europea, al igual que ocurre con muchos otros aspectos que afectan la labor diaria de los ganaderos. En este sentido, todos apuntan al acuerdo con Mercosur. «No se puede afirmar que se aplican medidas contra la despoblación mientras se apoya una de las mayores causas de despoblar el campo, como fue votar a favor de Mercosur», valora Fernando, que coincide en que esto podría perjudicar al PP en favor de Vox en las urnas. El sector reclama, por ejemplo, que se exijan controles sanitarios equivalentes en los países importadores de carne, una postura defendida en campaña por ambos partidos de derecha.
Fernando, además de ganadero, es agricultor. Define la situación del sector como «complicada», de cara a la jornada decisiva de este domingo que definirá el rumbo de la comunidad. Cuentan que la ganadería atraviesa ahora un período favorable, con precios de venta de las vacas que casi se han duplicado respecto a hace tres años, cuando se inició la crisis generada por la regulación de la tuberculosis. Sin embargo, la agricultura enfrenta «dos años muy malos». «Los precios están muy bajos», lamenta Fernando, desde el terreno donde tiene siete novillas, a pocos metros de su pueblo, y denuncia la vulnerabilidad que sienten: «Somos un sector cuyo precio, tanto para comprar como para vender, nos lo imponen».
El sector primario votará este domingo en un ambiente cargado de incertidumbre. La ganadería resultó especialmente afectada por las consecuencias de la guerra en Ucrania y ahora teme el impacto del conflicto en Oriente Medio, mientras Vox evita criticar la actuación de Donald Trump. «Ayer ya bajaron los precios en la lonja de carne y subió el cereal. Y el gasoil, ni qué decir».