«Cuando no hay interferencias ni ruido, los consensos se logran en Extremadura», resaltan desde la formación de Abascal
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó en una sesión extraordinaria celebrada este viernes un decreto-ley acordado conjuntamente con Vox para modificar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con la finalidad de adaptar la situación de un gobierno en funciones a las «necesidades reales» de la población extremeña. Este representa el primer acercamiento y pacto específico entre ambos grupos no solo desde las elecciones del 21 de diciembre pasado, sino también en varios años, puesto que las dos últimas propuestas presupuestarias autonómicas tampoco fueron aprobadas por estas formaciones.
El propio líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, destacó que este acuerdo aprobado hoy puede marcar un punto de inflexión para futuras negociaciones y la posibilidad de un pacto de gobierno en Extremadura: «Este acuerdo demuestra que logrando un trabajo serio, sin interferencias ni ruido político, es factible alcanzar pactos provechosos para Extremadura». Añadió que existe entre ambas formaciones «un intercambio constante de documentación y un trabajo discreto y continuo». Fernández Calle resaltó la relevancia de preservar «la discreción que su partido exigió desde el comienzo de las conversaciones, evitando en todo momento filtrar detalles sobre las negociaciones a los medios». Asimismo, afirmó que «la prioridad de Vox es conseguir un acuerdo de gobernabilidad que efectivamente represente un cambio en Extremadura».
Esto indica que existe un diálogo real y discreto para alcanzar un posible pacto, algo que no sucedió desde la noche electoral, ya que durante ese período sólo se realizaron tres reuniones breves sin avances, en un entorno marcado por acusaciones públicas en la prensa y redes sociales. Tras el fracaso de la primera votación de investidura de María Guardiola, se abrió un plazo de dos meses (quedando siete semanas) para evitar que los extremeños deban regresar nuevamente a las urnas.
No obstante, el acuerdo de hoy podría inaugurar una etapa nueva, «con precaución», según fuentes consultadas. El objetivo del pacto es garantizar «el funcionamiento y prestación de los servicios públicos, evitando a su vez la paralización administrativa».
La Junta, mediante nota de prensa, ha informado que esta normativa ha sido acordada con el Grupo Parlamentario Vox bajo una «voluntad de entendimiento» y una «búsqueda de soluciones concretas» para Extremadura por ambas partes.
«El decreto-ley se basa en un principio claro: un Gobierno en funciones debe actuar con cautela y abstenerse de tomar decisiones que condicionen políticamente al próximo Ejecutivo, pero esto no debe traducirse en una Administración paralizada ni dificultar la atención a la ciudadanía», afirmó el Ejecutivo regional.
Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Óscar Fernández Calle, destacó que la finalidad es «asegurar el correcto funcionamiento ordinario de la Administración autonómica y evitar que la interinidad política perjudique a los ciudadanos extremeños, permitiendo que la Junta continúe desarrollando las actuaciones administrativas necesarias sin que se produzca una paralización en la región».
Fernández Calle explicó que la regulación vigente era «demasiado restrictiva, más que la normativa estatal o la de otras comunidades autónomas, dificultando la gestión común de la Administración y afectando aspectos esenciales para la vida diaria de los extremeños».
Expedientes administrativos
De acuerdo con Vox, con este decreto-ley se facilita la tramitación de expedientes administrativos, la firma de convenios, la gestión de fondos públicos, la ejecución de ayudas y subvenciones, así como la continuidad de procesos en la función pública, «evitando que la interinidad bloquee el desarrollo de actuaciones necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos».
Entre otras cosas, se destaca que la norma asegura la ejecución de fondos finalistas y la continuidad de ayudas destinadas a entidades que desempeñan actividades de interés general, además de mantener procesos administrativos previamente comprometidos, como la convocatoria prevista para el acceso al Cuerpo de Maestros.
Consultado sobre la evolución de las negociaciones para un posible pacto de gobierno entre Vox y el Partido Popular, Fernández Calle evitó entrar en detalles y reiteró que su formación mantiene una postura de responsabilidad y cautela, limitándose a expresar que espera que la administración regional «siga operando y que los servicios públicos no se vean afectados por la situación política, lo que evidencia que cuando se busca el interés general de Extremadura, es factible alcanzar acuerdos».