El presidente de la Federación Argentina de Fútbol enfrenta el riesgo de viajar a España y ser detenido por la vinculación con las empresas españolas que forman parte de las sociedades pantalla implicadas en la trama corrupta.
Más información: ‘AFAGate’, la red que movió cerca de 400 M$ mediante sociedades pantalla en EEUU y España, lucrándose con el éxito de la Argentina de Messi
Claudio ‘Chiqui’ Tapia abandonó el viernes 13 de marzo los Tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, tras declarar ante el juez Diego Amarante por la presunta retención ilegal de impuestos y aportes provisionales.
Al salir, se encontró con micrófonos que le preguntaron sobre la Finalissima. Su respuesta fue contundente: «España desea que se juegue en España y yo quiero que sea en el Monumental«.
Esa frase, pronunciada por un dirigente en dificultades, oculta una cuestión mucho más profunda que un simple debate sobre la localía. Detrás de la negativa de Tapia al Santiago Bernabéu se encuentra el mayor escándalo en la historia del fútbol: el AFAGate.
El AFAGate constituye el mayor caso de corrupción en el fútbol argentino. Se trata de un entramado de desvío de fondos que habría canalizado aproximadamente 400 millones de dólares en ingresos internacionales de la selección argentina a través de empresas intermediarias.
El dinero que debía destinarse a los clubes y al desarrollo del fútbol argentino, según las evidencias recogidas, terminó en sociedades pantalla localizadas en Florida, intermediarias en Madrid y Almería, una financiera en Uruguay, cuevas financieras en Buenos Aires, vuelos privados, una mansión con zoológico privado y una flota de más de 50 autos de alta gama.
Las principales figuras implicadas son Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, ambos convocados para declarar ante la justicia federal argentina por presuntos delitos de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal, y con restricción de salida del país.
La conexión española que preocupa a Tapia
Es en este punto donde la Finalissima y el AFAGate se entrelazan. El esquema corrupto incluye una rama española debidamente documentada. La entidad clave en España es Odeoma Gestión SL, ubicada en el Paseo de la Castellana de Madrid, que facturaba a la AFA servicios de «consultoría logística», reteniendo un 30% de comisión y gestionando pagos a las sociedades pantalla en Miami.
Esta empresa habría recibido transferencias por más de 5 millones de euros relacionadas con la red. A 550 kilómetros de Madrid, en Roquetas de Mar, una compañía llamada Reach Consulting SL — formalmente dedicada a «peluquería y otros tratamientos de belleza» — también facturaba a la AFA servicios de consultoría financiera.
Estas sociedades, junto a Waterhouse Cuper SL y Katla Estrategia SL, están identificadas como partes esenciales del entramado y el juez argentino Luis Armella ya ordenó el bloqueo de las cuentas de Odeoma.
Aunque la justicia española aún no ha iniciado una investigación formal, el principal denunciante del caso, Tofoni, confirmó que se está considerando emprender acciones legales en Europa: «Hay dinero que fue a Italia, otro a Inglaterra y también a España. El caso tiene múltiples ramificaciones».
Desde el ángulo deportivo, el argumento de la AFA sobre la sede de la Finalissima — que jugar en el Bernabéu implicaría perder la localía frente a España — es válido y coherente.
No obstante, existe un trasfondo adicional que explica mejor la postura. Tapia tiene prohibida la salida del país y, aunque ha solicitado autorización judicial para viajar a países como Colombia, Brasil o Paraguay, la situación en España es muy diferente.
En España operan empresas que están directamente vinculadas con la red de corrupción investigada: las sociedades pantalla que, según la pesquisa, canalizaron millones de dólares provenientes de la AFA. Un viaje a Madrid podría facilitar que la justicia española, al detectar indicios de lavado de dinero en su territorio, tome medidas al respecto.
La investigación se está desarrollando simultáneamente en cuatro jurisdicciones: Argentina, Estados Unidos — donde el sistema financiero fue utilizado por la trama, abriendo la puerta a posibles responsabilidades similares al FIFAGate —, Uruguay — con transferencias por 140 millones de dólares hacia una financiera en Montevideo — y la posible implicación de España.
Chiqui Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Para Tapia, viajar a Madrid representa más que una cuestión de localía deportiva. Constituye un riesgo directo de detención en el país donde funcionan algunas de las empresas involucradas en su caso.
La UEFA respalda el Bernabéu. La RFEF ya dio su aprobación. El Real Madrid también lo ha avalado. Sin embargo, a medida que se acerca el 27 de marzo, ‘Chiqui’ Tapia continúa solicitando el Monumental. Detrás de la discusión sobre la sede de la Finalissima no solo existe un choque entre confederaciones: está la presión judicial sobre un dirigente que ve a España como el destino menos deseado para viajar.