El alcalde de Algeciras interpone una demanda contra María Jesús Montero por 200.000 euros alegando injurias y calumnias tras asegurar que fue condenado

Landaluce, durante un Pleno en el Ayuntamiento de Algeciras.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reclama 200.000 euros a María Jesús Montero por un delito de injurias y calumnias.

Landaluce exige además una retractación pública junto con la suspensión de declaraciones por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno.

La demanda se origina tras unas afirmaciones de Montero que, según Landaluce, le atribuyeron erróneamente una condena e investigación por violencia de género.

La defensa del alcalde señala que la denuncia fue archivada por la fiscalía del Tribunal Supremo y que su origen provino de una publicación difundida por integrantes del PSOE.

200.000 euros. Esa es la cifra que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reclama a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por un presunto delito de «injurias y calumnias».

El primer edil ha presentado una demanda de conciliación previa antes de la interposición de una querella. En ella se solicita, además del importe reclamado, una retractación pública y el cese de sus manifestaciones.

La acción legal surge a raíz de unas declaraciones emitidas por Montero el pasado 13 de enero durante un acto del PSOE, donde «imputó falsamente a Landaluce haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género».

También se consideran motivo de la demanda las declaraciones posteriores en las que reiteró referencias a dicha denuncia.

La defensa sostiene que se omitió de forma intencionada que la denuncia fue presentada por «compañeras del PSOE que replicaron publicaciones de Alvise Pérez en redes sociales» y que fue archivada por la fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año.

Por otro lado, tras el archivo de la querella contra la portavoz del PSOE en Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, se indica que se emprenderán acciones civiles para la protección del honor conforme a lo establecido en la LO 1/1982, de 5 de mayo.

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