El PP ha presentado en el Senado una enmienda destinada a incrementar las plazas de fiscales de adscripción territorial, no limitándose solo a jueces, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante la delincuencia reincidente.
Esta enmienda establece que, en un plazo de dos años, se deberá aumentar el número de fiscalías de área, provinciales y autonómicas con un mínimo de un fiscal por cada 100.000 habitantes, dando prioridad a las zonas con menor ratio.
Además, el PP propone requisitos más estrictos para la obtención del permiso de residencia para extranjeros, requiriendo la ausencia de antecedentes penales, y endurece las sanciones contra actividades de apoyo logístico al narcotráfico.
Vox ha logrado incluir en el dictamen la obligación de firmar acuerdos internacionales para que la expulsión de delincuentes reincidentes implique el cumplimiento de las condenas en sus países de origen.
La Comisión de Justicia del Senado aprobó este martes el dictamen de la reforma penal promovida por Junts para incrementar las penas a la multirreincidencia, en una sesión en la que PP y Vox introdujeron varias modificaciones relacionadas con la regularización masiva de migrantes.
Los populares han avanzado además en su agenda de seguridad y endurecimiento penal mediante la presentación de una enmienda para ampliar las plazas de fiscales de adscripción territorial, y no solo las de jueces.
Con ello, el PP busca que el refuerzo de la Administración de Justicia se distribuya de forma más equilibrada, no focalizándose exclusivamente en la judicatura, sino también en el Ministerio Fiscal, al que consideran fundamental en la lucha contra la delincuencia reiterada.
Específicamente, la enmienda presentada por el PP establece un plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley para incrementar las fiscalías de área, provinciales y autonómicas con al menos un fiscal por cada cien mil habitantes o fracción superior a cincuenta mil, priorizando aquellas con menores ratios.
De este modo, los populares defienden “garantizar la lucha contra la criminalidad reincidente” y cubrir las demandas de la Administración de Justicia.
Ausencia de antecedentes penales
Además del aumento de plazas para fiscales de adscripción territorial, el PP acompaña esta propuesta con otras modificaciones legales, como el endurecimiento de los requisitos para obtener el permiso de residencia de extranjeros y nuevas penas contra conductas relacionadas con el narcotráfico, en particular el denominado petaqueo, que consiste en el suministro de combustible y materiales a las redes criminales.
Los ‘populares’ han aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para incluir una enmienda que pretende impedir que migrantes con antecedentes policiales se beneficien de la reciente regularización masiva aprobada por el Gobierno.
Una de las enmiendas del PP, incorporada al texto, modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –conocida como Ley de Extranjería– añadiendo un nuevo artículo con el «objetivo de reforzar las garantías frente a la impunidad y la seguridad en España».
El PP sostiene que «la multirreincidencia no puede combatirse eficazmente si la normativa permite que personas con antecedentes penales relevantes, ya sea obtenidos en otros Estados o no verificados adecuadamente, obtengan o mantengan autorizaciones de residencia sin un control efectivo».
Por ello, plantea que todas las autorizaciones de residencia requieran que el solicitante carezca de antecedentes penales y que no sea sujeto de procesos penales suficientes en España o en anteriores países de residencia por delitos reconocidos en el ordenamiento español.
Asimismo, los ‘populares’ proponen denegar la solicitud de estancia o residencia cuando el solicitante haya sido condenado en firme como reincidente, y que para evaluar una posible amenaza al orden público o a la seguridad ciudadana, la Administración recabe informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Finalmente, añaden que los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados por las causas mencionadas no se suspenderán bajo ningún concepto por una solicitud de estancia o residencia.
Las propuestas de Vox
En cuanto a Vox, proponían una modificación del régimen de sustitución de penas por expulsión aplicable a ciudadanos extranjeros, aunque esta enmienda fue rechazada en la Comisión de Justicia y será debatida nuevamente en el Pleno.
Sin embargo, Vox logró incluir en el dictamen una enmienda que establece que, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno «deberá suscribir acuerdos multilaterales y bilaterales con otros Estados, y fomentar la aprobación de normas en la Unión Europea, para que la expulsión de delincuentes reincidentes del territorio español y su entrega a jurisdicciones extranjeras implique el cumplimiento en dichos países de las penas impuestas por tribunales españoles».
El ‘petaqueo’
Durante su tramitación en el Congreso, PP, PNV y Junts acordaron una enmienda ‘in voce’ que establece penas de prisión de uno a cinco años para el denominado ‘petaqueo‘, que consiste en la reducción del apoyo logístico a las narcolanchas al penalizar «la adquisición, posesión, depósito, almacenamiento, transporte o suministro, con clara temeridad, de cualquier tipo de combustible líquido» en violación de leyes u otras normas generales.
El PP también ha incorporado una enmienda relacionada con este tema, además de otra para ampliar las plantillas de fiscales, aunque el PSOE introdujo una modificación para incluir un subtipo agravado de defraudación de fluido eléctrico con el fin de aumentar las penas en los casos vinculados a cultivos ‘indoor’ de marihuana, donde el fraude de suministro eléctrico es frecuente.
Por su parte, Coalición Canaria (CC) presentó una enmienda aprovechando la tramitación de esta ley para otorgar mayores competencias al Cuerpo de Policía Canaria, aunque finalmente fue rechazada por la Mesa del Senado.
Con todas estas reformas, la ley de multirreincidencia promovida por Junts continúa su trámite en el Senado y pasará al Pleno de la Cámara Alta para que se pronuncie sobre las enmiendas que han sido rechazadas en la Comisión.
Al haberse incorporado ya varias modificaciones en el Senado, esta norma deberá regresar al Congreso de los Diputados para ratificar o rechazar las enmiendas introducidas en la Cámara Alta.