El Gobierno ha implementado el ‘buzón del becario’, una plataforma anónima para que los jóvenes puedan reportar abusos sufridos durante sus prácticas.
Este sistema solicita completar un cuestionario detallado acerca de la vivencia, incluyendo aspectos como tutores, retribución y si había antecedentes de otros becarios en la posición.
Las denuncias son gestionadas por el Instituto de la Juventud, responsable de remitir la información a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Aunque el nuevo Estatuto del Becario aún no ha entrado en vigor, las irregularidades detectadas pueden ser sancionadas conforme a la legislación vigente.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha activado esta semana el «buzón del becario», un recurso que permite a los jóvenes presentar denuncias anónimas sobre posibles irregularidades detectadas en sus prácticas.
Previo a la presentación de quejas, el sistema exige responder un cuestionario que posibilita detallar la experiencia del estudiante en la entidad donde realizó la práctica.
Las preguntas están diseñadas para recopilar información objetiva junto con testimonios personales que faciliten la identificación de abusos potenciales y sirvan como base para futuras denuncias.
Al iniciar el cuestionario, se solicita información básica, como el nombre de la empresa, duración y año de las prácticas, así como si estas forman parte obligatoria del plan formativo o son voluntarias.
También se indaga sobre el proceso de selección y si la formación teórica adquirida se aplicó durante la experiencia, contemplando los cursos inscritos y los «centros formativos implicados».
Ejemplos de preguntas del cuestionario
- ¿Existían otras personas que te tutorizaban o guiaban aparte de tu tutor principal?
- ¿Cuál era tu remuneración?
- ¿Tienes conocimiento de que antes de ti hubiese otros becarios realizando las mismas o similares labores?
- ¿El tutor estaba presente siempre o la mayor parte del tiempo a tu lado?
El cuestionario profundiza también en la dinámica interna de la empresa: qué funciones desempeña el becario, si dispone de tutor o supervisores adicionales, si hay más becarios y «la relación existente entre ellos».
Se pregunta igualmente si antes de su entrada «otra persona realizaba las mismas funciones», con el fin de detectar posibles sustituciones encubiertas de personal.
Otro bloque de preguntas aborda aspectos como la remuneración, la afiliación a la Seguridad Social y la continuidad en becas dentro de la misma empresa o en otras, elementos esenciales para identificar irregularidades en la contratación y el pago.
Algunas preguntas piden respuestas breves o de tipo «sí/no», mientras que otras requieren respuestas ampliadas que permitan al becario describir con detalle su experiencia.
Este método combina datos cuantitativos con relatos cualitativos, facilitando a la Administración la detección de patrones de abuso y situaciones irregulares.
Una vez concluido el cuestionario, el becario tiene la opción de enviar su denuncia de forma completamente anónima, incluyendo hechos actuales o pasados de los que haya tenido conocimiento.
Todo lo relevante podrá ser comunicado a la Administración. Pero, tras el envío, ¿quién se encarga de su análisis? El Instituto de la Juventud (Injuve).
Según informó el Gobierno, este organismo vinculado al Ministerio de Juventud será el receptor de las denuncias, ordenará la información y la facilitará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Estatuto del Becario
Una vez que esta etapa finalice, será el equipo de Yolanda Díaz quien pueda intervenir para verificar el cumplimiento legal, especialmente en casos de prácticas que encubren empleo no remunerado.
Cabe recordar que el Estatuto del Becario contempla multas de hasta 220.000 euros para las empresas que incumplan gravemente la regulación sobre prácticas laborales, lo que se podrá detectar gracias a la herramienta puesta en marcha ahora por el Gobierno.
No obstante, esta normativa aún no está vigente, ya que, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, debe negociarse con los grupos parlamentarios, un proceso que podría resultar complicado debido a la situación política del Gobierno en el Congreso.
En teoría, las sanciones establecidas en el nuevo estatuto no podrán aplicarse hasta que finalicen todos los trámites regulatorios.
Para evitar que las denuncias anónimas del buzón queden sin seguimiento, el Gobierno ha decidido canalizarlas a través del Instituto de la Juventud.
Así, aunque el nuevo régimen sancionador del estatuto aún no pueda aplicarse, las denuncias continúan teniendo impacto real: la Inspección puede investigar irregularidades, iniciar expedientes y sancionar a las empresas conforme a la normativa vigente.
Por lo tanto, el mecanismo anticipa la función protectora del estatuto, aprovechando la infraestructura del Injuve para asegurar que los abusos sean identificados y sancionados eficazmente, incluso antes de que las multas más elevadas del nuevo marco legal entren en vigor.