El aspirante a las elecciones del 15 de marzo ha experimentado cinco años al mando del Barça marcados por polémicas tanto deportivas como extra deportivas.
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El 7 de marzo de 2021, Joan Laporta volvió a tomar las riendas de la presidencia del FC Barcelona con un respaldo de 30.184 votos, comprometiéndose a recuperar la grandeza que el club había perdido durante la etapa de Bartomeu.
Cinco años después, el 15 de marzo de 2026, se presenta para renovar su mandato enfrentándose directamente con Víctor Font, contando con menos avales que en 2021 —7.226 firmas frente a las 9.265 de aquel entonces— y con un balance que, dejando a un lado los dos títulos de Ligas, dos Copas y el proyecto deportivo de Hansi Flick, deja varios asuntos pendientes.
Porque la gestión de Laporta tras 1.790 días al frente no se mide solo en títulos o resultados dentro del campo. Se trata de un Barça con la deuda más alta de Europa, un estadio que está a medio terminar con intereses millonarios, un escándalo arbitral sin precedentes que la UEFA supervisa desde lejos y múltiples procesos judiciales abiertos contra él mismo.
Además, supuso el fin de la Superliga, el plan impulsado por Florentino Pérez que durante años había defendido.
La salida del proyecto, presentada como una muestra de sintonía con la UEFA y la ECA, dejó al Barcelona en una posición relegada dentro del nuevo orden del fútbol europeo diseñado por el Real Madrid, la propia UEFA y la renovada ECA. Ni dentro ni fuera: en una zona indefinida.
Se suma, también, una gobernanza interna marcada por la expulsión de más de veinte altos cargos en menos de cinco años. Cinco heridas abiertas que resumen el segundo mandato de Joan Laporta y que no se resolverán solo con el voto en las urnas.
La sombra del Caso Negreira
Entre todos los escándalos que han afectado al Barça durante este quinquenio, ninguno tiene la magnitud del Caso Negreira. La investigación judicial, que salió a la luz en 2023, destapó que el club abonó 7,3 millones entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y a su hijo Javier, a través de sus empresas.
Tras las pesquisas posteriores, la cifra total ascendió a 8,4 millones. La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que estos pagos tenían como objetivo influir en los arbitrajes a favor del Barça, algo que la entidad siempre ha negado rotundamente.
Inicialmente, Laporta fue imputado por cohecho, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental, dado que el juez instructor amplió la investigación hasta 2008, cuando él estaba al frente del club.
No obstante, en mayo de 2024, la Audiencia de Barcelona archivó las acusaciones por prescripción, argumentando que cada presidente responde solo por los pagos efectuados durante su mandato y que los suyos ya habían prescrito desde 2015.
Joan Laporta, con uno de lo informes elaborados por Enríquez Romero Reuters
En diciembre de 2025, ya como testigo, Laporta compareció durante una hora ante el juzgado. Defendió los pagos como una práctica «heredada» y señaló que «eran justificables» debido a que aportaban informes sobre árbitros.
También enfatizó que el Barça de Ronaldinho, Messi y Xavi no necesitó favores arbitrales: «En absoluto nos beneficiaron». Por otro lado, los exentrenadores Luis Enrique y Valverde indicaron que nunca observaron cuántos informes llegaron.
Tres años después del estallido del escándalo, la instrucción continúa abierta. La jueza Alejandra Gil Lima prorrogó la investigación seis meses más en marzo de 2026 —la cuarta prórroga consecutiva— a solicitud de la Fiscalía y del Real Madrid, que se ha personado como acusación particular.
El 10 de abril, fecha clave, comparecerán el Barcelona como persona jurídica, representado por Elena Fort, y el delegado Carlos Naval, ambas presentaciones solicitadas por el club blanco. Siguen imputados el club en sí, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu.
La dimensión internacional del escándalo hace del caso Negreira una amenaza existencial. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, lo calificó como “una de las situaciones más graves vistas en el fútbol”, con posibles sanciones que podrían ir desde la expulsión de la Champions durante un periodo de uno a diez años.
La UEFA mantiene abierto el expediente mientras la FIFA sigue vigilando el desarrollo del caso. De manera simultánea, el Real Madrid elabora un informe formal para ambos organismos. La mancha reputacional supera el ámbito judicial y condiciona cualquier relación institucional del club con el fútbol europeo.
Las palancas
Cuando Laporta asumió la presidencia en marzo de 2021, la herencia de Bartomeu era devastadora: una masa salarial que consumía el 98% de los ingresos y una deuda abrumadora. La salida fue la venta masiva de activos, conocida popularmente como “las palancas”.
Una operación urgente que evitó un colapso inmediato, aunque su coste a largo plazo se sigue incrementando.
El Barça vendió el 25% de sus derechos televisivos de LaLiga por un plazo de 25 años al fondo estadounidense Sixth Street. La primera cesión —el 10% a cambio de 207,5 millones— se cerró apresuradamente en junio de 2022, generando una plusvalía de 267 millones que evitó pérdidas de 161 millones en ese ejercicio.
La segunda operación —un 15% extra— revirtió otros 398,9 millones. En total, alrededor de 519 millones de euros recibidos a cambio de renunciar al 25% de los ingresos televisivos por un cuarto de siglo. La renuncia a futuros ingresos se estima en más de 1.000 millones de euros.
Griezmann posa con un mural de Barça Studios. EFE
No obstante, la operación más polémica fue la venta del 49% de Barça Studios -hoy Barça Produccions a inversores como Socios.com y Jaume Roures, inicialmente valorada en 408 millones de euros. Sin embargo, resultó ser un espejismo, pues los compradores incumplieron los pagos y solo se recibieron 55 millones de los 200 previstos.
Su valoración descendió progresivamente a 178 millones tras diversos deterioros contables aplicados por los auditores. Además, Laporta sustituyó la auditora Grant Thornton por Crowe Global luego de que la primera recomendara reducir la valoración por los impagos.
Esta palanca fallida tuvo un impacto negativo de 65 millones en el último balance y fue decisiva en las pérdidas netas de 17 millones en el ejercicio 2024-25.
Por su parte, la UEFA sancionó al Barcelona con 15 millones de multa directa y otros 45 condicionados por violar el fair play financiero en 2023 y 2024. Laporta reveló en la asamblea de octubre de 2025 que inicialmente la multa prevista era de entre 60 y 80 millones y que el club podía quedar fuera de la Champions.
Deuda récord y Espai Barça
Las finanzas del club continúan en situación grave. La deuda total del Barcelona llega a 2.573 millones de euros, con un patrimonio neto negativo de 153 millones y un fondo de maniobra de -266 millones.
Aunque el patrimonio neto mejoró desde los -455 millones de 2021 hasta los -153 millones actuales, sigue siendo negativo y habría empeorado sin la operación contable vinculada al Espai Barça, según el tesorero del club.
La remodelación del Camp Nou, renombrado como Spotify Camp Nou, se ha convertido en un agujero financiero. El coste del proyecto se ha incrementado un 250% respecto al presupuesto inicial, pasando de 600 millones a 1.500 millones de euros.
Para su financiación, el club contrató un préstamo de 1.475 millones con Goldman Sachs y JP Morgan, con un interés superior al 5% y un plazo de 35 años.
Las obras acumulan más de diez meses de retraso en relación con el calendario pactado junto a la constructora turca Limak. La finalización, originalmente prevista para 2026, ha sido aplazada a 2027 debido a la instalación del techo.
Los intereses del préstamo comenzaron a pagarse en diciembre de 2025 con un primer desembolso de 44 millones y se estiman en 94 millones para diciembre de 2026.
El estado del Camp Nou en el mes de marzo. FC Barcelona
Las sanciones por retrasos pactadas con Limak —un millón por día— acumulan teóricamente 288 millones. Sin embargo, la directiva mantiene esta «carta oculta» para negociar y evitar costes adicionales en lugar de exigirlas formalmente.
La cuestión sin respuesta es por qué no se ejecutan. Si el 90% de los activos susceptibles de patrocinio no están construidos antes de julio de 2028, Spotify podría rescindir unilateralmente el contrato de naming rights.
Mientras tanto, la mudanza al Estadio Olímpico de Montjuïc causó una reducción de ingresos valorada en 93 millones por partido y obligó al club a pagar entre 15 y 20 millones en concepto de alquiler. El Espai Barça, concebido como la palanca más importante para el futuro, representa hoy la mayor fuente de incertidumbre para el Barcelona.
Frentes judiciales
Más allá del caso Negreira, que afecta a la entidad, Laporta ha acumulado varios problemas judiciales que le afectan personalmente.
La Audiencia de Barcelona ordenó investigar a Laporta junto a su vicepresidente Rafa Yuste, el economista Xavier Sala i Martín y el exdirector de TV3 Joan Oliver, por una posible estafa relacionada con inversiones en la sociedad CSSB Limited, ubicada en Hong Kong, y su filial Core Store.
Una inversora declaró haber perdido al menos 91,500 euros en operaciones de 2016 relacionadas con un proyecto para ascender al Reus desde división regional y crear una academia de fútbol en China.
La acusación señala que los investigados aprovecharon su «reputación y prestigio» para captar capital de riesgo sin informar de las pérdidas reales. A esta causa se suman al menos otras dos querellas, una por 4,7 millones presentada por una familia y otra por el tenista Albert Ramos.
Recientemente, un socio del Barcelona denunció a Laporta ante la Audiencia Nacional por presunto blanqueo de capitales, administración desleal, falsificación documental, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
La denuncia detalla un entramado societario en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia, con pagos de proveedores del Barça como Nike y Limak a «cuentas sospechosas» fuera de la Unión Europea.
La denuncia incluye al hermano de Laporta, Xavier Laporta, propietario de Capital Planet SL, con domicilio en el mismo edificio que su despacho profesional.
El juez Pedraz de la Audiencia Nacional no admitió la denuncia por falta de competencia territorial, pero la remitió a los juzgados de Barcelona para que decidieran si la aceptaban a trámite.
La Fiscalía solicitó esa derivación territorial, manteniendo activa la causa. Laporta niega las acusaciones. Sin embargo, este goteo constante de procesos judiciales forma un telón de fondo durante toda la campaña electoral.
Desgaste y salidas
Si los cuatro puntos anteriores constituyen heridas con nombre propio, el quinto es el más difuso, pero posiblemente el que más revela: la incapacidad del entorno de Laporta para sostener un proyecto institucional estable.
Desde marzo de 2021, entre 18 y 24 directivos y ejecutivos han salido del club. Jaume Giró, Ferran Reverter, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Jordi Llauradó, Eduard Romeu…
Reverter, CEO contratado por el propio Laporta, dimitió en solo siete meses debido a desacuerdos con el acuerdo de Spotify. Romeu, responsable financiero de las palancas, renunció en un momento crítico con interrogantes pendientes disponibles sobre Barça Studios.
La falta de transparencia institucional ha agravado la situación. Durante cuatro años consecutivos (2022-2025), Laporta convocó las asambleas de compromisarios de forma exclusivamente telemática, a pesar de haber prometido un formato híbrido.
La asistencia disminuyó de 906 a 462 compromisarios en la última asamblea presupuestaria. Un grupo de socios envió un burofax denunciando «fraude de ley», argumentando que la normativa telemática estaba autorizada solo por la pandemia, que ya no existía. La oposición consideró esto una estrategia para «evitar preguntas incómodas».
La contratación de Dani Olmo por 55 millones en el verano de 2024 acabó en otro episodio controvertido. El Barcelona no pudo inscribirlo antes del 31 de diciembre por incumplir el control económico de LaLiga, y tuvo que recurrir de urgencia al Consejo Superior de Deportes, que otorgó una medida cautelar justo antes de la Supercopa de Yeda.
Según adelantó EL ESPAÑOL, LaLiga suavizó sus condiciones a cambio de que el club retirara dos demandas —una sobre el acuerdo CVC y otra por abuso de posición dominante—. Gracias a ese acuerdo, el Barça pudo inscribir fichajes en verano de 2023, pero a costa de renunciar a litigios que podrían haberle generado decenas de millones.
No obstante, si algo ha caracterizado la gestión de personas en este periodo, es la relación conflictiva con tres figuras esenciales en la historia del club: Messi, Koeman y Xavi.
La salida de Messi en agosto de 2021 fue el episodio más doloroso: a pesar de un acuerdo inicial, LaLiga no permitió la inscripción por el límite salarial. Casi cinco años después, Laporta admitió que su relación con él «está rota».
Joan Laporta, junto a Koeman. FC BARCELONA
Koeman comentó que lo despidió en el avión tras un partido, «con los jugadores sentados atrás»: «Si pensaban que era una leyenda, deberían haberme tratado de manera diferente».
Con Xavi, la relación fue aún más contradictoria: primero lo convenció para permanecer durante la famosa «cena del sushi» y semanas después lo despidió. Tres leyendas, tres relaciones rotas. El daño colateral de una gestión errática.
Con todo este bagaje, Laporta se presentará a la reelección el 15 de marzo. Su único contrincante, Víctor Font, denuncia «sombras» y «falta de transparencia».
El veredicto de las urnas marcará el camino. Sin embargo, estas cinco heridas no se cerrarán únicamente con votos. Requieren sentencias, balances positivos, un estadio acabado, una gobernanza que no expulse a quien se acerque y la convicción de que uno de los clubes más grandes del mundo no necesita pagar para ganar. Por ahora, ese escenario parece lejano.