Bruselas opta por financiar las empresas de los Estados miembros, buscar nuevos socios comerciales y crear empleos para los europeos
El ataque a Teherán –ubicado a más de 5.900 kilómetros de Madrid– ha impactado en los mercados globales, provocando un incremento en los precios del combustible, lo cual afecta a empresas españolas y europeas y revela la dependencia europea de la actuación de terceros países. Para cambiar esta realidad, la Comisión Europea apuesta por fortalecer la industria local.
Bajo la consigna “made in Europe”, la Comisión ha promovido la Ley de Aceleración Industrial, cuyo propósito es incrementar la demanda de tecnologías y productos europeos con bajas emisiones de carbono. Así, esta propuesta legislativa establece nuevos requisitos para que las compañías de sectores estratégicos como acero, cemento, aluminio y automoción puedan acceder a programas de apoyo público.
La finalidad es que esta iniciativa fortalezca la capacidad productiva dentro de los Estados miembros y, mediante la generación de valor, impulse la demanda de tecnologías y productos limpios elaborados en Europa. Esto va acompañado del compromiso de seguir siendo “uno de los mercados más abiertos del mundo”, un pilar comunitario esencial para la fortaleza y resiliencia económicas.
Explotar las fortalezas del mercado comunitario
El plan “made in Europe” de aceleración industrial también pretende aprovechar las ventajas del mercado único europeo. Por un lado, mediante la financiación de programas que impulsen la demanda de productos industriales europeos, que van desde cemento y aluminio hasta sectores como baterías, energía solar o eólica.
La Unión Europea inició este viernes el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con Mercosur, tras la reciente ratificación por parte de Argentina y Uruguay. (Fuente: Comisión Europea)
Además, se modifica el enfoque respecto a las inversiones extranjeras directas, área en la que la UE concentra casi una cuarta parte del stock global. Con el fin de asegurar que estas inversiones apoyen a la industria europea, fomenten el traslado tecnológico y promuevan el empleo de calidad, el proyecto normativo impone condiciones para inversiones mayores a 100 millones de euros provenientes de países que controlan más del 40% de la producción mundial en sectores emergentes como baterías, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica y materias primas críticas.
En detalle, esas condiciones incluyen la mayoría accionarial europea, transferencia tecnológica, integración en las cadenas de valor de la UE y la creación de empleo. Estos aspectos complementan el Marco de Control de Inversión Extranjera Directa, que se centra en riesgos para la seguridad nacional, y abordan las repercusiones económicas de las inversiones significativas en el funcionamiento del mercado único.
Otro elemento clave del proyecto es la simplificación de los permisos. Según la Comisión, resulta indispensable agilizar y digitalizar los trámites para otorgar permisos a proyectos industriales. Para ello, se establecerá una ventanilla única digital con plazos definidos y se implementará un principio de aprobación tácita en las fases intermedias de concesión de permisos para proyectos de descarbonización con alta demanda energética. Con esta digitalización, la CE calcula ahorrar hasta 240 millones de euros en todas las industrias manufactureras.
Respecto a los beneficios de esta ley, la Comisión estima que generará más de 600 millones de euros en valor agregado para las industrias de acero, aluminio y cemento hasta 2030, y hasta 10.500 millones en la cadena de valor automotriz. Además, se crearán “decenas de miles de empleos”, incluyendo 85.000 puestos en proyectos de baterías y 58.000 en producción vinculada a la energía solar.
Reducir la dependencia de China y las amenazas de Trump
“La única superpotencia manufacturera en el mundo es China”. Así lo señalaba a comienzos de 2026 un informe de la Cámara de Comercio de la UE en China, que advertía sobre la influencia de Pekín en las cadenas industriales globales, además de expresar preocupación por la disposición de las autoridades chinas a usar su posición dominante para presionar a sus socios comerciales.
El proyecto “made in Europe” apunta a revertir esta dependencia, especialmente en segmentos donde son esenciales las tierras raras, minerales fundamentales para la fabricación de chips, la industria automotriz y el sector de defensa, desplazando así el enfoque del mercado chino hacia una mayor producción europea.
En la misma línea, la ley busca fortalecer el mercado interno con el propósito de que las amenazas externas, como las registradas tras el anuncio de Donald Trump de cortar relaciones comerciales con España y las tensiones arancelarias que marcaron la relación UE-EEUU durante 2025, tengan menor impacto. El aumento del comercio interno, junto con la firma de acuerdos con nuevos socios, reducirá la dependencia europea respecto a las decisiones de las superpotencias.