El panorama está marcado, asimismo, por factores como la degradación del suelo, ya que el 74% del territorio nacional presenta riesgo de desertificación
Más del 60% de las explotaciones cerealistas en España experimenta pérdidas económicas si no se consideran las ayudas europeas, lo que refleja una situación de marcada vulnerabilidad financiera. Este déficit se intensifica ante la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC), que podría reducir los pagos directos en un 20% y ligarlos a resultados ambientales verificables, según indica el informe de Transcendent sobre la reestructuración del sector agroalimentario español.
El escenario se ve además influido por factores como la degradación de los suelos, puesto que el 74% del territorio nacional es vulnerable a la desertificación, combinado con el envejecimiento de la población agrícola y la falta de renovación generacional. Frente a este diagnóstico, la adopción conjunta de prácticas de agricultura regenerativa y tecnologías de precisión surge como una opción económicamente sostenible.
De acuerdo con el informe, en cultivos de cereal de secano, cuyos terrenos nacionales superan 5,7 millones de hectáreas, la transformación de los métodos convencionales, actualmente con márgenes negativos de -46 euros por hectárea, podría elevar la rentabilidad hasta +87 euros por hectárea a partir del cuarto año, implicando una mejora de 133 euros por hectárea anual, aunque estos resultados varían según el territorio y tipo de cultivo.
La disminución de la rentabilidad en el sector agrícola español responde a múltiples causas estructurales. Los costes de insumos clave como fertilizantes y energía eléctrica han sufrido incrementos significativos: por ejemplo, el precio de los fertilizantes creció hasta un 144% en comparación con 2020 y, aunque para 2025 ha descendido, permanece un 54% por encima de los niveles prepandemia.
A ello se suma la factura eléctrica, que se ha multiplicado casi por dos desde antes de la crisis energética. De manera paralela, los precios que reciben los agricultores cayeron un 6,6% en 2024, y la dependencia de las subvenciones públicas se vuelve más insostenible ante los recortes previstos en la PAC.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la implementación de un paquete de medidas para impulsar el reto «urgente» del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, mediante la creación de Tierra Joven, una plataforma destinada a facilitar información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)
El nuevo modelo reduciría los costos agrícolas
El informe de Transcendent enfatiza que los sistemas fundamentados en prácticas regenerativas —como la rotación de cultivos, cubiertas vegetales y siembra directa— combinados con herramientas digitales de precisión disminuyen significativamente el gasto estructural de las explotaciones. En particular, se apunta a reducciones de hasta un 34% en fertilizantes, 45% en combustible y 19% en pesticidas para cultivos de cereal de secano.
Para recuperar la inversión inicial que implica este cambio de modelo agrario, el informe estima un plazo de entre cinco y ocho años, dependiendo del tamaño de la explotación, reduciéndose a cinco años si se consideran también los ingresos derivados de la monetización de créditos de carbono. La adopción general de este modelo —incluso si se aplicara en solo el 50% de la superficie cerealista— generaría un beneficio agregado de 379 millones de euros anuales al sector, transformando de forma sustancial su sostenibilidad económica.
Asimismo, el modelo regenerativo tendría un efecto ambiental positivo. Los suelos gestionados bajo prácticas regenerativas logran capturar entre 2,0 y 2,5 toneladas de CO2 por hectárea anualmente, reducir la erosión en más del 80% y aumentar en un 25% la capacidad de retención hídrica. En un país donde la sequía de 2023 provocó pérdidas por 5.550 millones de euros, esta mejora en la resiliencia deja de ser un aspecto marginal para pasar a ser una ventaja competitiva tangible.
Una oportunidad con múltiples desafíos
La transición desde el actual modelo tradicional de labranza, instalado en la cultura agraria española, hacia el modelo regenerativo enfrenta varios obstáculos, que van desde la falta de asesoramiento técnico y acompañamiento, pasando por la alta inversión inicial, hasta el envejecimiento del sector y el serio desafío del relevo generacional.
Desde la asociación agraria COAG se señala que el envejecimiento del campo es el principal obstáculo. “Resulta muy complicado implementar cambios en explotaciones donde el titular tiene una edad avanzada”, explica Javier Fatas, productor de cereales y miembro de la asociación. Según él, la edad promedio en las explotaciones cerealistas ronda los 60 años, lo que dificulta la adopción de novedades debido a “razones culturales y económicas”.
Respecto a las barreras económicas, Fatas subraya que los agricultores están muy limitados por los costes de explotación. “Los gastos en combustible, las horas de trabajo y la maquinaria nos dejan con márgenes muy ajustados”, afirma. Además, asegura que en las zonas donde se ha implementado este modelo, la rentabilidad a medio plazo es mayor, debido no solo a una mejor productividad, sino también a la reducción de los costos operativos.
Los riesgos detrás de la oportunidad
El informe también señala acciones específicas para los actores clave con capacidad de acelerar esta transición. Para las instituciones financieras, se abre un mercado emergente de financiación verde con un volumen estimado entre 2.250 y 3.750 millones de euros, sustentado por una demanda estructural sólida y un respaldo regulatorio fuerte.
En cuanto a las empresas de consumo y distribución, invertir en la sostenibilidad de proveedores agrícolas implica asegurar la resiliencia del suministro frente a alteraciones climáticas, facilitar la reducción de emisiones de alcance 3 —responsables hasta del 90% de la huella total en la industria alimentaria— y habilitar vías para la diferenciación de marca.
Por otro lado, para los agricultores, Faras destaca que “el futuro en muchas regiones reside en la agricultura regenerativa y de conservación, orientada al ahorro de gastos”, aunque advierte que el riesgo radica en que, en lugar de ser desarrollado por los propios agricultores, este modelo “termine en manos de grandes fondos” de inversión, lo que podría provocar la desaparición de una parte significativa de la agricultura.