El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, afirma que la presunta víctima seleccionó de manera voluntaria su nuevo destino profesional en el mismo edificio que su despacho, tres meses tras la denuncia.
La defensa del exDAO ha solicitado al juez que la Policía Nacional especifique si la denunciante solicitó por iniciativa propia su destino o si fue designada en contra de su voluntad.
De acuerdo con fuentes policiales, los destinos como el de la denunciante suelen asignarse directamente por los mandos, aunque también existe la posibilidad de una petición voluntaria del agente.
La denunciante se acogió a la baja médica pocos días luego de incorporarse a la nueva sede, alegando síntomas vinculados a la presunta agresión sexual.
José Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha tomado una iniciativa.
Su representación legal entregó este martes un escrito ante el Juzgado que examina al exnúmero dos del cuerpo por la presunta violación de una subordinada. Los hechos se habrían producido el 23 de abril de 2025.
Ahora, además de cuestionar la grabación de audio realizada por la denunciante durante la supuesta agresión sexual, la defensa busca demostrar que la mujer, tres meses después del incidente denunciado, solicitó un destino en el mismo inmueble donde González tenía su despacho.
Y que actuó por iniciativa propia , sin sentirse forzada a hacerlo como método de control, tal como sostiene la denunciante.
Por este motivo, el abogado Ignacio Fúster Fabra pidió al juez David Maman Benchimol que solicite documentación a la Subdirección General de Recursos Humanos y División de Personal de la Policía Nacional.
¿Para qué? Para que esta área confirmar “si la denunciante eligió libremente su destino en la sede situada en la calle Miguel Ángel número 5 de Madrid” o si fue asignado sin su consentimiento.
Curiosamente, esta misma Subdirección estaba dirigida por quien hoy es su sustituta interina, Gema Barroso, hasta la renuncia de González tras la querella.
La denunciante ascendió a inspectora el 2 de julio de 2025 y dos semanas después, el día 16, el Boletín Oficial del Estado (BOE) oficializó su nombramiento.
Desde ese momento, la presunta víctima comenzó a desempeñar su labor en esa misma sede, donde el entonces DAO tenía su despacho.
Fúster Fabra intenta probar documentalmente que su defendido (más conocido en el Cuerpo como Jota) no coaccionó a la mujer para que se trasladara a dicho edificio.
“Resulta significativo”, destaca el defensor, que la parte contraria “pretenda que el Juzgado acepte como cierto un fallo sin aportar el mínimo apoyo probatorio objetivo que permita, ni siquiera, inferir tal suposición”.
“A diferencia de otros aspectos que dependen de percepciones o interpretaciones, esta parte considera que el origen de un destino laboral es un dato que, por su propia naturaleza, queda registrado en la tramitación administrativa: solicitud, aceptación, propuesta, resolución…», explica Fúster Fabra.
El letrado califica como “esencial” esta verificación. «De no hacerlo, existe el riesgo de que un hecho comprobable se transforme en una mera suposición penal sustentada solamente en el testimonio de la querellante», advierte.
Cronología
Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía detallan a EL ESPAÑOL que ningún agente es enviado a un destino no deseado sin haberlo aceptado antes. La defensa de José Ángel González fundamenta su argumento en esta situación.
Asimismo, se basan en la siguiente cronología. En su querella, la presunta víctima refiere que, para silenciarla, el comisario Óscar San Juan, mano derecha de González y conocido como Mini-DAO, le ofreció el destino que deseara.
Dicho ofrecimiento habría ocurrido el 13 de julio de 2025, tres días antes de que el BOE oficializara el ascenso de la denunciante a inspectora.
El 17 de ese mes se seleccionaron las plazas, y el día 18 se realizó la jura de los nuevos inspectores en la Escuela Nacional de Ávila.
Seis días más tarde, la mujer comenzó a trabajar en el mismo edificio que el DAO, en la Subdirección General de Recursos Humanos y División de Personal.
Según la denuncia, ese día, fue Gema Barroso, entonces subdirectora de Recursos Humanos, quien puso a disposición de la inspectora los servicios del equipo de apoyo psicosocial, tras manifestar su incapacidad para desempeñar sus funciones.
Cuatro días después, el 28 de julio, se le concedió la baja médica debido a una “sintomatología ansioso-depresiva” que, según la querella, surgiría a raíz de la agresión sexual. La incapacidad temporal permanece vigente.
Foco en Personal
Tanto la defensa del exDAO como el Ministerio del Interior, que mantiene abierta una investigación interna, han centrado la atención en la División de Personal de la Policía para determinar si Jota designó a la denunciante en el mismo edificio donde trabajaba.
Fuentes policiales explican a EL ESPAÑOL que las plazas de destino generalmente son asignadas a agentes seleccionados directamente por los mandos.
“No se aplican los criterios de méritos, capacidad y antigüedad. Los jefes deciden quién ocupa esas plazas, que suelen reservarse para favorecer a determinadas personas”, comentan estas fuentes. Esto coincide con la posibilidad de que la presunta víctima haya escogido voluntariamente ese destino.
De hecho, la asignación irregular de estas plazas ha sido una cuestión recurrente en los últimos años para ciertos sindicatos policiales, como el SUP.
En la actualidad, si el juez acepta la “esencial” diligencia solicitada por la defensa del exDAO, Recursos Humanos de la Policía deberá proporcionar detalles sobre cómo la agente comenzó a trabajar en la sede donde se ubicaba el despacho de Jota.