La UE anunció que un fondo social puede destinarse al acceso transfronterizo al aborto, lo que ha generado diversas reacciones entre políticos. Sin embargo, esta medida representa un paso inusual, dado que la política sanitaria suele ser determinada a nivel nacional.
Grupos de defensa de los derechos de las mujeres y activistas aplaudieron la determinación de la Comisión Europea para facilitar el aborto en toda Europa, calificándola como una acción “histórica” para los derechos femeninos y la democracia europea.
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Esta iniciativa representa un movimiento excepcional por parte de la Unión Europea, ya que la regulación en materia de salud habitualmente corresponde a cada país.
El jueves, la Comisión Europea confirmó que los Estados miembros podrán utilizar un fondo social de la UE para facilitar el acceso a abortos seguros y legales a mujeres impedidas de hacerlo en sus países de origen.
Los estados pueden emplear voluntariamente el European Social Fund Plus (ESF+), que financia políticas sociales, educativas, laborales y sanitarias, siempre respetando sus legislaciones nacionales, para ofrecer dicha asistencia.
«Teníamos muy claro el ámbito de competencia limitado que tiene la Unión Europea en esta materia», declaró Katrine Thomasen, directora asociada para Europa del Center for Reproductive Rights a Euronews, resaltando que la UE puede apoyar, coordinar o complementar acciones de los estados miembros, pero no modificar sus leyes nacionales, como las relacionadas con la salud.
La Comisión evitó crear un nuevo mecanismo de financiamiento, solicitado por el Parlamento Europeo a través de una resolución no vinculante adoptada en diciembre.
Los críticos sostienen que al no establecer un fondo específico y referirse a uno ya existente, la UE estaría evitando tomar acción real y rechazando la propuesta.
No obstante, organizaciones por los derechos de la mujer consideran que esta decisión confirma que la UE posee la capacidad para intervenir en salud sexual y reproductiva, abriendo un camino hacia un aborto accesible.
«Antes no estaba claro que los estados pudieran utilizar fondos de la UE para ofrecer cuidados relacionados con el aborto a mujeres que enfrentan barreras», indicó Thomasen, «esta decisión de la Comisión es la primera que confirma y establece que fondos europeos pueden emplearse de esta manera».
Los Estados miembros que deseen emplear el ESF+ para facilitar servicios abortivos deberán ahora diseñar programas específicos y definir el procedimiento para que las pacientes accedan a ellos.
‘My Voice, My Choice’
Esta resolución de la Comisión respondió a la iniciativa ciudadana “My Voice, My Choice”, que solicitaba la creación de un mecanismo de solidaridad europeo para garantizar acceso seguro y económico al aborto para todas las mujeres.
“My Voice, My Choice” es una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI), un instrumento que permite a la ciudadanía instar a la Comisión Europea a proponer nueva legislación.
Si una iniciativa recibe apoyo de al menos un millón de personas en un mínimo de siete países de la UE, debe ser debatida en el Parlamento Europeo. La Comisión a su vez dispone de un plazo para presentar medidas legales o justificar la falta de ellas.
La iniciativa reunió 1.124.513 firmas en los 27 países miembros.
«My Voice, My Choice comenzó en las calles, surgió de un grupo de mujeres cansadas de ser tratadas como ciudadanas de segunda categoría,» relató Nika Kovač, coordinadora de la iniciativa, a Euronews.
«Decidimos actuar y llevamos nuestra propia silla a lugares donde usualmente no nos daban espacio», añadió Kovač.
El movimiento ganó impulso más allá de fronteras, movilizando a activistas por los derechos de las mujeres en toda Europa. Con más de un millón de seguidores en Instagram, “My Voice, My Choice” también consolidó una fuerte presencia en línea.
La periodista neerlandesa Belle de Jong apoyó la campaña en Malta, país donde el aborto sigue siendo ilegal y muy restringido. Comentó que organizar en terreno fue complicado, pues muchas mujeres evitaban manifestarse por el estigma y el temor a consecuencias legales.
De Jong afirmó a Euronews que el éxito de la campaña en Malta se debió principalmente a su formato digital: “así la gente no tenía que salir a la calle ni exponerse”, y destacó que recogió más de 4.000 firmas en Malta, cifra que duplicó sus expectativas.
«Gracias a My Voice, My Choice, ya no existe justificación para procesar a las mujeres que acceden a cuidados sanitarios, pues con este mecanismo de la UE estamos financiando su desplazamiento al extranjero. Por eso surge la pregunta: ¿cuándo se despenalizará? Esa será nuestra próxima batalla en Malta,» concluyó.
La decisión generó diversas reacciones políticas
Numerosos miembros del Parlamento Europeo manifestaron satisfacción tras los anuncios de la Comisión.
“Por primera vez, la Comisión ha confirmado que los países pueden usar fondos comunitarios para facilitar el acceso a servicios abortivos. Esto representa un triunfo para las mujeres europeas”, aseguró Matjaž Nemec, eurodiputado socialista esloveno que envió una carta a la Comisión antes de la resolución.
Valérie Hayer, presidenta de Renew Europe, indicó que la decisión “supone un avance real para los derechos de las mujeres,” y resaltó que jamás la Comisión había declarado con tal claridad que la financiación europea puede respaldar el acceso seguro al aborto.
Otros eurodiputados, como Emma Fourreau del grupo de la Izquierda y Mélissa Camara del grupo Greens/EFA en Francia, consideraron el paso positivo pero hubieran preferido la creación de un fondo dedicado.
Por su parte, el partido español de extrema derecha Vox afirmó que la Comisión rechazó la iniciativa “My Voice, My Choice”, toda vez que no existirá un fondo específico para financiar abortos en el extranjero. Según el comunicado del partido, “la Comisión solo busca salvar políticamente la iniciativa señala fondos existentes”.
La asociación italiana antiaborto “Pro Vita & Famiglia” (Pro Vida y Familia) también calificó la iniciativa como rechazada, al tiempo que criticó la apertura al uso de recursos ESF+ para financiar cuidados reproductivos. “Pedimos al gobierno italiano que no utilice estos fondos para promover abortos”, declaró su portavoz Maria Rachele Ruiu.
Políticas sobre aborto en la Unión Europea
Algunos países de la UE mantienen leyes altamente restrictivas sobre el derecho al aborto. Malta aplica una prohibición total, sin excepciones, mientras que en Polonia solo está permitido en casos de violación o cuando existe riesgo para la salud de la mujer.
En enero de 2021, el Tribunal Constitucional polaco prohibió el aborto por malformación fetal, que antes era el motivo más común para la interrupción del embarazo en el país.
Varias naciones europeas han adoptado medidas para garantizar el derecho a abortos seguros. Francia, por ejemplo, consagró este derecho en su Constitución, mientras que Luxemburgo y Países Bajos eliminaron los periodos de espera obligatorios.
Según el European Abortion Policies Atlas 2025, Suecia, Francia y Países Bajos son los estados con mayor protección al derecho al aborto en la UE. Malta y Polonia se ubican al final de la clasificación, junto con Andorra, Liechtenstein y Mónaco.
Existen países con regulaciones más flexibles que, sin embargo, carecen de normativas que despenalicen completamente el aborto, servicios amplios, cobertura sanitaria nacional o campañas gubernamentales informativas.
En otros estados miembros se han evidenciado nuevas restricciones, incremento del hostigamiento a proveedores de abortos y la proliferación de desinformación sobre el tema.