El ministro señala que los traslados se han realizado «con normalidad, respetando la convivencia y sin ningún tipo de inconveniente»
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó este miércoles en Ceuta que un total de 1.019 menores extranjeros no acompañados han sido ya redistribuidos desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia el resto del territorio nacional, en cumplimiento de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y tras las sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con solicitantes de asilo.
Torres compareció ante los medios tras presidir desde la ciudad autónoma una reunión de coordinación sobre la distribución de menores, en la que participaron representantes de los ministerios de Inclusión e Infancia, junto a los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla, así como responsables de Política Territorial, incluido el secretario de Estado.
La reunión de este miércoles forma parte de una serie de visitas a las zonas afectadas por la contingencia migratoria que comenzó en enero en Canarias y proseguirá en marzo en Melilla. Para entonces, el ministro confía en que se haya cesado la sobreocupación en los territorios con mayor presión migratoria.
«Es posible que en marzo esta contingencia migratoria en ciertos lugares ya no se encuentre activa», pronosticó frente a la prensa.
Por la mañana, el ministro sostuvo un encuentro con el presidente de la ciudad, Juan Vivas (PP), quien ratificó su apoyo a las políticas de reubicación de menores. Posteriormente, Torres asistió a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
Durante su intervención, apoyada por diapositivas que mostraban gráficos para describir la evolución del reparto de menores, el ministro señaló que las 1.019 reubicaciones se realizaron «con normalidad, respetando la convivencia y sin inconvenientes». Torres defendió que esto representa «un logro en la defensa de los derechos humanos» que debería establecerse de forma permanente, «independientemente del gobierno que esté en España».
EL REPARTO
Por regiones, el ministro detalló que en Canarias el Gobierno central completó 671 expedientes, de los cuales —según datos no oficiales— la comunidad ha efectuado 202 reubicaciones, aproximadamente el 30%. En Ceuta, de 448 expedientes cerrados por el Estado, la ciudad ha llevado a cabo 320 traslados (71%), mientras que en Melilla han sido ejecutados 57 de 66 expedientes (cerca del 86%).
Respecto a los solicitantes de asilo en Canarias, indicó que 440 menores ya han sido trasladados a la península de los 731 que han solicitado este estatus y que, según las resoluciones del Alto Tribunal, deberían haber sido reubicados dentro de plazos ya superados. Otros permanecen en el archipiélago por motivos de arraigo o por estar en recursos alternativos.
Torres explicó que el Real Decreto-ley 2/2025 establece dos mecanismos. El primero, conocido como procedimiento «exprés» (artículo 5), permite reducir plazos para los menores llegados tras el verano pasado, dado que no cuentan con arraigo previo. El segundo, recogido en la disposición adicional primera, fija un plazo de un año para reubicar a quienes ya se encontraban en los territorios antes de declararse la contingencia.
En este último caso, subrayó que el decreto obliga a las comunidades a remitir los expedientes con cuatro meses de antelación para garantizar su tramitación, dado que los plazos —incluyendo la intervención de Fiscalía y la audiencia del menor— son más prolongados.
Además, mencionó la sentencia del Tribunal Supremo que instó a aliviar la situación de hacinamiento de menores solicitantes de asilo en Canarias, lo que, según su criterio, ha posibilitado su traslado a recursos en la península.
El ministro recordó que la reforma fue aprobada en el Congreso sin el respaldo del Partido Popular ni Vox, y exhortó a ambas fuerzas políticas a «reflexionar» y apoyar esta medida, a la que calificó de justa y acorde con el interés superior del menor.
El canario criticó los recursos y trabas planteados por gobiernos autonómicos del PP, mencionando expresamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación con la resistencia a la apertura de ciertos recursos de acogida.
Torres defendió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha priorizado» la defensa de los derechos humanos frente a posibles consecuencias electorales, y afirmó que los ciclos migratorios «persisten, aunque cambien las rutas», por lo que abogó por respuestas estructurales y solidarias.
Sobre la reunión con Juan Vivas, el ministro comentó que el presidente ceutí manifestó su satisfacción por el nivel de cumplimiento del plan integral para la ciudad —vigente hasta 2026, con medidas previstas hasta 2030— y agradeció la modificación del artículo 35, que ya había apoyado públicamente.
También dialogaron sobre aspectos como bonificaciones a la Seguridad Social y la posible cesión de terrenos de titularidad estatal para vivienda, tema sobre el que Torres se comprometió a trasladar las peticiones al Ministerio de Defensa y a coordinarse con Hacienda.
Finalmente, el ministro reiteró que la reubicación de más de mil menores «no había ocurrido nunca en la historia del país» y concluyó con un llamado a mantener el sistema: «Se trata de niños y niñas que llegan solos. La cuestión es si vale la pena respaldar una medida que les garantiza escolarización y condiciones dignas. Para este Gobierno, la respuesta es sí».