Canarias no ha obtenido ningún desembolso de los 560 millones de euros que la UE asignó a España para gestionar la crisis migratoria, según denuncia la misión del Parlamento Europeo.
El Ejecutivo canario ha debido emplear 192 millones de su propio presupuesto para atender a migrantes, mientras los fondos europeos permanecen en Madrid sin un sistema de distribución adecuado a la presión real.
Las islas acogen al 65% de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, pero los recursos en educación, servicios sociales y salud resultan insuficientes para su correcta gestión.
La misión europea alerta de un desequilibrio «insostenible» y critica la falta de medios de Frontex en la ruta canaria, así como la baja tasa de repatriación de migrantes irregulares, especialmente hacia Marruecos.
La misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre puso en claro una reclamación que el Gobierno autonómico ha venido repitiendo durante meses.
De los 560 millones que la UE transfirió a España para fortalecer el sistema de asilo y acogida, el Ejecutivo de Fernando Clavijo no recibió «ninguno de esos fondos».
EL ESPAÑOL obtuvo el informe preliminar de conclusiones de esa misión investigadora, vinculada a la Comisión de Peticiones (PETI). El documento se está debatiendo estos días en el Parlamento Europeo, mientras los grupos políticos presentan enmiendas antes de su adopción.
La delegación visitó Tenerife, Gran Canaria y El Hierro entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025 para observar in situ la crisis migratoria en la ruta atlántica.
El texto, que consta de 34 páginas, recoge las quejas del presidente Clavijo y del vicepresidente Manuel Domínguez sobre una carga «absolutamente desproporcionada» para esta región ultraperiférica.
De acuerdo con los datos proporcionados a los eurodiputados, Canarias destinó 192 millones de euros de su presupuesto propio para atender migrantes en el último año. Los fondos europeos, sin embargo, siguen en Madrid, sin un procedimiento claro que distribuya según la presión real que enfrenta cada territorio.
El informe denuncia que las islas albergan al 65% de los menores extranjeros no acompañados (menas) que arriban a España y tienen bajo tutela a aproximadamente 5.000 jóvenes, para quienes la capacidad educativa, social y sanitaria es manifiestamente limitada.
Los autores relacionan esta situación con el «principio de solidaridad» establecido tanto en los Tratados de la UE como en el nuevo Reglamento de Migración y Asilo. Destacan que la reforma del sistema europeo se fundamenta en la idea de un reparto equitativo de responsabilidades entre Estados y, dentro de ellos, entre regiones.
En la práctica, sin embargo, el informe describe un esquema en el que la Administración central acumula los recursos europeos, mientras la Comunidad Autónoma soporta la carga de las llegadas, la tutela de menores y los efectos sociales en zonas concretas.
Los eurodiputados alertan de que este desequilibrio no es sostenible a medio plazo, considerando que Canarias depende del turismo y dispone de un presupuesto limitado.
«Laboratorio adelantado»
La misión se enmarca en la implementación del nuevo Pacto de Migración y Asilo, aprobado en 2024 y en proceso de aplicación. El documento reconoce a Canarias como un «laboratorio adelantado» de este marco, aunque con un apoyo interno mucho menor del que requiere la legislación europea.
Simultáneamente, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una regularización masiva de inmigrantes irregulares, generando preocupación en diversas capitales europeas. Esta medida permitirá obtener permiso de residencia a quienes acrediten cinco meses de estancia en España antes del 31 de diciembre de 2025.
El diputado popular Raúl de la Hoz vinculó este miércoles las conclusiones de la misión directamente con tal decisión.
Según su análisis, la visita a Canarias evidenció que la gestión migratoria requiere «coordinación, seguridad jurídica y responsabilidad compartida», principios que la regularización masiva pone en duda.
De la Hoz recordó que el Gobierno estima 500.000 beneficiarios, mientras que algunas organizaciones elevan la cifra hasta 800.000 y el informe oficial del comisario de Extranjería, al que tuvo acceso este diario, la sitúa por encima del millón de personas.
Además, advierte que convertir esta medida excepcional en una norma habitual fomenta el «efecto llamada» y el negocio de las mafias en la ruta atlántica.
Entre las conclusiones más destacadas del informe figura que la mitad de los supuestos menas sometidos a pruebas de edad fueron adultos. Las autoridades canarias evaluaron a cerca de 1.500 migrantes inicialmente registrados como menores, y alrededor del 50% resultaron ser mayores de edad.
La misión alerta que este «fraude sistemático» sobrecarga el sistema de protección y puede perjudicar a los verdaderos menores.
El documento también señala la ineficiencia de las repatriaciones a Marruecos. Solo el 8% de los marroquíes en situación irregular son devueltos, debido a la falta de cooperación efectiva de Rabat con los acuerdos de readmisión.
Para los eurodiputados, esta ausencia de colaboración contradice el espíritu de la Directiva de Retorno 2008/115/CE, que exige realizar las expulsiones «con eficacia y respeto a los derechos fundamentales». Esta situación contribuye a consolidar la percepción de que las personas que llegan a Canarias tienen altas probabilidades de permanecer en la UE.
La misión constató además que Frontex «no despliega barcos, aviones ni helicópteros» en la ruta canaria, a diferencia de lo que sucede en el Mediterráneo central, y que esto se debe a una decisión expresa del Gobierno de España, denunciada en la Eurocámara en 2024.
Como resultado, existe un modelo en el que Canarias es la puerta de entrada, el Estado central gestiona y retiene la financiación europea y todas las decisiones clave sobre devoluciones, Frontex o regularización se adoptan en Madrid.
El informe de la misión Eurocámara ha plasmado por escrito esa asimetría en medio del debate sobre la aplicación del Pacto de Migración y Asilo y la distribución de los costes de la frontera sur europea.