El documento del Tratado entre la UE y el Reino Unido en relación con Gibraltar se ha hecho accesible al público apenas mes y medio antes de su entrada en vigor, sin que el Gobierno español lo haya presentado ante el Congreso.
Gibraltar discutió y ratificó el tratado hace más de un mes, compartiendo el texto con la oposición y los actores implicados, mientras que en España la mayoría política aún desconoce el contenido del texto.
El acuerdo contempla la eliminación de la Verja y la implantación de controles de «doble entrada» en puerto y aeropuerto, la incorporación de Gibraltar al espacio Schengen y la implementación de una unión aduanera especial con nuevos gravámenes.
El tratado no modifica la soberanía sobre el Peñón y mantiene la competencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Gibraltar, lo que ha provocado críticas por la falta de transparencia en España y demandas para un debate parlamentario.
El texto legal del Tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto a Gibraltar se publica este jueves, según informó este medio hace 10 días y confirmó José Manuel Albares el lunes a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas.
La Comisión Europea, responsable oficial de negociar el documento con el Gobierno británico, lo divulga solo mes y medio antes de que entre en vigor, prevista para el 10 de abril, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez lo haya sometido al Congreso, ni esté previsto debate alguno en las Cortes sobre el acuerdo.
La disparidad en el nivel de conocimiento entre ambos lados de la Verja es absoluta. En Gibraltar, el Gobierno de Fabian Picardo aprobó el texto hace más de un mes, facilitó una copia a la oposición y realizó sesiones informativas con los sectores implicados.
En España, sin embargo, un documento que pretende transformar la economía de todo el Campo de Gibraltar y que involucra a Exteriores, Interior, Hacienda, Transportes y Defensa, sigue siendo un misterio completo.
La administración de la colonia británica en territorio español analizó el tratado en seis largas reuniones de más de tres horas cada una, hasta su aprobación definitiva el 19 de enero. Desde entonces, la oposición del GSD ha criticado a Londres por haber «cedido excesivamente» a las demandas españolas.
No obstante, el silencio ha predominado en la Península. Fuentes diplomáticas consultadas por este diario manifiestan su descontento: «Es indignante que Sánchez mantenga retenido el texto«.
Desde la oposición, se añade que «privar al PP y al resto de formaciones parlamentarias del conocimiento y debate sobre el acuerdo es una arbitrariedad impropia de una democracia«.
Representantes de la dirección del Partido Popular, en diálogo con este medio, sostienen que «ningún acuerdo sobre Gibraltar puede ser ratificado sin la autorización de las Cortes Generales, por razones constitucionales, principios democráticos y sentido común».
Filtraciones sobre el contenido
Frente a tales críticas, Albares defendió el lunes desde Bruselas que «todos los puntos del acuerdo son conocidos». Sin embargo, lo difundido son aspectos generales o filtraciones parciales.
De acuerdo con medios de la Roca, el artículo 2 contiene una cláusula que indica que ninguna parte firmada «establecerá base para afirmar o negar la soberanía» sobre Gibraltar.
Respecto a los controles fronterizos: la Verja se elimina, aunque se establece un sistema de «doble entrada» en puerto y aeropuerto (con agentes gibraltareños y guardias fronterizos españoles), para integrar dichos puntos en el espacio Schengen.
La oposición en la colonia británica se opone a que los guardias españoles puedan «realizar arrestos u otras medidas coercitivas» en esas áreas.
Los militares británicos podrán entrar y salir de Gibraltar (y del espacio Schengen) sin pasaporte, visado ni controles. Además, Londres mantiene el control exclusivo de la base naval y el aeródromo militar.
El modelo de unión aduanera previsto es «a medida con la UE», es decir, libre circulación de mercancías con España, con una transición hacia un nuevo impuesto sobre transacciones del 15%, que aumentará al 17% en 2028.
Por tanto, los beneficios fiscales en tabaco y alcohol cesarán, aplicándose los tipos mínimos de impuestos especiales de la UE.
En cuanto al marco jurídico, regirá la jurisdicción del TJUE: pese a ser territorio británico, Gibraltar quedará sujeto a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
«A través de las redes sociales»
Albares defiende la «transparencia» de la negociación, frente a las críticas por haber permitido al menos tres encuentros con Picardo en la mesa, como interlocutores «en igualdad de condiciones» con el Gobierno español.
Además, aseguró haber informado «personalmente a los representantes del Campo de Gibraltar —todos sus alcaldes, la Junta de Andalucía, la Diputación— así como a los agentes socioeconómicos» y reportado «en un pleno monográfico en el Congreso».
No obstante, en esa comparecencia de octubre de 2025 Albares no mostró el documento, que se mantuvo bajo estricto secreto mientras era revisado por abogados en Bruselas y Londres. El PP denunció haber conocido el pacto «a través de las redes sociales».
De hecho, fuentes en la cúpula de Alberto Núñez Feijóo insisten ahora en que «Gibraltar y Reino Unido no pueden beneficiarse como consecuencia del Brexit». Y que, ante tanta opacidad, «quedan muchas dudas por resolver».
ONU: «A la espera de descolonización»
Dos meses después, se hizo público el acuerdo político definitivo el 17 de diciembre. Y hasta ahora, ni los grupos parlamentarios ni la sociedad han accedido al texto íntegro.
En Gibraltar, el proceso fue opuesto. El líder de la oposición, Keith Azopardi, recibió la copia completa del texto el 10 de febrero, durante una reunión de cinco horas «bajo estrictas condiciones de confidencialidad».
Asimismo, el Gobierno de Picardo llevó a cabo múltiples encuentros informativos con la Cámara de Comercio, las asociaciones empresariales, el sector financiero y operadores turísticos.
Fuentes de Bruselas indican que, «en el mejor escenario posible», el Gobierno de España ha renunciado a la reivindicación histórica sobre la soberanía del Peñón, que según Naciones Unidas continúa siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización«.
Según este experto, «se perpetúa la existencia de una colonia en territorio europeo, en este caso español».
Además, esta misma fuente critica que se autoriza a ciudadanos y empresas gibraltareñas a gozar de un régimen fiscal de privilegios injustificados«.
Por otra parte, no solo «se desmonta la Verja construida en 1909 por el Reino Unido en territorio usurpado del istmo«, sino que se hace «a cambio de un ilusorio espacio de prosperidad compartida«.
Calendario urgente
El calendario se presenta como una carrera contrarreloj. El Parlamento de Gibraltar debatirá una moción la primera semana de marzo para solicitar al Reino Unido la ratificación del acuerdo.
En Westminster, el tratado se someterá al procedimiento de la reforma constitucional de 2010, que establece un plazo de 21 días hábiles para su examen.
La Eurocámara requiere acceder al texto antes del pleno del 9 al 12 de marzo en Estrasburgo. Si no fuera posible, el último momento sería el mini pleno del 25 y 26 de marzo en Bruselas. Fuentes europeas alertan del «escaso margen» para su análisis.
El sector empresarial gibraltareño, aunque apoya el tratado, ha manifestado «frustración, preocupación e indignación», según la prensa local.
La Federación de Pequeñas Empresas y la Cámara de Comercio enviaron una carta abierta con cinco demandas urgentes, incluyendo «ayudas fiscales temporales» y la salvaguarda de la «identidad comercial británica».
En España, la incertidumbre permanece. Desde Moncloa no se ha aclarado si el acuerdo será sometido a debate formal o si se limitarán a «tomar nota» de un pacto negociado por la Comisión, a pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy negoció que España tendría «siempre la última palabra» sobre cualquier acuerdo vinculado a Gibraltar.