En los últimos siete años, hasta 305.371 personas llegaron a suelo español en situación irregular.
El Gobierno de Pedro Sánchez expulsó a 20.682 extranjeros irregulares entre 2019 y 2025. Según los informes quincenales sobre inmigración irregular que publica el Ministerio del Interior, durante este periodo ingresaron al país 305.371 personas por esta vía, lo que implica que el Ejecutivo solo habría expulsado al 6,78% de estos individuos.
Así consta en una información proporcionada por el Ejecutivo al Congreso, recogida por Servimedia, donde el diputado de UPN Alberto Catalán solicitó datos sobre estas expulsiones en diversas provincias desde 2019. Este año marcó el inicio completo de Sánchez en La Moncloa, tras asumir el poder con el apoyo en la moción de censura votada en junio de 2018.
En la documentación presentada, el Ejecutivo indicó que actualmente no existe un método estadístico que permita conocer con precisión cuántas órdenes de expulsión emitidas permanecen pendientes de ejecución.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo la expulsión de 20.682 extranjeros irregulares desde 2019, con un aumento notable en estas salidas a partir de 2020, año marcado por la pandemia de covid-19, registrándose un incremento del 85,2% entre ese año y 2025. De esta forma, según el Ejecutivo, no resulta posible distinguir entre las resoluciones adoptadas por vía administrativa y aquellas que se concretan con la salida efectiva del extranjero.
Además, la respuesta oficial destaca que la ejecución de estas salidas forzosas se ajusta estrictamente a los plazos de prescripción de las sanciones definidos por la legislación vigente.
DESCENSO POR LA PANDEMIA
Según la información proporcionada a Catalán, la cifra refleja la actividad sancionadora del Ejecutivo en materia de extranjería durante los últimos siete años, mostrando el balance total de expulsiones forzosas realizadas por las Fuerzas de Seguridad en todo el territorio nacional.
Las expulsiones disminuyeron inicialmente de 4.677 en 2019 a 1.834 en 2020, probablemente debido al impacto de la pandemia de covid-19. Desde entonces, la administración ha recuperado de forma gradual su ritmo, acumulando cinco años consecutivos de crecimiento hasta alcanzar los 3.398 casos en el ejercicio de 2025.
En detalle, en 2021 se ejecutaron 2.025 expulsiones; 2.627 en 2022; 3.090 en 2023; 3.031 en 2024 y 3.398 en 2025. Así, el total alcanza las 20.682 salidas de extranjeros irregulares durante el mandato de Sánchez, de acuerdo con el Ejecutivo.
No obstante, la estadística europea muestra una realidad distinta. Según Eurostat, en 2021 salieron de España 4.755 personas tras la emisión de una orden de expulsión (se emitieron 7.860 ese año); 6.365 en 2022 (con 10.920 órdenes emitidas); 6.285 en 2023 (frente a 10.645 emitidas) y 8.725 en 2024 (cuando se emitieron 51.030).
En cualquier caso, el proceso para ejecutar estas órdenes se regula conforme a la Ley Orgánica 4/2000 y el reciente Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024. La Policía Nacional actúa siguiendo la Instrucción 4/2023 de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, garantizando que cada intervención policial cuente con el respaldo jurídico necesario y respete los derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros implicados.
A pesar del aumento constante en los últimos años, el total anual de 2025 continúa por debajo de las 4.677 expulsiones realizadas en 2019. La serie histórica proporcionada por el Ministerio del Interior muestra cómo el sistema ha tardado cinco años en acercarse a los niveles previos a la crisis sanitaria, superando recientemente las tres mil intervenciones anuales.
MADRID Y BARCELONA, LÍDERES
Por provincias, Madrid encabeza el ranking nacional de expulsiones con 788 ejecuciones en 2025, reflejando un incremento notable desde las 332 intervenciones notificadas en 2020. Esta región se mantiene como el principal punto de actividad administrativa del país, habiendo más que duplicado su volumen de ejecuciones en apenas cinco años según los datos oficiales del Gobierno al Parlamento.
Barcelona ocupa el segundo lugar con 327 expulsiones contabilizadas en el último balance anual disponible. La capital catalana ha mostrado una recuperación estable tras la caída de 2020, cuando apenas se registraron 124 casos, situándose actualmente en niveles operativos muy similares a los que había al inicio de la serie estadística.
En el sur de la península, la provincia de Málaga cerró el pasado ejercicio con 169 expulsiones, mientras que Sevilla experimentó un aumento al alcanzar las 86 expulsiones. Ambas provincias andaluzas reflejan diferencias en la ejecución de estas medidas, ya que la capital malagueña ha mostrado un ligero descenso, mientras que Sevilla ha registrado un incremento constante en sus cifras en los últimos tres años.
NÚMEROS BAJOS EN CEUTA Y MELILLA
Valencia y Zaragoza también figuran entre las áreas con mayor presión administrativa, reportando 160 y 140 expulsiones respectivamente al cierre del ciclo 2025. Zaragoza presenta una progresión ascendente clara tras superar los 132 casos del año anterior, mientras que la provincia valenciana muestra una leve estabilización a la baja después de alcanzar su máximo en 2023.
El informe oficial evidencia un descenso sin precedentes en la actividad sancionadora en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en comparación con los datos de 2019. Ceuta pasó de realizar 172 expulsiones antes de la pandemia a solo cuatro en 2025, la misma cifra para Melilla, que siete años atrás superaba las doscientas intervenciones según el desglose detallado del Ejecutivo.
En contraste, provincias como Zamora o Huesca mantienen niveles mínimos con apenas tres y dos expulsiones ejecutadas respectivamente durante el último periodo analizado. Estos territorios reflejan una aplicación muy limitada de estas sanciones administrativas en comparación con las grandes capitales y centros urbanos.