El PSOE intenta alcanzar un acuerdo con Junts para impedir que rechacen nuevamente el decreto ómnibus del ‘escudo social’.
La moratoria contra los desahucios incluida en el decreto genera el principal conflicto, ya que los propietarios alegan que les obliga a soportar impagos.
El Gobierno ha dividido el decreto para asegurar la aprobación de medidas como la revalorización de las pensiones, las cuales serán respaldadas por PP y Junts.
Podemos demanda al Gobierno que vuelva a presentar el decreto si no se aprueba, mientras Junts insiste en negociar únicamente si recibe contrapartidas.
Tanto el Gobierno como el PSOE han reconocido que esta legislatura cada votación representa un desafío complicado. Este jueves, en el Congreso, deberán enfrentar esa dificultad nuevamente.
El real decreto conocido como «escudo social» está en riesgo debido a la moratoria contra los desahucios que beneficia a los okupas.
Las plataformas de propietarios y personas afectadas por okupaciones denuncian que la carga de soportar impagos recae sobre los dueños, mientras la Administración no proporciona soluciones efectivas.
Todo depende de Junts. El grupo de Carles Puigdemont parece decidido a rechazar nuevamente la convalidación. Sin embargo, su abstención facilitaría a Pedro Sánchez superar el obstáculo.
«Estamos en un intercambio de favores», admiten fuentes socialistas. No quieren comentar las negociaciones, pero son conscientes de que Junts no otorga sus votos gratuitamente.
No es la primera vez que Miríam Nogueras vota en contra de este texto. Ya hizo lo mismo hace un mes, sumando sus votos a los del PP y Vox.
En aquella ocasión, el Gobierno presentó un decreto ómnibus completo que ahora ha tenido que fragmentar para que la oposición apoye, al menos, la revalorización de las pensiones, que se presenta en un real decreto separado.
El Ejecutivo avanza con cautela para conseguir el apoyo de partidos como PNV y Junts, evitando perder votos en su flanco izquierdo.
«La reducción ya fue considerable», reconocen en Sumar tras el acuerdo del Gobierno con los nacionalistas vascos, por el cual la moratoria anti desahucios no afecta a propietarios con hasta dos viviendas, una medida que desató molestias en Podemos.
Moncloa intentó un pacto con el PNV para aproximarse a las posiciones de Junts. Sin embargo, desde el Gobierno constatan que la tradicional alianza entre PNV y Junts, antes alineados en temas sociales y económicos, se ha deteriorado.
Ahora sólo queda al Gobierno negociar la abstención. Los seguidores de Puigdemont reiteran su postura habitual: no votan sin recibir contraprestaciones.
Podemos exige una tercera presentación
Podemos ya solicita que el Gobierno presente de nuevo el decreto por tercera vez si este jueves vuelve a ser rechazado. «Debe existir un plan B para las 60.000 familias que corren riesgo de desahucio», afirmó Ione Belarra.
Si Junts mantiene su voto negativo, sería la primera vez que Moncloa tendría que presentar un Real Decreto por tercera ocasión para conseguir su aprobación.
Hasta ahora, la práctica habitual era volver a presentar el decreto tras negociarlo e incluir demandas de los socios o, en caso de ser un ómnibus, dividirlo para aprobar alguna parte y flexibilizar ciertos aspectos.
El desafío actual consiste en determinar qué elementos se pueden flexibilizar para atraer a Junts sin perder el respaldo de Sumar, Bildu o Podemos.
En el pleno del jueves, PP y Junts votarán a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC —establecida en un 2,7 % general— y apoyarán las ayudas para las víctimas de los descarrilamientos de Adamuz y Gélida.
Este último decreto, más reciente, es impulsado por Transportes, pero será presentado por Ángel Víctor Torres, dado que el ministro Óscar Puente se ausentará en el pleno por motivos personales.