Génova respaldará la «ampliación» de su «oferta» política, aunque sin «contradecirla»: «Ninguna diferencia debe situarse por encima del interés de España»
«El Partido Popular asume mediante este documento su responsabilidad de establecer unas bases orientativas que orienten las negociaciones con otros partidos cuando la aritmética electoral lo requiera». La dirección nacional del PP entra en las negociaciones autonómicas con Vox sustentándose en un «documento marco», al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Se trata de un «marco de negociación de pactos: único, vinculante y aplicable en toda España«, con la finalidad de asegurar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad, que definirá los contenidos programáticos y gubernamentales de las conversaciones con la formación liderada por Santiago Abascal. Alberto Núñez Feijóo ha establecido una nueva estrategia que consiste en «acompañar» a los barones en sus diálogos con Vox.
Tras los contactos del equipo del presidente del PP con Abascal, las negociaciones se desarrollarán ahora en el ámbito nacional, buscando un «mínimo común». «Se considera que el equilibrio debe guiar la concreción de los acuerdos, recuperando así el principio de representación democrática que Sánchez y sus aliados han deteriorado en los últimos años. Se apuesta por un sistema de diálogo y consenso que rompa con la dinámica de chantajes políticos y privilegios injustificables», indica el documento.
«Somos una formación con vocación nacional y, como tal, nos presentamos ante los españoles allí donde concurrimos con un proyecto que respeta nuestra diversidad, pero reconoce en la Nación un proyecto común», sostiene el PP en el texto.
El documento se hace público justo un día después de que Alberto Núñez Feijóo mantuviera una conversación con Santiago Abascal. El presidente del PP confirmó este lunes por la noche en Onda Cero que hablaron durante «aproximadamente una hora» y tras ello considera que «el acuerdo podría estar cercano». «No vamos a quebrantar el resultado electoral», afirmó con firmeza. «Por mi parte no quedará».
No obstante, los populares insisten en que no renunciarán a ninguno de sus principios, aunque reconocen que la prioridad es la dirección de España: «El PP mantiene una identidad política propia. Llegar a un acuerdo no implica ser lo mismo ni pretenderlo. Los ciudadanos lo saben y votan en consecuencia, cada uno según su proporción. Sin embargo, proclamamos que ninguna diferencia está por encima del interés de España y somos conscientes de que frustrar el mandato de las urnas, en realidad, apoyaría una situación política que la mayoría social rechaza con determinación».
Por ello, para el PP, cualquier convenio debe basarse en el principio de coherencia programática, aceptando «ampliar las ofertas» con las que se presentó a las elecciones, «pero sin contradecirlas». Esta es una advertencia directa a Vox.
Con «Presupuestos» y sin «chantajes»
El PP advierte a Vox que, en cualquier acuerdo, «las formaciones comprenden que los gobiernos responden solidaria y colegiadamente por las decisiones y su ejecución presupuestaria, independientemente de las responsabilidades ejecutivas de cada parte». «En coherencia, todo pacto deberá contribuir a una gobernabilidad eficaz y seguridad jurídica, evitando cualquier forma de chantaje parlamentario o fragmentación política», alerta el documento.
Asimismo, los acuerdos «deben garantizar la estabilidad institucional», según el PP, que exige «el compromiso de aprobación de cuatro presupuestos y el establecimiento de un método de seguimiento que asegure el cumplimiento del pacto».
Los populares consideran que «la distribución de poder» con Vox, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, «debe respetar la proporcionalidad determinada por los ciudadanos en las urnas».
El primer punto del documento es el respeto a la legalidad: «Fuera del marco legal vigente, que es la base de una convivencia sana y segura, no puede concretarse ninguna propuesta». El PP expresa esto porque Vox se niega a respetar, por ejemplo, la Ley de Extranjería en cuanto a la derivación de menores migrantes no acompañados. Aunque al PP tampoco le satisfaga la norma, la cumple.
El segundo aspecto es «el cumplimiento del reparto competencial actual en España». «Los acuerdos se limitarán a las medidas que cada Administración puede adoptar legalmente».
A continuación, el texto defiende la protección «de las principales instituciones de la Nación». «De manera concreta, nos comprometemos a salvaguardar la separación de poderes, preservar el prestigio de las instituciones autonómicas que representamos y respetar a la Jefatura del Estado«, enfatiza.