La Intervención General de Navarra ha identificado irregularidades en la adjudicación de contratos vinculados a las obras del parque Sendaviva, los cuales debieron haberse licitado de manera conjunta y transparente.
Los contratos, asignados a Adentro Construimos SL, fueron fragmentados en importes cercanos al límite legal, alcanzando un total próximo a los 800.000 euros y superando el presupuesto inicial en un 9,5%.
El informe recomienda solicitar la devolución parcial de la subvención pública otorgada a Sendaviva debido al incumplimiento de las bases y el fraccionamiento indebido de los contratos.
Las conclusiones de la Intervención coinciden con las observaciones de la Oficina Anticorrupción y una auditoría externa, lo que refuerza las sospechas de manipulación en la contratación pública bajo la gestión de María Chivite.
La Intervención General del Gobierno de Navarra intensifica la supervisión sobre la presidenta María Chivite al evidenciar que las obras del caso Sendaviva fueron divididas en múltiples contratos cuando, en realidad, «debieron haberse licitado conjuntamente».
El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, advierte que «el proceso de contratación debería haber sido abierto, con la pertinente publicación en el Portal de Contratación de Navarra».
El análisis abarca cuatro contratos adjudicados entre 2023 y 2024 a la empresa constructora Adentro Construimos SL.
Dicha empresa también llevó a cabo la remodelación de la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN) y gestionó la reforma de un piso adquirido por el exportavoz socialista Ramón Alzórriz.
Las adjudicaciones para la reconstrucción del parque Sendaviva, ubicado a 80 kilómetros de Pamplona, se estructuraron como contratos inferiores al umbral de 200.000 euros, evitando así controles más estrictos y fiscalización adicional.
En este punto se centra la Intervención: las obras fueron licitadas «al importe máximo permitido», lo que constituye «un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido».
Uno de los contratos tenía un valor de 199.999 euros, es decir, solo un euro menos que el límite legal. En conjunto, los contratos adjudicados a Adentro Construimos sumaron cerca de 800.000 euros.
Además, tras la ejecución de las obras, el coste final superó el presupuesto inicial en alrededor del 9,5%, señala el informe.
La Intervención indica que si estos sobrecostes se hubieran previsto, los contratos habrían superado el umbral legal y tendrían que haberse licitado mediante procedimiento abierto.
Por ello, el documento cuestiona que dichos sobrecostes fueran «imprevisibles» y recuerda que las obras se contrataron «a precio cerrado», lo que implica que «los imprevistos» deben ser «muy excepcionales y justificados«.
En efecto, la Intervención sugiere que, debido a cómo se llevaron a cabo los procesos, no se puede validar la subvención, por lo que solicita a la Administración foral abrir un expediente para reclamar la devolución parcial de los fondos públicos otorgados para Sendaviva.
El informe concluye expresamente que «las irregularidades señaladas impiden validar el acto cuya fiscalización fue omitida» y, por ello, «se insta a la unidad gestora a iniciar el expediente de reintegro» debido al «incumplimiento parcial de las bases» de la subvención.
Adentro Construimos
La Intervención destaca además que las cuatro obras investigadas formaban parte de un único proyecto y respondían a «una sola unidad económica, funcional y operativa».
Esto significa que no eran cuatro obras separadas e independientes.
También subraya que todas las obras fueron adjudicadas a la misma empresa y licitadas «en un mismo periodo temporal», hecho que refuerza la sospecha de que el procedimiento «no se realizó conforme a la normativa».
Las conclusiones de la Intervención General coinciden con la investigación llevada a cabo por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que detectó «presuntas irregularidades» relacionadas con un posible fraccionamiento «indebido» en la contratación pública.
Asimismo, están alineadas con la auditoría externa encargada por Parquenasa—entidad participada por NICDO, empresa pública del Gobierno foral—que también identificó indicios de fraccionamiento, conforme adelantó este medio.
El caso Sendaviva está bajo la investigación de la Oficina de Anticorrupción debido a posibles irregularidades, a raíz de una denuncia presentada por Unión del Pueblo Navarro.
De forma paralela, la Justicia, tras una denuncia de Vox, ha solicitado al Gobierno de María Chivite la entrega de los contratos para evaluar si existió fraccionamiento con el fin de evadir controles.
El partido de Santiago Abascal acusa al Ejecutivo foral de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras del parque Sendaviva.