Sánchez adelanta la resolución, que será adoptada este martes en el Consejo de Ministros, a través de sus redes sociales
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la desclasificación de documentos vinculados al golpe de Estado del 23F. Esta medida coincide con el 45 aniversario de la irrupción de los militares en el Congreso de los Diputados. La decisión se toma mientras el Ejecutivo aún tiene pendiente en el Congreso la aprobación de la nueva Ley de Secretos Oficiales –que contempla precisamente la desclasificación de estos secretos tras 45 años–, una norma comprometida y solicitada históricamente por el PNV, y que permitiría desclasificar documentos de otros ámbitos, como los GAL, secretos del franquismo o documentos de la Casa Real.
Esta resolución, adelantada por Pedro Sánchez en sus redes sociales, será oficializada en la reunión del gabinete de este martes y entrará en vigor el 25 de febrero con su publicación en el BOE. Los textos quedarán disponibles para consulta en la página oficial de La Moncloa.
«Las democracias deben comprender su pasado para construir un mañana más libre», afirmó el presidente del Gobierno. Para él, esta medida ayuda a «salidar una deuda histórica con la ciudadanía». Maribel Vaquero, portavoz parlamentaria del PNV, que demanda seguir avanzando, respondió: «Ciertamente, la memoria no puede permanecer cerrada. Por eso es necesario continuar y desclasificar también los documentos sobre el caso Zabalza o los acontecimientos del 3 de marzo en Gasteiz. Y a partir de ahí, todos los demás. Hagamos memoria de verdad. Con todo».
La última vez que el Gobierno desclasificó documentos fue bajo presión de Junts, cuando entregó ocho textos del CNI relacionados con los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils. No obstante, a diferencia de lo que ocurrirá con los documentos del 23F, estos documentos fueron facilitados solamente a la comisión del Congreso que investigaba esos ataques y no se hicieron públicos.
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Esta ha sido una solicitud recurrente de los investigadores, quienes la han presentado en diversas ocasiones para acceder a la información completa y profundizar en lo sucedido, así como para confirmar el papel desempeñado por cada protagonista.
Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, una de las obras más reconocidas que relata los hechos del 23 de febrero de 1981, solicitó directamente esta medida a Pedro Sánchez durante unas jornadas organizadas en el Congreso.
Además, algunos grupos políticos han venido haciendo esta petición. El PNV ha sido el más insistente en esta demanda durante años. De hecho, durante la despedida de Aitor Esteban como portavoz del Congreso, Pedro Sánchez aseguró que la ley se aprobaría en esta legislatura. También Sumar, Podemos, Bildu, ERC y BNG han exigido esta medida para esclarecer el papel de Juan Carlos I en el 23-F y obtener información sobre su actuación durante su reinado.
En julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó enviar a las Cortes el Proyecto de Ley de Información Clasificada para su trámite parlamentario, una norma destinada a sustituir la preconstitucional Ley de Secretos Oficiales de 1968. Sin embargo, el texto aún no ha recibido la aprobación definitiva de las Cortes.
La propuesta establece la desclasificación automática tras plazos variables según el nivel de protección de la información. Por ejemplo, los contenidos clasificados como alto secreto se desclasificarán a los 45 años, con la posibilidad de una prórroga de 15 años más; los secretos a los 35 años, con prórroga hasta 10 años. La información clasificada como confidencial se desclasificará entre 7 y 9 años, y la restringida entre 4 y 5 años, sin opción a prórroga en ambos casos.