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- Título del autor, BBC News Mundo
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- 20 febrero 2026
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Argentina avanza hacia una reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei que busca redefinir las condiciones laborales en el país. El gobierno califica esta iniciativa como una “modernización” de las relaciones de trabajo, mientras que sus críticos la tildan de “esclavista”.
El jueves, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que había sido aprobado una semana antes por el Senado.
No obstante, un artículo polémico relativo a las licencias por enfermedad fue eliminado por el oficialismo durante la votación en Diputados, lo que obliga a que el texto regrese al Senado antes de ser promulgado, un trámite considerado inevitable.
Este debate tuvo lugar en medio de una huelga general convocada por la Central General de los Trabajadores (CGT), la principal federación sindical de Argentina, y manifestaciones en la Plaza de los Dos Congresos, justo donde sesionaban los diputados.
Entre las propuestas más controversiales se encuentran la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas diarias, la manera de calcular las indemnizaciones por despido y las limitaciones en las licencias médicas.
Milei propuso reformar un marco legal que, para amplios sectores, representa un debate pendiente en Argentina, país con una histórica tradición sindical y amplios derechos laborales que muchos consideran obsoletos.
“Nuestra legislación laboral se estableció en los años 70 y refleja una realidad distinta, un modelo para empleados de oficina y obreros fabriles”, explicó a BBC Mundo el profesor de Derecho Laboral, Miguel Ángel Maza.
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Actualmente, Argentina enfrenta un récord histórico en informalidad laboral, con cerca de la mitad de la fuerza laboral sin derechos garantizados.
Esta cifra implica en torno a 6 millones de personas que carecen de cobertura médica, licencias por enfermedad, indemnizaciones por despido y aportes a la jubilación.
En el grupo etario menor a 29 años, casi 6 de cada 10 trabajan en condiciones informales, porcentaje que es más elevado aún para mujeres jóvenes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
La precarización del empleo ha crecido durante los últimos 13 años, con un aumento de trabajadores en dependencia encubierta o sin formalidad alguna, conforme a informes del Sistema Integrado Previsional Argentino y la Encuesta Permanente de Hogares.
Estos puntos constituyen las claves centrales del debate actual.
1. Las propuestas de la reforma
Entre los temas principales, el gobierno plantea autorizar la extensión de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas sin remuneración adicional por horas extra, siempre que se garantice un descanso mínimo de 12 horas y que no se exceda el límite legal de 48 horas semanales.
Para implementar esto, se establecerá un banco de horas extra por trabajador, que la empresa podrá compensar con días u horas libres en lugar de pagos adicionales.
“No es la situación ideal, pero la realidad muestra que muchas personas trabajan más de 8 horas y, en numerosas ocasiones, sin recibir horas extras”, comentó el profesor Maza.
Según el gobierno, los empleados podrían negociar, por ejemplo, concentrar la jornada laboral en lunes a jueves con más horas diarias para tener libres los viernes.
El proyecto permite que los sueldos se abonen en moneda nacional o extranjera, en un contexto donde el dólar juega un rol importante, e incluye que parte del salario pueda pagarse «en especie», como vivienda o alimentos.
Además, introduce el concepto de “negociación dinámica” del salario, que otorga mayor flexibilidad al empleador para renegociar condiciones tras la firma del contrato.
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Por otro lado, se replantea la fórmula para calcular las indemnizaciones por despido al delimitar qué se considera parte del salario del trabajador.
De aprobarse, quedarán fuera del cálculo los conceptos no integrados al sueldo mensual, tales como vacaciones y premios.
El oficialismo argumenta que en Argentina se ha desarrollado una “industria del juicio laboral”, ya que normas poco claras empujaban a los jueces a dictaminar despidos con indemnizaciones mucho mayores que los salarios, generando un incentivo para litigar.
“Me parece sensato porque aporta precisión al cálculo”, opinó Maza.
Relacionado con los despidos, el proyecto contempla la creación de un fondo financiado con aportes patronales, destinado a cubrir indemnizaciones.
El aporte provendrá de contribuciones que ya efectúan los empleadores, por lo que no aumentará sus costos, sino que disminuirá el flujo de fondos al Estado.
Asimismo, se amplía la lista de “servicios esenciales” con fuertes limitaciones al derecho de huelga, incluyendo sectores como educación y aduanas, entre otros.
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La reforma modifica también la ley de asociaciones sindicales: las asambleas no podrán interrumpir el normal funcionamiento de la empresa, requerirán permiso del empleador y el tiempo invertido no será pagado al trabajador.
Por último, prevé incentivos fiscales para estimular a las empresas a contratar nuevo personal.
Las compañías que sumen desempleados, trabajadores autónomos o ex empleados públicos a su plantilla tendrán descuentos en las contribuciones patronales durante los primeros cuatro años.
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Finalmente, el artículo 44 del proyecto, que fue retirado por el propio oficialismo tras la votación en el Senado, planteaba que en casos de licencia por enfermedad o accidente no laboral, los trabajadores cobrarían entre el 50% y 75% del salario, frente al 100% vigente.
2. Los motivos del gobierno
La reforma surge en un contexto de pérdida de empleos calificados. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria perdió cerca de 65.000 puestos durante los últimos dos años.
Milei terminó con políticas proteccionistas previas que calificó como medidas de empresarios “que cazaban dentro del zoológico” y aumentaban el costo de productos para los argentinos.
Para el gobierno, la responsabilidad recae en administraciones anteriores y consideran que la legislación vigente limita el desarrollo.
Esperan que este nuevo marco normativo fomente el empleo formal al reducir costos para las empresas.
“Esta ley marca un punto de inflexión en la historia laboral argentina”, expresó la Oficina del Presidente tras la aprobación en el Senado.
“Después de años de litigios laborales que favorecieron a pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas frente a profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ante una transformación que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”, añadieron.
El comunicado remarca que la iniciativa es “una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas excluyó a millones de argentinos del empleo registrado y obstaculizó la generación de trabajo formal”.
Milei había manifestado en diversas ocasiones la necesidad de actualizar la normativa laboral.
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Horas antes de la sesión en Diputados, hubo un debate intenso en una comisión del Congreso, con la participación de Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, la aplicación de entregas a domicilio, quien defendió la iniciativa.
“Apoyamos este tipo de discusiones. Es necesario contar con reglas claras que faciliten el desarrollo de la economía de plataformas”, afirmó Buenos, según reportes de medios argentinos.
3. Las críticas a la iniciativa
Una crítica recurrente es que la reforma equipara el poder de negociación del empleador con el del trabajador.
“La reforma presenta un problema grave y peligroso: oculta una visión ideológica que ve las relaciones laborales como relaciones ordinarias, sin la necesidad de un derecho laboral. Ignora la desventaja del trabajador frente al empleador”, advirtió Maza.
“El derecho laboral no es una invención peronista, sino el reconocimiento de que el trabajador, individualmente, no puede negociar en igualdad con el empleador”, agregó.
Según el especialista, la ley podría incentivar los despidos, dado que los empleadores podrían hacer uso del fondo previsto para tales indemnizaciones.
“En mi experiencia, probablemente no aumente el empleo, porque la carga social no es el factor clave. Los empresarios se fijan en la demanda y en el margen de ganancia para decidir contrataciones”, precisó.
Asimismo, consideró que una mayor regulación laboral se alcanza con controles efectivos.
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Germán Martínez, jefe del bloque opositor peronista Unión por la Patria, calificó la ley como “horrible y abiertamente inconstitucional” antes de la votación del jueves.
“Lejos de modernizar, esta ley retrocede y no aporta nuevos derechos a trabajadores y trabajadoras; por el contrario, implica una regresión de derechos sin precedentes en Argentina”, afirmó a Radio 10.
La CGT declaró que “si se avanza contra los derechos laborales, también se avanza contra la industria nacional y el futuro del país. Los derechos no se negocian” al convocar a la huelga.
Los gobernadores de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa expresaron su rechazo a la reforma.
“Estamos convencidos de la necesidad de reformar los marcos normativos del ámbito laboral”, dijo Axel Kicillof, gobernador peronista de Buenos Aires, en la red social X.
“Pero ninguna reforma puede buscar desmantelar derechos consolidados ni reducir protecciones; al contrario, debe reconocer nuevas garantías en un mercado laboral cambiante”, agregó.
En medio de desencuentros y posturas opuestas, los más escépticos opinan que la reforma mantendrá el statu quo.
“No considero que esta reforma tenga el potencial para cambiar la situación, y eso resulta lo más lamentable”, concluyó Maza.