Las agentes se rebelan contra los mecanismos para abordar acusaciones que afectan a la cúpula
Las mujeres en la Policía Nacional desconfían del protocolo interno cuando una agresión sexual tiene como protagonista a un mando del Cuerpo. La decisión de acudir directamente a los tribunales —en lugar de dirigirse a la Policía— por parte de la mujer que presentó una denuncia judicial contra el máximo responsable uniformado del Cuerpo por una presunta violación refleja el sentir general de las agentes en todos los rangos. La víctima del director adjunto operativo (DAO), un hombre de plena confianza de Fernando Grande-Marlaska, evitó seguir el procedimiento policial porque temía quedar aislada y que su denuncia fuera ignorada. Sus compañeras respaldan esta postura.
«Los protocolos fallan cuando se denuncia a un superior. Existe un gran temor y, por lo general, la víctima termina con baja psicológica», coinciden agentes de diferentes niveles consultadas por este medio. «El problema radica en que, cuando la denuncia afecta a algún integrante de la cúpula, se guarda en un cajón y desaparece. Esto no ocurre cuando la queja es contra un policía de escalas inferiores», explica una inspectora.
Según sus testimonios y experiencia, tras comunicar cualquier agresión al Cuerpo vienen las «presiones», lo que convierte a las denunciantes en personas «perjudicadas». En ese momento, relatan, se solicitan bajas psicológicas o cambios de destino. «Lo sucedido con el DAO marcará un antes y un después porque ha evidenciado que, independientemente de lo ocurrido, la vía penal permanece abierta. Esto había quedado olvidado», aclara otra agente de la escala de mandos. Como señalan, las policías que han denunciado internamente el acoso cometido por un superior no consideraron llevar el caso a los tribunales. «Creen que no servirá de nada. El poder de los superiores bloquea la denuncia».
En esta misma línea se expresó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien solicitó revisar los protocolos que la Administración Pública emplea en esta materia para que las mujeres se sientan animadas a denunciar. Además, criticó duramente al ex DAO de la Policía Nacional, calificando su conducta como «rechazable» y manifestando que le «avergüenza», le «conmociona» y le provoca «un profundo dolor». «Me resulta increíble que todavía puedan ocurrir estas conductas en el ámbito de la Administración Pública», añadió.
A pesar de su postura firme, la ministra de Defensa evitó valorar las declaraciones del ministro del Interior, quien aseguró que, si la víctima se sintió desprotegida, dimitiría, y tampoco comentó si su colega en el Consejo de Ministros cometió un error al nombrar a José Ángel González. Sí señaló que «no le agrada que políticamente quien tiene mucho que callar utilice estos asuntos», sin hacer una acusación directa. La exmilitar y exdiputada del PSOE, Zaida Cantera, recordó ayer que solo prospera una de cada diez denuncias en el Ejército, evidenciando que esta estadística y lo ocurrido con el DAO podrían representar un patrón habitual de «abuso de poder» en organizaciones jerarquizadas.
Las agentes consultadas en la Policía Nacional coinciden en que existe un «miedo» considerable a denunciar este tipo de conductas. «Tememos que no haya imparcialidad. Hay temor a ser vistas, a ser señaladas, lo cual es lógico porque se trata de una estructura jerarquizada». «Tememos ser juzgadas por denunciar a un jefe. En ocasiones no se sabe con quién se está tratando ni en quién confiar. Está claro que el protocolo no funciona y que una denuncia puede acabar con nuestra carrera», advierte una policía con amplia experiencia. La misma agente no se sorprende de que la compañera —inspectora— que denunció a González haya optado por saltarse los protocolos internos, y su opinión refleja lo que, según indican, ocurre dentro del Cuerpo.
«Es comprensible que haya recurrido a la vía judicial y haya ocultado la denuncia por tratarse del DAO. Yo también lo habría hecho». «Comprendemos que la víctima haya decidido acudir estratégicamente a la sede judicial porque enfrentaba al hombre más poderoso de la Policía Nacional. Se entiende, pues, que ella temía represalias o que su denuncia se archivara directamente», recalca Laura García, portavoz del sindicato Jupol.
La presunta víctima de González, con quien había mantenido una relación previa, aprobó una prueba para ascender antes de que, presuntamente, el DAO la obligara a masturbarlo e introdujera sus dedos en su vagina en un piso de Madrid el 23 de abril de 2025. Tras superar dicha prueba, solicitó «todos los destinos posibles en Madrid», que ascienden a «más de 30», y finalmente la Policía le asignó una plaza en el edificio donde se ubica la sede de la Dirección General de la Policía, a la cual pertenece la Dirección Adjunta Operativa.
Esta circunstancia hizo que causara baja apenas dos días después de incorporarse a su puesto a finales de julio, debido a la posibilidad de cruzarse con su presunto agresor. Desde entonces hasta que se presentó la querella en enero de este año, la Policía no realizó seguimiento de su estado.