Se justifica que los extranjeros podrán optar por los demás «itinerarios de arraigo contemplados» en el Reglamento de Extranjería
Con la intención de mitigar la controversia surgida por la incorporación de las lenguas cooficiales como requisito para renovar el permiso de regularización, el Gobierno ha aclarado que las aportaciones realizadas al Real Decreto durante la fase de audiencia pública —que concluyó el pasado 6 de febrero— «en ningún caso» establecen la obligatoriedad de dominar ninguna lengua oficial para obtener la autorización «inicial» de residencia y trabajo, cuyo periodo de vigencia es de un año.
No obstante, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, «se podrá conceder una prórroga» de este permiso. Para lograrlo, los servicios sociales de las respectivas Comunidades Autónomas tendrán que emitir un informe favorable sobre la integración, el cual certificará, entre otros aspectos, el aprendizaje de las lenguas oficiales del territorio donde resida la persona.
El Gobierno de Sánchez ya descartó esta condición, argumentando que «la lengua no es un requisito para negar un permiso». En esa misma línea, desde el departamento que dirige la ministra portavoz Elma Saiz se explica que «las personas pueden acogerse a los itinerarios de arraigo contemplados» en el Reglamento de Extranjería, que incluye «diversas opciones como el arraigo por formación, por empleo, entre otras».
Sin embargo, lo cierto es que el extranjero que decida renovar su permiso mediante la vía del arraigo social estará, según el borrador del Real Decreto al que Europa Press ha tenido acceso, condicionado para la prórroga al conocimiento de las lenguas cooficiales.
El reglamento que aprobará la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes aún se encuentra en trámite, por lo que puede sufrir modificaciones. El Ejecutivo ha resaltado que organismos como el FISI o el Consejo de Estado deberán emitir sus respectivos informes antes de contar con un texto definitivo.
No obstante, las formaciones independentistas ya se atribuyen el mérito. «Hemos logrado que el catalán se reconozca como prueba de arraigo en el nuevo decreto de regularización extraordinaria», afirmó ERC mediante un comunicado, según informa Cristina Rubio.
De hecho, esta maniobra del Ejecutivo socialista se produce tras la exigencia de Junts de que acreditar un nivel mínimo de catalán fuera un requisito para obtener el permiso de residencia tras la transferencia de competencias en materia de inmigración a Cataluña.