La sanción se impuso tras detectar una reserva turística gestionada a través de una plataforma digital en un edificio donde la normativa municipal prohíbe expresamente este tipo de actividad
La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha impuesto una sanción de 177.525,99 euros a la dueña de una vivienda en el municipio ibicenco, tras confirmar que el inmueble se empleó como alquiler turístico sin contar con la autorización pertinente durante el verano de 2025. Según informó el propio Ayuntamiento, la sanción surge de un expediente derivado de una inspección de la Policía Local, que constató que la propiedad se usaba como alojamiento turístico sin permiso alguno, lo que constituye una infracción grave conforme a la normativa urbanística de Baleares.
La investigación se inició el 13 de junio de 2025, cuando una patrulla de la Policía Local de Santa Eulària levantó un acta tras detectar la comercialización de la vivienda como alojamiento turístico a través de una plataforma digital especializada en alquiler vacacional. Durante la inspección, los agentes corroboraron la existencia de una reserva activa para un período de cuatro noches, entre el 9 y el 13 de junio, además de la prestación de servicios característicos de la actividad turística, según detalló el consistorio.
Criterios legales para la cuantía de la multa
El inmueble objeto de la sanción está ubicado en un edificio plurifamiliar situado en suelo urbano, cuya calificación urbanística es exclusivamente residencial. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal prohíben expresamente el uso turístico en viviendas de esta categoría dentro del municipio, por lo que el uso atribuido a la vivienda contraviene totalmente la regulación vigente y no es susceptible de legalización en ningún caso. El expediente administrativo gestionado por Urbanismo se basa en la aplicación de la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Islas Baleares, cuyo artículo específico establece las sanciones para cambios de uso no autorizados en edificaciones residenciales.
La cuantía de la sanción se calculó tomando como referencia el valor del inmueble, que asciende a 236.701,33 euros, aplicando el porcentaje medio de penalización previsto en la ley, equivalente al 75% del valor del bien afectado. Esta fórmula se utiliza para fijar la multa en situaciones donde el cambio de uso no puede ser regularizado, como es el presente caso. El consistorio indicó que la multa busca “garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y proteger el modelo residencial de las áreas afectadas”.
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a varias personas acusadas de emplear a trabajadores extranjeros en situación irregular para realizar reformas en pisos turísticos. Según las investigaciones, los implicados habrían aprovechado la vulnerabilidad de los inmigrantes para contratar mano de obra barata y sin contrato, en condiciones precarias, con el objetivo de agilizar las obras en viviendas destinadas al alquiler vacacional.
Vigilancia frente a alquileres turísticos ilegales
Según la información municipal, el procedimiento sancionador cumplió con todos los trámites requeridos: desde la apertura del expediente hasta la notificación de la propuesta de resolución y la habilitación del plazo de alegaciones para la propietaria, quien tiene derecho a recurrir la sanción ante los órganos administrativos o judiciales competentes. El Ayuntamiento ha recordado que, en edificios plurifamiliares del municipio, la explotación de viviendas como alquiler turístico está absolutamente prohibida, conforme a la normativa insular y local.
El Ayuntamiento explicó que la utilización de plataformas digitales para promocionar estancias turísticas en inmuebles residenciales es una de las principales herramientas para detectar infracciones. Además, el consistorio anunció que seguirá aplicando controles y sanciones similares ante futuros incumplimientos, enfatizando que las multas pueden superar los 170.000 euros dependiendo del valor de la propiedad y la gravedad de la infracción.
El expediente sancionador queda ahora pendiente de la respuesta de la propietaria, quien dispone de los plazos legales para presentar alegaciones o recurrir la multa. Esta resolución se suma a otras acciones recientes promovidas por el consistorio, que reafirma su compromiso con el ordenamiento urbano y la defensa del parque residencial frente a prácticas contrarias a la ley.