«El proceso representa, desde su inicio y a lo largo de todo su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional», sostiene el escrito de defensa de Alberto González Amador
Alberto González Amador ha entregado su escrito de defensa en el juicio por fraude fiscal, falsedad documental, falsedad contable y pertenencia a grupo criminal. Además de defender su inocencia, la pareja de Isabel Díaz Ayuso argumenta que la condena al ex fiscal general del Estado evidencia la vulneración de derechos que ha sufrido. Principalmente, a causa de la actuación de Álvaro García Ortiz, pero también debido a declaraciones provenientes del Gobierno, incluyendo las del presidente, Pedro Sánchez, y del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Como cuestión previa, la defensa señala la «acumulación de violaciones de derechos fundamentales» originadas en «la actividad del Poder Judicial -Ministerio Fiscal- y del Poder Ejecutivo, eliminando el procedimiento penal justo» para el acusado.
El texto presentado por los abogados Carlos Neira y Gabriel Rodríguez-Ramos menciona que el proceso por fraude «fue precedido por la conducta delictiva» del fiscal general, condenado por filtrar a medios afines los correos donde la pareja de la presidenta madrileña admitía el fraude.
«El máximo defensor y garante de la legalidad sustantiva y procesal, así como de la protección de los derechos fundamentales, se transformó, convirtiendo esa posición de garante en una atalaya desde la cual se lesionaron, con una intensidad delictiva, los derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia en este proceso».
«Sin precedentes»
El escrito concluye que el proceso que llega a juicio «constituye, desde antes de su iniciación y durante todo su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo», destacando que lo acontecido con González Amador «jamás se ha visto ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho».
Alejándose de esas violaciones y sus efectos —que se detallarán más adelante en el procedimiento—, la defensa sostiene «la inexistencia» del delito fiscal en 2001 y 2002, ya que no se sobrepasaron los 120.000 euros que separan la vía administrativa de la penal. La Fiscalía de Madrid solicita para González Amador tres años y nueve meses de prisión por fraude fiscal y falsedad documental. La acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid añade cargos y eleva la pena hasta cinco años.