El Ministerio del Interior está indagando si el comisario Óscar San Juan involucró a otros policías en el intento por comprar el silencio de una agente que presentó una denuncia por violación contra el exDAO José Ángel González.
La denunciante afirma que San Juan le propuso asignarle el destino que deseara a cambio de no revelar la presunta agresión sexual, que habría ocurrido en un piso propiedad del Ministerio del Interior.
José Ángel González, exDAO, renunció tras hacerse pública la querella y actualmente consta como jubilado, beneficiándose de una pensión aumentada gracias a condecoraciones.
Óscar San Juan, apodado ‘Mini-DAO’, ha sido destituido y suspendido de empleo y sueldo, mientras continúa la investigación interna sobre posibles faltas.
El Ministerio del Interior examina si el comisario Óscar San Juan implicó a otros miembros de la policía en su presunto intento de comprar el silencio de la agente que ha presentado una querella por violación contra el antiguo director adjunto operativo (DAO) del cuerpo.
San Juan fungía como asesor y brazo derecho del exDAO José Ángel González, quien presentó su renuncia el pasado martes. La mujer que acusa a González de agresión sexual sostiene que San Juan le ofreció el destino que quisiera a cambio de su silencio.
Por este motivo, Interior, en el marco de una investigación interna, ya ha comenzado a analizar si se produjeron «irregularidades» en la conducta de San Juan que pudieran involucrar a otros «comisarios o agentes». Así lo informan fuentes oficiales a EL ESPAÑOL.
Como informó este medio, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid citó a declarar al exDAO para el próximo 17 de marzo.
La citación se produjo tras la admisión de la querella presentada por el abogado de la inspectora, en la que se acusa a González de haber cometido una violación en un piso propiedad del Ministerio del Interior.
Específicamente, se indicaba que la agresión tuvo lugar en la cocina de la residencia de este alto mando policial, considerado el segundo en jerarquía y máximo responsable operativo.
Antes de esa fecha, la próxima semana, el exDAO, que ha contratado un abogado penalista para su defensa, deberá presentarse en el juzgado a retirar una copia de la querella.
Actualmente, Óscar San Juan, conocido como Mini-DAO, fue cesado este miércoles por el ministro Fernando Grande-Marlaska y se encuentra suspendido de empleo y sueldo.
No sufrió la misma consecuencia que su exjefe, quien renunció por indicación del ministerio poco después de que la querella fuera divulgada.
González pasó así a estar en situación de jubilado y, en consecuencia, tiene derecho a una pensión que se incrementa por las dos Cruces al Mérito Policial con Distintivo Rojo que recibió durante su trayectoria profesional.
El exDAO se benefició de una medida introducida con Marlaska para prolongar su carrera. En 2024, el Gobierno, mediante un real decreto que regula las ayudas a víctimas de la dana valenciana, incorporó una controvertida reforma del Reglamento de Personal de la Policía.
Esta reforma permitió que el entonces DAO permaneciera en el cargo más allá de los 65 años, edad que González cumplía en diciembre de 2024.
Además, el Ejecutivo estableció que su cese después de esa edad le otorgaba automáticamente la condición de jubilado.
Gracias a esa disposición, con la dimisión de González, Interior no pudo abrir un expediente disciplinario contra él, algo que sí podría ocurrir con Óscar San Juan. Tampoco fue posible sancionarlo suspendiéndole el sueldo.
Por lo tanto, el exDAO podrá comenzar a recibir su pensión de jubilación.
Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que Marlaska desconocía la existencia de esta querella, presentada en enero pasado.
El presunto acto de agresión sexual, según detalla el abogado de la denunciante, ocurrió el 23 de abril de 2025.
Marlaska ha puesto su futuro en manos de la mujer y, en el Congreso, manifestó su disposición a renunciar como ministro si la querellante se sintió desatendida por Interior.
La querella también señala que la mujer decidió denunciar ante un juzgado debido a su falta de confianza en los protocolos policiales.