El presidente del Gobierno ha reafirmado su apoyo al ministro de Interior tras la acusación de agresión sexual presentada contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.
Fernando Grande-Marlaska es uno de los cuatro ministros que continúan en el Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa en junio de 2018. Asimismo, ocupa el último puesto en valoración entre los 22 integrantes de la coalición que conforman el PSOE y Sumar, según la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO realizada en diciembre pasado. Su gestión, cercana a los ocho años, acumula numerosos conflictos que han derivado en tres reprobaciones políticas en el Congreso y el Senado, promovidas por la oposición.
El más reciente escándalo que afecta al titular de Interior surge por la denuncia de una agente contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, por un supuesto delito de agresión sexual. Esta información salió a la luz el martes después de que el principal mando del Cuerpo, hasta entonces su hombre de plena confianza, fuera citado judicialmente por estos hechos, lo que motivó su renuncia.
En ese momento, Sánchez viajaba hacia La India para una visita oficial de dos días y desde allí, el miércoles, reiteró su respaldo a Marlaska, afirmando que el ministro ha actuado con decisión tras conocer el caso. «Las imputaciones son extremadamente graves. Desde un inicio, el Gobierno expresó su apoyo a la víctima y apartó al DAO de sus responsabilidades. A partir de ahí, la investigación debe continuar hasta el final y traer todas las consecuencias», subrayó el presidente en declaraciones a la prensa en Nueva Delhi.
El ministro del Interior sí sufrió un desaire desde Moncloa en abril del año anterior, cuando se canceló un contrato de compra de armas a Israel por seis millones de euros. Semanas antes se produjo la reversión de competencias en el control fronterizo en Cataluña, una exigencia de Junts, aun cuando el también magistrado excedente había defendido repetidamente que dicha competencia era «exclusiva» del Estado.
Además, a iniciativa del PP, fue reprobado en ambas cámaras legislativas por la «insuficiencia de recursos» para combatir el narcotráfico en la provincia de Cádiz y por su «responsabilidad política» en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en 2024. Sin embargo, Sánchez siempre le ha respaldado públicamente y no ha aprovechado ninguna de las reformas generales ni parciales de su Ejecutivo —la última hace dos meses con la salida de la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría— para sustituirlo.
Controversias
Durante su primer mandato, Marlaska, conocido inicialmente como juez severo contra ETA en la Audiencia Nacional, inició la relajación de la política de dispersión de presos que el presidente había acordado con la izquierda abertzale. También estuvo involucrado en la controversia de los miembros de Ciudadanos que fueron increpados y agredidos en la manifestación del Orgullo de 2019, justo después de que el ministro cuestionara su presencia y comparara a la formación naranja con Vox. El informe policial respaldó su versión, descartando la existencia de delitos en los incidentes.
Durante el estado de alarma por el Covid, Interior impuso más de 600,000 sanciones por incumplimiento de las restricciones, aunque la Abogacía del Estado había señalado que no era viable aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana. Los tribunales comenzaron a anular estas multas hasta que el Tribunal Constitucional anuló todas.
En 2022, al menos 23 migrantes fallecieron intentando forzar la entrada en Melilla. Marlaska negó rotundamente que hubiera muertes en territorio español, pese a que informes posteriores indicaron que agentes marroquíes habrían trasladado a su lado de la frontera a quienes murieron en suelo oficial español.
Además, el Supremo anuló el despido del coronel jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, a causa de desacuerdos con el ministro. La exdirectora del Cuerpo, María Gámez, dejó su cargo tras la imputación de su esposo en una de las ramas del caso ERE, aunque finalmente ese proceso fue archivado.
En su gestión también han surgido investigaciones contra agentes del Instituto Armado. El general de división Francisco Espinosa fue condenado por cohecho en Mediador, la presunta red de concesión de favores políticos a cambio de mordidas. Asimismo, el teniente general Pedro Vázquez Jarava está imputado por la presunta adjudicación irregular de obras para la renovación de cuarteles.
Marlaska ha sido cuestionado también por las devoluciones en caliente a Marruecos de menores que ingresaron masivamente en Ceuta en mayo de 2021; por respaldar en el Congreso la actuación de policías que entraron sin autorización judicial en un domicilio donde se celebraba una fiesta que superaba los límites de aforo por el Covid; y por el hacinamiento en las salas para personas solicitantes de protección internacional en el aeropuerto de Barajas.
Fuentes del Gobierno reiteraron este miércoles que la confianza en Marlaska continúa siendo «total» tras la destitución de su alto mando policial. «Nos enteramos por la prensa y se tardó hora y media en reaccionar», explicaron, y añadieron: «¿Sabíamos y no actuamos? ¿Qué pruebas existen sobre esto?», desafiaron ante las críticas del PP —que exige la dimisión del ministro— acusándolo de «hipocresía».
Desde la dirección del PSOE destacaron «el cinismo y la desvergüenza sin límites» del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, al que culpan de «seguir sin intervenir» en los presuntos casos que afectan en Madrid al alcalde de Móstoles y al jefe de la Policía Local de Alcalá. “Ese silencio no es neutral. Corresponde a una decisión. Es complicidad. Complicidad o miedo a lo que pueda decir su jefa, Isabel Díaz Ayuso”, aseguraron en Ferraz.
Cuatro supervivientes
Además de Marlaska, otros tres ministros permanecen en el Ejecutivo junto a Sánchez desde su primera investidura en 2018, aunque se espera que María Jesús Montero abandono pronto ese grupo: la vicepresidenta primera y titular de Hacienda dejará La Moncloa cuando se convoquen las elecciones andaluzas previstas antes del verano, ya que será la candidata del PSOE para la Junta.
También continúan en ese grupo de supervivientes numantino Margarita Robles, a cargo de Defensa, y Luis Planas, responsable de Agricultura. A diferencia del juez-compañero, ninguno de ellos ha protagonizado grandes controversias durante casi ocho años al frente de sus departamentos.