España solicitará a la Unión Europea que se levanten las sanciones contra Delcy Rodríguez tras la aprobación de la ley de amnistía para presos políticos en Venezuela.
La ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional venezolana excluye a militares, exiliados políticos y a quienes hayan participado en acciones armadas o delitos graves.
José Manuel Albares enfatiza que la UE debe responder favorablemente a los progresos democráticos en Venezuela y presentará la solicitud el lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores.
La ley establece un plazo de 15 días para que los tribunales revisen los casos, aunque también excluye a condenados por delitos de odio, corrupción y violaciones graves de derechos humanos.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció este viernes que España solicitará a la Unión Europea levantar las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras aprobarse este jueves en la Asamblea Nacional una amnistía para presos políticos.
Desde Barcelona, Albares afirmó que la UE debe «enviar una señal» a Venezuela que indique que «se avanza por la vía correcta en esta nueva etapa».
«Las sanciones nunca tienen un fin en sí mismas, son un instrumento para favorecer un diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE debe dar también ese paso», subrayó el ministro.
Además, recalcó que «Nicolás Maduro no está sancionado por la Unión Europea».
Lo solicitará este lunes
Aunque Albares solo indicó que pedirá «formalmente» retirar a Delcy Rodríguez de la lista de sanciones, se espera que esta solicitud sea presentada el próximo lunes durante el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), donde los ministros de Exteriores de los Veintisiete abordarán un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y la situación en Oriente Próximo, entre otros temas.
En una reunión preparatoria de embajadores para este CAE, España pidió incluir un punto en la agenda sobre Venezuela, según informaron fuentes europeas, aunque hasta ahora no se habían divulgado detalles adicionales.
Con la aceptación de esta petición, el ministro podrá presentar a sus colegas la situación venezolana y argumentar la necesidad de revertir las sanciones contra Delcy Rodríguez, aunque contar con un punto en la agenda no garantiza que haya debate o votación al respecto entre los Estados miembros.
La Asamblea Nacional venezolana aprobó por unanimidad una ley histórica de amnistía para presos políticos condenados entre 2002 y 2025 que excluye a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas o de fuerza contra la población, la soberanía y la integridad del país.
De esta manera, los exiliados políticos quedan en una situación incierta. Esta medida está enfocada principalmente en figuras como María Corina Machado y Leopoldo López, a quienes el gobierno de Delcy Rodríguez acusa de «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza».
Respecto a esta ley, que Albares calificó como «una señal clara de que Venezuela avanza en la dirección correcta», el ministro mostró confianza en que sea «lo más amplia posible» y permita «el liberación de presos», al tiempo que instó a Rodríguez a «continuar tomando medidas en esta línea».
Una amnistía con limitaciones
La Asamblea venezolana aprobó este jueves una ley que concede amnistía por actos o «faltas cometidas» durante episodios políticos entre 2002 y 2025, incluyendo el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002, la huelga petrolera de finales de 2002 y principios de 2003, y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
La legislación otorga un plazo de 15 días para que los tribunales revisen y concedan las medidas de amnistía.
A pesar de que la ley incorpora algunas demandas de diputados opositores, excluye a militares —174 de los aproximadamente 600 presos políticos aún en prisión— por estar señalados por delitos de rebelión.
También quedan excluidos aquellos condenados por «delitos de odio», que incluyen a quienes hayan expresado críticas al Gobierno incluso mediante estados de WhatsApp.
En el artículo 9 de la nueva norma se exceptúan de la amnistía los delitos vinculados a violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y los delitos contemplados en la ley anticorrupción.
Además, excluye a quienes puedan ser procesados o condenados por «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial» de Venezuela por parte de «Estados, corporaciones o individuos extranjeros».
La ley establece que las personas beneficiadas que cometan delitos después de que la amnistía entre en vigor serán procesadas conforme a la normativa vigente.
La ONG Foro Penal registra 644 presos políticos en el país, tras más de 400 liberaciones desde que el gobierno interino inició el proceso el pasado 8 de enero.
La mayoría de estos detenidos no ha recibido condena formal y, según familiares, existen retrasos tanto en las audiencias de presentación como en los procesos judiciales.