El juez francés de la CPI Nicolas Guillou enfrenta una pesadilla después de que EE.UU. lo sancionara a él y a otros jueces por emitir una orden de arresto contra el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, revelando nuevamente la vulnerabilidad europea ante la dependencia de servicios estadounidenses.
El 20 de agosto de 2025, el magistrado del Tribunal Penal Internacional, Nicolas Guillou, pasó de ser un juez respetado a un individuo rechazado por las compañías estadounidenses.
ADVERTISEMENT 
ADVERTISEMENT
Ese día, el presidente estadounidense Donald Trump le impuso sanciones por haber autorizado una orden de arresto contra el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y el Ministro de Defensa Yoav Gallant, debido a su implicación en la destrucción de la Franja de Gaza.
Desde entonces, la vida de Guillou se ha convertido en una verdadera pesadilla, ejemplificando la alta dependencia europea de los servicios estadounidenses en un momento de crecientes tensiones transatlánticas.
Guillou y su familia tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense, pero las sanciones también le afectan severamente en su país. No puede utilizar la mayoría de las tarjetas de crédito, dominadas por Visa y Mastercard; muchos servicios digitales le son inaccesibles, e incluso las compras en línea pueden bloquearse si un intermediario estadounidense—como la empresa de envíos UPS—está involucrado.
“La esencia de las sanciones radica en prohibir a cualquier persona o entidad estadounidense prestar o recibir servicios de alguien sancionado”, explicó Guillou a la prensa el martes.
Algunos bancos aplican una “sobrecumplimiento” de las normas, rechazando automáticamente pagos provenientes de individuos sancionados.
“Esto ha ocurrido con varios colegas, cuyas transferencias o compras fueron denegadas porque el banco receptor rechazó transacciones desde personas sancionadas”, afirmó.
“El problema más grave surge cuando esto afecta servicios para los cuales no existe alternativa europea real.”
Guillou contó que hizo una reserva de hotel en Francia a través de la agencia de viajes estadounidense Expedia, pero horas después fue cancelada al comprobar que estaba bajo sanciones.
Actualmente, 11 jueces del Tribunal Penal Internacional enfrentan circunstancias similares.
“Escudo de soberanía”
El magistrado insta a la UE a desarrollar herramientas soberanas, incluido el euro digital, que protejan a los europeos frente a medidas extraterritoriales de EE.UU.
“La única forma de responder eficazmente a estas sanciones es construir una reacción a nivel europeo, porque debe ser económicamente sólida y contar con un alcance político y económico suficientemente potente”, declaró.
Según Guillou, la UE debe legislar para crear un verdadero “escudo de soberanía europea” que garantice la continuidad de los servicios europeos para los actores dentro de Europa.
Advirtió el martes que las sanciones estadounidenses pueden suprimir la vida civil de quienes dependen exclusivamente de actividades en línea.
“Tengo 50 años; viví la década de los 90. No es sencillo, pero sé cómo manejarlo. Sin embargo, si estas sanciones afectaran a jóvenes de 25 años que llevan toda su vida en línea, creo que lo que vivo sería una verdadera muerte civil para ellos.”
Lanza una señal de alerta ante la posible afectación de otros jueces, políticos o funcionarios expuestos a sanciones, subrayando un posible efecto paralizante en sus funciones.
Varios funcionarios de la UE han sido mencionados en informes estadounidenses por colaborar en regulaciones digitales que la Casa Blanca considera problemáticas.
Incluso el excomisario europeo Thierry Breton fue vetado para obtener visa estadounidense por su papel en la creación de la Digital Services Act, que establece multas y normas para la moderación de contenidos en grandes plataformas, principalmente las grandes corporaciones tecnológicas con sede en EE.UU.