El informe no estará disponible hasta dentro de dos o tres meses, aunque la misión ha puesto en valor la «riqueza del debate social» que existe en el país.
Cinco diputados de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo llegaron ayer a España con una misión destinada a evaluar la situación del Estado de Derecho en el país. Provenientes de diferentes grupos políticos, los cinco parlamentarios —entre ellos los españoles Javier Zarzalejos, del PP, y Jorge Buxadé, de Vox— sostuvieron encuentros con altos cargos del ámbito judicial y político para recopilar datos, con el fin de elaborar en un plazo aproximado de dos o tres meses un informe sobre el estado democrático de España.
Durante esta serie de reuniones, que la presidenta de la misión, Raquel García Hermida (Renew Europe), definió como muy «abiertas, constructivas y sustanciales», los eurodiputados mostraron interés en temas que abarcan desde la libertad de prensa y expresión hasta la lucha contra la corrupción y la independencia judicial. En esta última área, que llevó a los parlamentarios a entrevistarse con la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se discutieron las «condiciones bajo las cuales los jueces y tribunales, especialmente aquellos responsables de casos de alto perfil político, desarrollan su labor».
Zarzalejos, en una rueda de prensa celebrada este martes, detalló que la misión europea ha examinado la «preocupación por ataques [a los jueces] o la deslegitimación que puede superar la mera crítica a las resoluciones judiciales», una cuestión planteada por algunos interlocutores. Otro tema tratado fue la condena al ex fiscal general, Álvaro García Ortiz; los eurodiputados se entrevistaron asimismo con su sucesora, Teresa Peramato.
Igualmente, se abordó el procedimiento judicial relacionado con la aplicación de la Ley de Amnistía y las resoluciones pendientes al respecto, que «han generado gran interés» en Europa, según expresó García. En este contexto, los eurodiputados se interesaron por el papel del Constitucional en esta normativa —que el Alto Tribunal respaldó el pasado junio— aunque la discusión sobre el perdón a los implicados en el procés se mantuvo en un tono «descriptivo», dado que aún está pendiente la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el texto.
También fue objeto de evaluación el plan de medidas anticorrupción que Pedro Sánchez anunció tras la imputación del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, junto con los proyectos del Gobierno para transponer la legislación comunitaria relativa a la lucha contra la corrupción. La «tensión social» que domina actualmente el debate público fue otro asunto tratado en las reuniones de los eurodiputados con autoridades nacionales, aunque García destacó la «riqueza del debate social» en España.
La misión europea no mantuvo encuentros con el presidente del Gobierno ni con los ministros de Presidencia e Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, una ausencia que García lamentó. Sin embargo, la presidenta de la misión agradeció la disposición de los interlocutores para proporcionar la información solicitada. Tampoco quiso adelantar, al igual que Zarzalejos, las conclusiones obtenidas tras las reuniones celebradas.
De forma paralela, el representante de los socialistas europeos en la misión, el italiano Alessandro Zan, expresó críticas hacia la evaluación que se ha realizado durante estos dos días sobre España. Zan señaló que populares y socialistas europeos acordaron realizar la visita a España junto con otra evaluación en Italia —donde gobierna la derecha bajo el liderazgo de Giorgia Meloni—, pero que esta segunda visita no se ha llevado a cabo.
«Si la misión se hubiera mantenido en Italia, habría entendido que se actuaba de buena fe», declaró el eurodiputado ante los medios, para subrayar que, tras la cancelación de ese viaje, «queda claro que estas visitas se están utilizando con fines políticos y que el PP intenta aprovechar este estudio sobre el Estado de Derecho para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez».