Se impulsa la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública para prevenir el fraude
El Gobierno ha comenzado la tramitación del conjunto de medidas anticorrupción anunciadas por Pedro Sánchez tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán, quien fue secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025 y está acusado de encabezar un supuesto esquema de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos para obras. En particular, el Consejo de Ministros aprobó este martes en primera lectura el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, cuya elaboración ha estado bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda.
Así, siete meses después del escándalo que sacudió la dirigencia de Ferraz, el Ejecutivo impulsa, entre otras iniciativas, la creación de una agencia independiente que consolidará «funciones dispersas» de varios organismos con el fin de «coordinar la defensa de España en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude«. También se propone «reforzar el control y la transparencia» en las donaciones destinadas a partidos políticos y fundaciones, bajando el umbral de publicación desde los 25.000 euros actuales hasta 2.500, además de intensificar el régimen sancionador en caso de incumplimientos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, indicó que la previsión es que el anteproyecto esté terminado durante este semestre para que después del verano llegue al Congreso y pueda ser aprobado antes de finalizar la legislatura a mediados de 2027 — aunque cometió un lapsus situando las elecciones en el verano de este año antes de corregirse. Asimismo, la titular de Hacienda confía en el respaldo «unánime» de los distintos grupos parlamentarios a estas medidas.
La creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública — promovida por la coalición que lidera La Moncloa, a iniciativa de Sumar — implicaría asumir las funciones que actualmente ejercen la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. El Ejecutivo busca fortalecer su rol introduciendo modificaciones en el ámbito penal, especialmente al ampliar de cinco a siete años el plazo de prescripción para delitos de corrupción con el objetivo de evitar la percepción de «impunidad».
Otra medida en proyecto establece que las personas físicas condenadas por estos delitos no puedan acceder a beneficios penitenciarios hasta que hayan devuelto íntegramente las sumas sustraídas del erario público junto con sus intereses correspondientes. Desde fuentes del Ejecutivo se señala que actualmente la responsabilidad civil es una facultad discrecional de los órganos que conceden terceros grados o, en su caso, la libertad condicional, pero con el cambio se busca que, en casos de corrupción, sea un requisito obligatorio, incluso si el condenado es insolvente.
Además, se plantea que el registro de empresas con prohibiciones para contratar con la Administración pase a ser público y accesible. Las compañías condenadas por prácticas corruptas tendrían ampliada su pena máxima de inhabilitación de 15 a 20 años, periodo durante el cual no podrían beneficiarse de subvenciones ni de incentivos fiscales.
Auditorías en los partidos
Con esta ley, el Gobierno de Sánchez también busca obligar a los partidos políticos a realizar auditorías externas e independientes de sus cuentas, como la que anunció el propio líder del PSOE tras el informe de la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que señalaba cobros vinculados a la manipulación de contratos por parte de Cerdán, su predecesor en la Secretaría de Organización, José Luis Ábalos, y su mano derecha en el Ministerio de Transportes, Koldo García — ambos procesados también por presunta corrupción — con un monto valorado en al menos 620.000 euros.
Otro de los objetivos es regular el uso de herramientas de análisis avanzado y de Inteligencia Artificial para modernizar la Plataforma de Contratación y la Base Nacional de Datos de Subvenciones. Un ejemplo claro que destaca el Gobierno es la implementación de un sistema de tratamiento masivo de datos que cruce la normativa vigente con el registro de lobbies, capaz de detectar patrones de comportamiento que indiquen la existencia de indicios sólidos de actos delictivos.
Asimismo, se pretende fortalecer el papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para localizar el dinero público robado e incorporar mecanismos como el decomiso sin condena o el decomiso de riqueza no justificada, permitiendo actuar sin sentencia previa pero con plenas garantías judiciales. Desde el Ejecutivo subrayan que estas medidas resultan más disuasorias para la delincuencia organizada que las penas de prisión impuestas a sus miembros.