El magistrado ha paralizado la notificación a Íñigo Errejón sobre la apertura del juicio oral relacionado con un presunto delito de abuso sexual contra Elisa Mouliaá.
La defensa de Errejón presentó un recurso que cuestiona si Elisa Mouliaá puede continuar actuando como acusación particular tras renunciar inicialmente y luego retractarse.
El recurso sostiene que la renuncia de Mouliaá al proceso fue válida y no requería la firma de su abogado ni procurador.
La decisión definitiva sobre la continuidad del proceso está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, mientras se resuelve el conflicto procesal.
El juez Adolfo Carretero ha suspendido nuevamente la notificación a Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar en el Congreso, acerca de la resolución que abre el juicio oral contra él por un presunto abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá.
Inicialmente, Errejón fue citado el pasado día 10 para recibir una resolución que le obliga a depositar, en un plazo de 24 horas, una fianza de 30.000 euros.
Sin embargo, el instructor suspendió esa citación «por motivos de seguridad jurídica» hasta que se aclarara el conflicto procesal generado por Mouliaá, quien el 4 de febrero renunció a ejercer la acción penal y luego decidió retractarse.
El martes pasado, la actriz acudió con su abogado al Juzgado para explicar que su renuncia fue producto de un «ataque de ansiedad» y que, tras leer el escrito de Fiscalía solicitando la absolución de Errejón, optó por «continuar con la acusación hasta el final».
El jueves, Carretero consideró que la renuncia de Mouliaá no había sido ratificada y convocó a Errejón para el día 17, con la finalidad de notificarle la apertura del juicio oral.
No obstante, el juez ha parado una vez más la notificación tras recibir un recurso de la defensa del exdiputado que pone en duda la continuidad de Mouliaá como acusación particular.
La defensa sostiene que el escrito de renuncia firmado por la actriz y presentado el 4 de febrero «debe tener pleno efecto legal», sin que sea necesaria su ratificación ni la inclusión de las firmas del abogado y procurador para validarlo.
Comentan que «la ley procesal penal no exige la firma de abogado y procurador para escritos de renuncia al ejercicio de acciones civiles y penales, contrariamente a lo que ha sostenido el instructor«.
La renuncia de la persona afectada es un «acto unilateral y sumamente personal», adoptado en este caso «de manera libre, expresa, consciente y voluntaria por la propia denunciante», señalan.
El recurso enfatiza que ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni otra normativa procesal requieren las firmas del abogado y procurador para formalizar la renuncia a acciones civiles y penales, trámite que la víctima puede realizar «independientemente de su representación legal».
«Lo que resulta contrario a la seguridad jurídica», indican, «es el uso tortuoso y fraudulento que Elisa Mouliaá está haciendo del proceso penal y de la Administración de Justicia, junto con sus vaivenes y decisiones erráticas e incoherentes, burlándose de Errejón y de todos los operadores jurídicos involucrados».
Estos «vaivenes», añaden, también provocan “demoras evidentes” en la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra sobre la continuidad del procedimiento.
Según la defensa, exigir que la renuncia de la acusadora sea firmada por su abogado y procurador conduciría a «situaciones absurdas».
«¿Qué ocurriría si su representante legal no hubiese querido firmar la renuncia? Como parece haber sido el caso, según declaraciones públicas de su abogado», plantean.
«¿Estaría Mouliaá obligada a mantenerse como acusación particular y pagar los honorarios legales a pesar de la negativa de sus abogados a firmar esa acción personalísima? ¿Tendría que buscar otro abogado que aceptase firmar dicho escrito ante la negativa de sus representantes legales?», cuestionan.
«Solicitó el archivo»
Para la defensa del ex portavoz de Sumar, la renuncia de Mouliaá no fue producto de un acto «imprevisto, precipitado, inconsciente, irracional o erróneo».
Por el contrario, consideran que su contenido evidencia una voluntad clara de desistir del proceso, así como el asesoramiento jurídico previo.
Además, no se limitó a renunciar y apartarse del proceso como acusación particular, sino que pidió expresamente el archivo del caso.
Según el recurso, «tan consciente era de esta decisión que incluso argumentó en descargo ante una posible responsabilidad penal derivada de su renuncia», afirmando que “este desistimiento no implica reconocimiento alguno de falsedad”.
La defensa de Íñigo Errejón también resalta que, tras presentar la renuncia en los Juzgados, Mouliaá difundió un vídeo y un comunicado en su perfil de X, etiquetando a numerosos medios para «maximizar la difusión».
Consideran que la posterior comparecencia en el Juzgado el día 10 «no era necesaria y solo buscaba mostrar un protagonismo, sobreactuación y exposición pública que ha mantenido desde el inicio del procedimiento, con el fin de sostener su versión ante medios y opinión pública».
Asimismo, señalan que, según sus propias declaraciones, Mouliaá «renunció a su renuncia» debido al «miedo a una posible acusación por denuncia falsa contra Errejón, indignación y enfado extremos por la postura absolutoria de la Fiscalía, y temor a que, tras la retirada de la acusación particular y la petición de archivo del Ministerio Público, el proceso terminará en sobreseimiento, como en efecto está ocurriendo».