Los tribunales pueden aceptar este documento como evidencia en caso de conflictos laborales u otros procesos judiciales, siempre que cumpla con ciertos requisitos para demostrar su autenticidad y prevenir fraudes
En la actualidad, donde la digitalización avanza rápidamente, las relaciones laborales se desarrollan tanto en entornos presenciales como en plataformas digitales. Ya sea una charla con un colega, una instrucción de último momento o un intercambio de mensajes con un cliente, la comunicación mediante aplicaciones como WhatsApp se ha integrado en la rutina profesional diaria. Aunque estas situaciones suelen pasar desapercibidas, representan una ventaja relevante para el empleado en caso de un conflicto laboral: las conversaciones quedan registradas y, frecuentemente, pueden ser utilizadas en un juicio.
La aceptación legal de las capturas de pantalla de WhatsApp en procesos judiciales, especialmente en el ámbito laboral, suele generar incertidumbre entre quienes enfrentan disputas. Ante esta duda, el abogado laboralista Sebastián Ramírez aclara que dichos elementos pueden cumplir un rol significativo, aunque no definitivo, en el marco de un proceso judicial.
En un video difundido en su cuenta de TikTok (@leyesconsebas), Ramírez expone que “una captura de pantalla puede funcionar como prueba indiciaria, es decir, que se apoya en otras evidencias más contundentes pero que sirve como referencia”. Esto indica que su “valor probatorio depende en gran medida de la existencia de otros elementos que confirmen su autenticidad”. En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil española (art. 299) establece expresamente que se admitirán medios que permitan conservar o reproducir palabras e imágenes relevantes para un proceso, incluidos los electrónicos, siempre que sean pertinentes para demostrar hechos importantes.
Peritaje informático
Para este especialista, lo esencial para asegurar la validez jurídica de una captura de pantalla es contar con la intervención de un perito informático calificado. “Para que una captura tenga plena validez legal, debe ser analizada por un experto informático, quien confirme que efectivamente ese número de teléfono, es decir, el propio, envió o recibió ese mensaje”, detalla el abogado.
Este procedimiento técnico tiene como objetivo prevenir fraudes. Según Ramírez, “hoy en día cualquiera podría alterar una conversación y que la captura no refleje la verdad”. Por ello, la figura del perito informático actúa como una garantía de autenticidad ante los tribunales, facilitando la vinculación de la captura con la cadena de custodia de la prueba digital.
Admisión y límites en los juzgados
A pesar de los cuidados, Ramírez reconoce que, en la práctica judicial, este tipo de pruebas no siempre es descartado: “como regla general, es necesario acompañarla con evidencias más contundentes, pero he observado que muchos juzgados suelen admitirlas y pueden influir en la valoración del caso”.
Esto se alinea con recientes criterios del Tribunal Supremo español, que han ratificado que las conversaciones de WhatsApp pueden ser consideradas como prueba válida si cuentan con garantías suficientes de integridad y autenticidad. No obstante, otras resoluciones, como la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 132/2025, reiteran que las capturas sin autenticación no pueden verificar de manera fehaciente la identidad de los interlocutores, la fecha o la ausencia de manipulaciones.