La previa propuesta de ayudas fiscales para los arrendadores que no incrementen los precios no convenció a los socios del Gobierno, que buscan una alternativa que combine ambas herramientas
El Gobierno está en conversaciones con los grupos parlamentarios para introducir penalizaciones fiscales a los arrendadores que incrementen el precio de sus viviendas en alquiler, tal como adelantó esta mañana El País y confirmaron fuentes oficiales a Europa Press. La iniciativa contempla sancionar a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a aquellos caseros que aumenten las rentas al renovar contratos, sin afectar las actualizaciones anuales que se aplican normalmente según la evolución del índice de precios al consumo (IPC).
Tras la negativa de los socios del Gobierno a la propuesta del Ejecutivo de ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios que mantengan los precios, los ministerios de Hacienda y Vivienda analizan ahora un modelo que combine dichos incentivos fiscales con dispositivos que desincentiven el aumento de los contratos. Estas negociaciones se desarrollan en un contexto donde cerca de 1,6 millones de inquilinos enfrentan posibles incrementos del 30% debido a la finalización de más de 630.000 contratos durante 2026.
Hasta el momento, la estrategia del Ejecutivo se había centrado en reducciones y deducciones estatales para los caseros, las cuales podrían modificarse si esta propuesta, aún en elaboración, llega a implementarse. Según informaron fuentes oficiales a Efe, la nueva fórmula se basaría en aplicar la bonificación del 100% para aquellos caseros que mantengan el precio y reducir el porcentaje de la reducción general del 50% para quienes sí suban las rentas, aunque se descarta eliminarla por completo.
Sumar considera que la medida tendrá un efecto “cosmético”
Tanto Sumar como Podemos y EH Bildu han reafirmado su rechazo a apoyar las ayudas a propietarios como mecanismo para favorecer a los inquilinos. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, junto con la formación política liderada por Yolanda Díaz, socio minoritario del Gobierno del PSOE, han defendido una prórroga automática de los alquileres vigentes como única alternativa para frenar la escalada de precios, a la cual brindarán su respaldo.
Los elevados precios de los alquileres impulsan la compra apresurada de viviendas (para quienes pueden permitírselo): “No hay alternativa porque no existe oferta”.
Respecto a la nueva propuesta, Sumar ha enfatizado que disminuye el “privilegio fiscal” de los caseros sin eliminarlo y califica su impacto sobre los precios como meramente “cosmético”. Además, la formación recuerda que ya aseguró su rechazo a planteamientos que prioricen los intereses de los arrendadores frente a los de los arrendatarios cuando esta medida se discutió anteriormente en la mesa de negociación. Los liderados por Díaz consideran “injusta” la vía de los incentivos fiscales y lamentan que la hoja de ruta del Gobierno para moderar el encarecimiento de la vivienda dependa de la buena voluntad de los caseros.
Mayor control sobre contratos temporales y de habitaciones
Los planes del Gobierno para regular el mercado de la vivienda también incluyen nuevos límites para los contratos temporales con el fin de evitar abusos en los alquileres de corta duración. Según informa Europa Press, estas reformas legales establecerían condiciones estrictas para que un alquiler sea considerado estacional, además de sanciones ante incumplimientos.
Otro foco del Ejecutivo son los alquileres por habitaciones, que hasta ahora quedan excluidos de la mayoría de regulaciones contempladas en la Ley de Vivienda. La propuesta gubernamental pretende garantizar que la suma de las rentas de todas las habitaciones de un inmueble no supere el valor del alquiler de la vivienda completa. Además, se aplicará la misma normativa que el resto de alquileres en las áreas clasificadas como zonas tensionadas.
*Con información de agencias