El Tribunal Supremo está evaluando si continúa con el juicio contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama o si remite el caso a la Audiencia Nacional tras la renuncia de Ábalos como diputado.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la opción de reducir aún más la pena solicitada para Aldama debido a su colaboración, pero solo tras la celebración del juicio oral.
Las defensas de Ábalos y García buscan que el caso sea trasladado a la Audiencia Nacional con el fin de obtener mayores derechos procesales y postergar el proceso.
El testimonio de Aldama resulta fundamental para la acusación, que sostiene que Ábalos favoreció contratos de mascarillas a cambio de beneficios económicos.
Desde ayer, la Sala Penal del Tribunal Supremo está deliberando sobre el futuro de la primera causa por delitos de corrupción que involucra a quien fuera miembro del Gobierno de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Siete magistrados deben decidir si el procedimiento sigue su curso hasta el juicio oral en el Tribunal Supremo, como solicitan la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular y la defensa del empresario Víctor de Aldama, o si debe ser remitido a la Audiencia Nacional, petición presentada por las defensas de Ábalos y su exasistente, Koldo García.
La argumentación de las defensas se basa en que, tras la renuncia de Ábalos a su escaño el pasado 28 de enero, ningún aforado queda sujeto a la competencia del Tribunal Supremo.
Esta situación impacta en los derechos procesales no solo de Ábalos, sino también de los otros dos acusados que nunca han gozado de aforamiento: García y Aldama.
En caso contrario, ambos serían investigados en la Audiencia Nacional, dado que sus conductas nunca habrían sido separadas de las atribuidas a Ábalos. Además, todos tendrían derecho a la doble instancia penal en la Audiencia Nacional.
Los tres acusados asistieron a la audiencia preliminar celebrada ayer. Las defensas de Ábalos y Koldo no lograron detenerla, a pesar de sus reiterados intentos: cuestionaron la competencia del Supremo, solicitaron una consulta al Tribunal de Justicia de la UE que paralizaría indefinidamente el proceso y presentaron una recusación extemporánea que fue rechazada por la Sala en apenas 15 minutos.
Ábalos y García solicitaron participar en la audiencia mediante videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, donde se encuentran detenidos desde el 27 de noviembre por «alto riesgo de fuga».
El tribunal denegó esta petición argumentando que la ley establece la presencia física de los acusados en la audiencia preliminar.
Así ocurrió la poco común imagen de un exministro sentado en el estrado escoltado por dos policías a su derecha y otros dos al lado de su exasistente. Durante las tres horas y media que duró la audiencia, García trató de cubrirse el rostro.
Tres asientos más adelante se encontraba Aldama, con quien no tuvieron interacción alguna. El abogado del empresario, José Antonio Choclán, defendió que «el aforamiento no debe interpretarse como una pérdida de garantías, sino como un privilegio que ofrece garantías: ser juzgado por magistrados del Tribunal Supremo«.
Aldama enfrenta este primer procedimiento con una posición más favorable que la de sus coacusados.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares solicitan para él siete años de prisión, mientras que para Ábalos piden 24 años y para García 19 años y medio (30 años de cárcel reclaman las acciones populares para ambos).
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, abrió paso ayer a la posibilidad de una reducción aún mayor de la pena solicitada para Aldama en función del desarrollo del juicio.
«No existe ningún acuerdo con el acusado Aldama», afirmó Luzón. «Hay una confesión ante la Audiencia Nacional no inducida por el Ministerio Fiscal y que el fiscal no conoció en sus términos estrictos con antelación», explicó.
«La Fiscalía tomó conocimiento en ese mismo acto de lo declarado por Aldama. No se trata de una declaración premiada ni algo similar, sino que esa reducción de la petición de pena se establece de manera imperativa en el Código Penal«, precisó.
«El debate, agregó, podría centrarse en si se considera la atenuante como muy cualificada o no, aunque no es oportuno discutirlo antes del juicio oral», indicó el representante del Ministerio Público.
«El peso de la declaración de Aldama será valorado por esta Sala, determinando si tiene relevancia y si está corroborada por otras pruebas. Pero esto se dirimirá en el juicio«, concluyó.
Estas palabras fueron respuesta a una intervención anterior de Choclán, quien había declarado que «estamos conformes con los hechos del escrito de acusación, pero discrepamos en las consecuencias jurídico-penales», es decir, en la solicitud de pena.
El testimonio de Aldama es fundamental para la tesis fiscal. El Ministerio Público sostiene que Ábalos, «aprovechando su cargo en el Gobierno y también en el PSOE» y «a cambio de un beneficio económico correspondiente», favoreció la adjudicación de millonarios contratos de mascarillas a la empresa identificada por Aldama.
Estrategia para dilatar el proceso
Las acusaciones desean que el procedimiento, que también incluye otros delitos como tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, continúe en el Tribunal Supremo, donde solo queda celebrarse el juicio oral.
«Es mi deber referirme a lo que se oculta tras la petición de una pérdida de competencia del Tribunal Supremo«, declaró Luzón durante la audiencia preliminar.
El fiscal advirtió que, de enviarse la causa a la Audiencia Nacional, esta volvería a la fase de instrucción, se practicarían múltiples diligencias y se determinaría la posible participación de otras personas, acompañadas de numerosos recursos… En resumen, toda una dilación procesal.
Esto afectaría al derecho a un juicio en un plazo razonable, argumentó.
En línea similar, el abogado de la acusación popular, Alberto Durán, afirmó que las defensas de Ábalos y García cuestionan la competencia del Supremo «como una estrategia: desean que el caso se traslade a la Audiencia Nacional y solicitar de inmediato la libertad» de los acusados.