Perdidas en un laberinto de trámites, se han agrupado en un chat de WhatsApp. «La única psicóloga que me atendió lo hizo en la estación de Huelva. Al llegar y ver las coronas fúnebres, tuve un ataque de ansiedad»
«La única psicóloga que me ha atendido hasta ahora fue en la estación de Renfe de Huelva. Al llegar, me dio un ataque de ansiedad debido a que estaban allí colocadas las coronas fúnebres [en memoria de los onubenses fallecidos en la tragedia]. Me atendieron en una sala dentro de la estación, donde entraban y salían operarios. En la mesa había una empleada de Renfe tomando notas y dos psicólogas. El trato fue correcto y amable, aunque el lugar no era adecuado».
Sara, de 37 años, administrativa y víctima del accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, habla desde su domicilio en Huelva. Está de baja médica por un esguince cervical que sufrió, ya que viajaba en el coche 3 del Alvia 2384 Madrid-Huelva, además de por las secuelas no físicas. Hoy tiene previsto ser vista por la psicóloga que la aseguradora de Renfe, HNA, dijo que le facilitaría. «Pero me llamará para comunicarme que no me atenderán, porque les ha pasado a otros afectados. Ahora que ha disminuido la emergencia, Renfe o la empresa que gestiona a los psicólogos paga menos por las consultas, y con ese precio no las realizan», continúa relatando la falta de atención que está padeciendo un grupo que suma 46 fallecidos.
«En este momento tomé un ansiolítico hace dos horas, tengo mucha ansiedad y no logro dormir. Además, en lugar de estar tranquila en casa, debes estar siempre investigando, preguntando, enviando correos electrónicos y comprobando ‘si esto es cierto o no’, porque como no hay nada oficial, te ves obligada a gestionar la información por tu cuenta».
La misma confusión, o incluso mayor —«yo al menos poseo nociones de derecho y sé cómo actuar», apunta Sara— abruma a las 101 víctimas que integran el grupo de WhatsApp «comunidad afectada 18 de enero». En este espacio, fundamentalmente, intercambian información sobre los procedimientos a seguir, las contradicciones en las respuestas recibidas según la ventanilla consultada, cómo acceder a indemnizaciones o reclamar los objetos perdidos durante el accidente.
Sara fue la primera de los afectados en enviar una queja al Defensor del Pueblo, denunciando que la gestión errática está incrementando «el daño emocional y la sensación de indefensión» que padecen, solicitando entre otros puntos que «se publique y facilite a cada afectado un protocolo único, completo y por escrito con: cobertura, autorizaciones, reembolsos, plazos, canales y responsables».
Forma parte de este grupo y también planea elevar su queja al Defensor del Pueblo Victoria Camacho, de 42 años, quien ocupaba el asiento 7A del coche 3 del Alvia, como se aprecia en el billete que muestra en la foto. No ha podido hacerlo aún porque sigue recuperándose; requiere ayuda para levantarse o acostarse y debe moverse lentamente; apenas logró sentarse frente al ordenador ayer para seguir preparándose para las oposiciones a Prisiones, motivo de su viaje en el tren, de retorno tras el primer examen.
El primer paso, afirma, será denunciar al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, al que se trasladó sin ayuda tras el accidente desde Adamuz, junto con otros tres pasajeros en un taxi que costeó por cuenta propia. «Un médico me informó que mi hospital de referencia era el Infanta Elena y que allí no podrían atenderme. ‘Estoy sola, ¿cómo vuelvo?’. ‘¿Cómo llegaste aquí?’. ‘En taxi’. ‘Entonces pide otro taxi’», relata.
Victoria narra extensamente las múltiples desatenciones recibidas en las primeras horas tras el accidente, aunque puede resumirse en que se dirigió al Infanta Elena según le indicaron, donde le realizaron radiografías de pie y zona lumbar, en las que no detectaron lesión alguna.
«La madrugada del día 20, en casa de mis padres, acostada, el dolor era insoportable. Llamé al 061 y me trasladaron en ambulancia al Infanta Elena nuevamente. Tras muchas horas en la sala de espera me realizaron un TAC y una vez finalizado, dos enfermeras llegaron para informarme que debía ser trasladada urgentemente a una camilla y permanecer inmóvil. Entendí que tenía fracturas en las vértebras 1, 2 y 3». También sufrió una fractura en una costilla y un esguince en el pie, lesiones que requirieron 10 días de hospitalización. «Ninguno sabe cómo gestionar los trámites, así que ayer contacté con un abogado para que se encargue de todo», añade sobre el proceso burocrático que afronta.
Para ilustrar el caos y las instrucciones contradictorias, uno de los integrantes dejó un mensaje en el grupo: «Mi hija fue a reclamar el reembolso del billete del tren y le dijeron que si lo aceptaba, después no podría reclamar nada más. Sé que algunos sí lo han recibido, pero a ella le indicaron que, aunque se lo pueden devolver, no podría reclamar después porque sería como si no hubiera viajado».
«Yo no puedo conducir debido a los mareos y porque la medicación que tomo indica claramente que está prohibido conducir», prosigue Sara describiendo las dificultades que enfrentan los heridos tras el accidente. «Debo usar taxis; mi padre me ha estado llevando los primeros días, pero no puede hacerlo seis meses. Cuando llamo para reclamar este gasto, me responden que no, que deben evaluarlo, pero no me dan ningún documento escrito. Solo cambiaron de postura cuando dije que estaba grabando nuestras llamadas y que planeábamos reunirnos con la delegación del Gobierno porque consideraba indignante el manejo», relata sobre su comunicación con Everest, la aseguradora de Renfe, a la que tuvo que acudir tras informarse en el grupo. «Solo en fisioterapia y taxis ya gastamos cada uno 3.000 euros», comenta sobre sus facturas y las de su pareja, que también viajaba con ella y sufrió un esguince cervical.
«La gestión está siendo un desastre, una verdadera vergüenza. Recuperé la maleta, pero está destrozada. Tiene agujeros por todos lados, la plancha para el pelo está rota, el portátil no apareció, aunque sí el cargador. Sé de compañeros que recuperaron la cartera pero no el dinero que contenía», comenta acerca de sus pertenencias personales, sobre las cuales los afectados también desconocen dónde reclamar o cómo solicitar indemnización.
Además, critican el Real Decreto aprobado por el Gobierno para organizar las ayudas: «Establece que los heridos tenemos tres meses para solicitar el anticipo de las indemnizaciones. ¿Cómo se supone que sabremos qué reclamar si aún están evaluando nuestros daños y secuelas?».