Los letrados del Congreso han dictaminado en contra de otorgar la indemnización por cese a José Luis Ábalos tras su dimisión como diputado.
El documento indica que Ábalos ya estaba suspendido al presentar su renuncia y que esta ayuda no es compatible con la pensión de jubilación que ha solicitado.
La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, será la encargada de decidir, aunque fuentes parlamentarias consideran poco probable que revoque el informe jurídico.
Ábalos, quien ejerció como diputado durante 16 años, aspiraba a recibir hasta 80.000 euros, pero la suspensión de sus derechos como diputado lo impide.
Los letrados del Congreso rechazan la indemnización para José Luis Ábalos tras su cese como diputado.
En un informe remitido a la Mesa, que decidirá este martes, argumentan que el exparlamentario ya estaba suspendido al momento de renunciar tras su ingreso en prisión, y que esta ayuda resulta «incompatible» con la pensión de jubilación pedida.
Con el informe ya presentado, será la Mesa quien defina el curso de acción. Fuentes parlamentarias afirman que “difícilmente” adoptarán una decisión contraria porque “es un asunto jurídico”.
Aunque la Mesa podría apartarse del parecer de los letrados si la mayoría lo aprueba, esta mayoría pertenece a PSOE y Sumar.
El reglamento contempla indemnizaciones para exparlamentarios equivalentes a un mes de sueldo por cada año en el Congreso, hasta un máximo de 24 meses. Sin embargo, es la primera vez que el solicitante está en prisión provisional con derechos suspendidos.
Por ello se solicitó este informe que sostiene que, hasta la fecha, la Mesa ha considerado que las suspensiones de diputados «cubren la totalidad de derechos, prerrogativas y beneficios vinculados a la condición de diputado». Esto afecta asimismo al derecho para pedir esta compensación.
En su documento de cinco páginas, recuerdan que la jubilación “es incompatible” con esta pensión y que su combinación contradice el fin establecido por el Reglamento de pensiones parlamentarias.
A finales de enero, Ábalos explicó en X que no le quedó más opción que «optar por la jubilación» después de quedar «sin ingresos ni protección social».
También sostienen que la suspensión de diputados “engloba todos los derechos, prerrogativas y beneficios inherentes a la condición de Diputado, sin que parezca lógico que la pérdida del acta genere la recuperación de derechos previamente inexistentes”.
Ábalos, quien fue diputado por Valencia durante 16 años (de 2009 a 2025), aspiraba a cobrar 5.000 euros por cada año, que es lo que percibía mensualmente al presidir una comisión parlamentaria.
Esto equivaldría, según fuentes cercanas, a cerca de 80.000 euros. No obstante, fuentes parlamentarias calculan que la indemnización sería equivalente a una mensualidad del sueldo base (3.236,32 euros) por cada año en el Congreso, sumando hasta un máximo de 52.000 euros.
A finales de noviembre, antes de su ingreso en prisión, la Presidencia del Congreso ya advirtió que, de no renunciar a su acta, tendría difícil cobrar la llamada «indemnización por cese», ya que la privación de derechos como diputado al ingresar en prisión lo impediría.