Dieciocho militares españoles de la OTAN presentan denuncia contra la ‘número 3’ del Ministerio de Defensa por presunta prevaricación continuada

Se denuncia que el ministerio desatiende las sentencias que le obligan a otorgar los servicios especiales al personal estatutario de la organización

Cuartel general de la OTAN en Bruselas.

Dieciocho militares españoles que desempeñan funciones como personal civil internacional en la OTAN, se han unido para presentar una querella contra la tercera autoridad del Ministerio de Defensa. Acusan a la subsecretaria de Estado, Adoración Mateos, de un delito continuado de prevaricación administrativa, además de coacciones. Esta denuncia fue presentada esta misma semana ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, según declaró el abogado representante de los querellantes, Antonio Suárez-Valdés.

Se trata de una querella poco común que revela una conflictiva disputa con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, estos militares —entre oficiales y suboficiales— aseguran que los fundamentos están justificados por «la arbitraria toma de decisiones del Ministerio de Defensa» en los últimos años.

El núcleo de la denuncia se centra en el pase a «servicios especiales», una condición laboral que permite cambiar de puesto —como trasladarse a la OTAN— sin perder la condición militar, manteniendo así la antigüedad, con sus efectos en trienios, ascensos y demás beneficios.

En muchos casos, los querellantes ya habían disfrutado de esta situación de servicios especiales otorgada por el ministerio, dado que eran «personal estatutario de la OTAN». No obstante, al intentar renovarla, fueron rechazados o recibieron silencio administrativo, lo que les llevó a solicitar una excedencia para no perder su empleo en la OTAN.

Solicitar una excedencia también implicaba perder antigüedad y otros derechos que se conservan con los servicios especiales. La querella señala que la Ley de la Carrera Militar, en su artículo 109.1. k, establece la obligación de declarar al militar en situación de servicios especiales cuando se convierta en personal estatutario de la OTAN, acreditado mediante certificado oficial emitido por esta organización.

Todos los querellantes presentaron estos certificados en cada caso. Conforme a lo estipulado en la Ley de la Carrera Militar, el ministerio no debería haber tenido que autorizar ni denegar esta situación de servicios especiales, ya que la ley lo establece de forma automática sin necesidad de permiso alguno.

No obstante, en 2022 el Ministerio de Defensa comenzó a exigir una autorización previa del Estado español para permitir el pase a servicios especiales. Esto llevó a numerosos militares destinados en la OTAN y otras entidades a presentar recursos contenciosos que el sistema judicial ha venido fallando a favor. Entre 2023 y 2025 se emitieron varias sentencias que declararon ilegal esta práctica por parte del ministerio.

Además, el Consejo de Estado emitió, en 2024, un dictamen contrario a la modificación reglamentaria de Defensa, que buscaba limitar el acceso a los servicios especiales.

La querella detalla un patrón recurrente en el proceder ministerial: 1) Negativa o silencio administrativo ante las solicitudes de servicios especiales; 2) La obligación del solicitante de pedir una excedencia para conservar su contrato en la OTAN; 3) La presentación de recursos contencioso-administrativos; 4) La reiterada resolución favorable por parte de los tribunales; y 5) La persistencia del Ministerio en denegar el pase a servicios especiales a pesar de las numerosas sentencias firmes en contra.

Según el despacho de Suárez-Valdés, estas denegaciones «son arbitrarias, ilegales y dictadas conscientemente», lo que configuraría un delito continuado de prevaricación, debido a la reiteración en el tiempo y en múltiples ocasiones. Asimismo, la actitud de la subsecretaria para «impedir el ejercicio de este derecho legal» y forzar soluciones perjudiciales, como las excedencias para quienes deseaban mantener su puesto en la OTAN, constituiría un delito de coacciones, según los denunciantes. La querella está pendiente de ser admitida a trámite.

Este medio intentó obtener durante el miércoles una versión o declaración oficial del Ministerio de Defensa sobre el asunto, sin haber recibido respuesta al cierre de esta edición.

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