Fueron 24 horas de caos absoluto, con llamadas, diálogos y propuestas que cambiaban constantemente sobre la marcha.
A medida que todos iban llegando y el reloj marcaba las 09:30 horas, los ministros tomaban café y conversaban en una sala contigua al Consejo de Ministros. Sin embargo, en más de una ocasión, ese café permanecía intacto en la taza para algunos. Especialmente en las caóticas mañanas de negociaciones, como la de ayer, donde hasta el último momento se estaba definiendo cómo se protegería la revalorización de las pensiones y la moratoria para la prohibición de desahucios. El plan original de La Moncloa contemplaba la aprobación de dos decretos: uno dedicado a las pensiones y las medidas del llamado escudo social, y otro exclusivo para los desahucios. No obstante, la presión de sus socios, incluyendo a Sumar, y una última reunión de última hora entre ministros socialistas y magentas obligó a cambiar el plan: se optó por un decreto para las pensiones y otro que integrara todas las medidas del escudo social, incluyendo los desahucios.
Fueron 24 horas muy agitadas, con llamadas, debates y propuestas que se modificaban continuamente. La puerta a las dudas para los aliados del PSOE se abrió justo cuando estos accedieron a corregir, retractarse y dividir el decreto ómnibus que el Congreso había rechazado bajo el voto en contra de PP, Vox y Junts.
La Moncloa presentó a los grupos un plan con dos decretos, aunque fuentes mencionan que incluso se consideraron tres. El proyecto inicial, que figuraba en el índice -orden del día- del Consejo de Ministros, contemplaba dos decretos; sin embargo, las pensiones iban acompañadas de medidas del escudo social como la prohibición de cortar suministros básicos a consumidores vulnerables o el bono social, entre otras, dejando en un texto separado la moratoria de la prórroga sobre los desahucios, tema que causaba el rechazo de Junts, PNV y Coalición Canaria.
Esta postura llevó a los aliados del PSOE -ERC, Bildu, BNG…- a mantener consultas durante toda la tarde del lunes para evaluar la situación y las consecuencias de lo propuesto desde Moncloa. «La prioridad era lograr la aprobación de todas las medidas del escudo social», afirmaron fuentes parlamentarias. No obstante, la estrategia del Ejecutivo ponía en riesgo ese objetivo al dejar aislada la moratoria de la prohibición de desahucios. «Si hubiésemos dejado los desahucios separados, habrían sido rechazados», señalaron desde una de estas formaciones.
Lo mismo pensaban en Sumar, cuya postura consistía en aceptar separar pensiones y desahucios en dos textos solo si se aprobaban simultáneamente. «No queríamos que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto del escudo social para facilitar que la derecha pudiera votar en contra», insistieron fuentes de Sumar. «Queremos aprobarlo todo y demostrar que no hay que elegir entre vivienda o pensiones». Por eso la negociación se prolongó hasta el último minuto, con el socio minoritario presionando al PSOE. Los ministros socialistas también defendían no separar desahucios del escudo social.
«Se modificó porque se considera que tiene mayor probabilidad de ser aprobado», explican fuentes del sector socialista del Gobierno. «Creemos que es la opción más adecuada. Hicimos lo que estimamos genera más consenso», aunque el plan inicial era distinto. Se pensó en proteger las pensiones y asegurar su aprobación con medidas del escudo social menos conflictivas, asumiendo el riesgo de sacrificar la prohibición de desahucios, pero eso generó descontento y malestar entre los socios. Separar las pensiones fue una exigencia del PP y Junts para dar luz verde a su aumento. Ambos partidos respaldarán ahora esa subida, pero no al escudo social.
En los días recientes, los negociadores de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Félix Bolaños e Isabel Rodríguez, dialogaron con todos los grupos salvo con Vox y Junts. Vivienda ha estado muy involucrado en este proceso. Sin embargo, el voto de los siete diputados de Carles Puigdemont continúa siendo decisivo para aprobar las medidas del Ejecutivo, dada la imposibilidad de un acuerdo entre PP y PSOE. Con el diálogo roto con los independentistas catalanes, los socialistas han visto en el PNV un intermediario. Buscaron un pacto con los nacionalistas vascos que suaviza la moratoria antidesahucios, intentando así convencer a Junts.
El texto exime a los pequeños propietarios de la obligación de proporcionar una solución habitacional a personas vulnerables y permite que, si un arrendador en situación de vulnerabilidad posee tres o más viviendas, el desahucio pueda proceder al considerarse equiparable la posición de dueño y arrendatario.
A pesar de haber atenuado la propuesta, Junts está decidido a rechazar el escudo social. Miriam Nogueras anticipó ayer su voto en contra «pendiente de revisar los detalles», calificando la propuesta de «injusta, ya que el costo de este escudo social recaerá sobre el pequeño propietario y los vecinos».