La representante del PP en el Senado desafía al ministro a aclarar el papel del ex presidente: «Si actuaba bajo instrucciones del Gobierno, usted es el colaborador necesario; pero si lo hacía por iniciativa propia, entonces permitió una diplomacia paralela con indicios de corrupción»
El Partido Popular mantiene sospechas sobre Zapatero. Además, está convencido de su implicación en operaciones oscuras con el régimen venezolano, con el que ha tenido vínculos estrechos. Los populares consideran que los lazos entre el ex presidente del Gobierno y la Venezuela bolivariana van más allá de una simple «mediación» diplomática para facilitar el diálogo político y la liberación de presos, y entran de lleno en el ámbito de la «corrupción». Así lo expresó en el Senado la portavoz del PP, Alicia García, durante su enfrentamiento con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a quien exigió que explique las actividades de Zapatero relacionadas con la política exterior española.
El intento fue infructuoso. El responsable de la diplomacia española evitó responder, argumentando que, pese a las noticias publicadas, no realiza comentarios ni formula acusaciones o insinuaciones contra el también ex presidente del Gobierno, José María Aznar, «aunque su nombre haya aparecido en los papeles de Epstein«, refiriéndose al millonario pedófilo que se suicidó en prisión.
García retrató al ex presidente como «un comisionista, un recadero, un defensor y blanqueador de una dictadura violenta». Afirmó que es «el nexo corruptor, la persona que maneja los hilos del sanchismo» y urgió a Albares a aclarar por qué Zapatero «operaba en Venezuela» si, según el propio ministro, «no actuaba bajo encargo del Gobierno».
«O Zapatero trabajaba por instrucciones del Gobierno y entonces usted es el colaborador necesario, o actuaba sin autorización y, en ese caso, permitió una diplomacia paralela, opaca, con sombras de corrupción», acusó la senadora, quien consideró que Albares «está adquiriendo la misma imagen en el caso Plus Ultra que González Laya en el caso Delcy«.
García reiteró que «Zapatero operaba en Venezuela realizando viajes fuera de agenda oficial, con vuelos por países caribeños, usando aviones del régimen chavista y en colaboración con empresarios actualmente investigados por blanqueo de capitales y organización criminal», además de «recibir pagos por consultorías ficticias financiadas por quienes recibieron dinero del rescate de Plus Ultra». Añadió que las empresas familiares, en referencia a las hijas del ex presidente, «mantuvieron negocios con empresarios de Plus Ultra y multinacionales chinas en los mismos países donde Zapatero actuaba».
Albares se libró reprochando a los populares por no abordar cuestiones esenciales de política exterior, a pesar de que, en su criterio, España es un referente «escuchado y respetado» a nivel internacional. El ministro criticó a García por no mencionar en su intervención a Ucrania, Irán, Groenlandia, la transición en Venezuela, Gaza o Sudán. «No tienen conocimiento de nada», afirmó, mostrando su orgullo por ex altos cargos españoles bien posicionados en la política europea, mencionando a Josep Borrell, Teresa Ribera y Nadia Calviño, pero sin referirse a Rodríguez Zapatero.
Asimismo, lamentó que el PP acuse al ex presidente mientras el Gobierno y él mismo optan por el silencio ante las informaciones que relacionan a otro ex presidente, José María Aznar, con el millonario pedófilo Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión.
La portavoz de los populares denunció además la existencia de «información que apunta a vías ilegales de financiación del Partido Socialista vinculadas al petróleo chavista, gestionadas desde una dictadura con dinero procedente de los españoles». Para el PP, el esquema es sencillo: «Zapatero presiona al gobierno, la empresa paga a un intermediario y este último paga a Zapatero. Así, 53 millones salen del bolsillo de los españoles, pasan por el chavismo y retornan al sanchismo».
García definió este «círculo vicioso de la corrupción» con claridad: «Fondos públicos destinados a dar apariencia legal a recursos de origen criminal».