Isabel Díaz Ayuso señala al PSOE por fabricar una denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles con la intención de distraer la atención del ‘caso Salazar’.
El PP niega cualquier tipo de presión para ocultar la denuncia y afirma que el expediente interno fue cerrado por falta de evidencias.
PSOE, Más Madrid y Vox exigen la renuncia del alcalde de Móstoles y critican cómo el PP ha gestionado esta situación.
Según el Partido Popular, la denuncia carecía de fundamentos y defienden la presunción de inocencia del alcalde, mientras que la controversia aumenta en el debate político madrileño.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves acusó al PSOE de falsificar una denuncia de acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, para desviar la atención del llamado caso Salazar. La denuncia, que se hizo pública este jueves, ha generado una fuerte reacción política, con el PP apoyando al alcalde y rechazando las imputaciones.
En la primera sesión de control en la Asamblea de Madrid, la portavoz del grupo socialista, Mar Espinar, interrogó a Ayuso sobre la controversia, que según la oposición cuestiona la gestión del PP en la Comunidad y su defensa del «feminismo».
En respuesta, Ayuso evitó profundizar en la polémica y denunció que el dar a conocer este caso relacionado con el alcalde del segundo municipio más grande de Madrid es una «estrategia» del PSOE para emplear la denuncia como «una campaña política».
«No he venido a este pleno a promocionar la campaña de Pilar Alegría, que está en declive», afirmó Ayuso, haciendo referencia a la exministra de Educación y sus posibles resultados electorales el próximo domingo 8. Además, enfatizó que la denuncia coincide con la comparecencia en el Senado del exasesor socialista Salazar. «Mientras Salazar interviene en el Senado, sacan un caso creado por el PSOE», añadió.
La presidenta defendió, asimismo, la legitimidad de su mandato ante las críticas socialistas: «Vivimos en una democracia; los madrileños me eligieron a mí, y a usted la designaron a dedo», declaró, acusando a Espinar de reducir su intervención a intentar mostrar a Ayuso como «una mala persona».
«Manipulan cualquier asunto, usando la verdadera problemática de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia que rodean a Salazar y a la Moncloa y que ustedes encubrieron. Estamos hablando de más de 40 denuncias diferentes», concluyó Ayuso.
«No se ha ocultado nada»
La controversia explotó este jueves tras la publicación en El País de un reportaje que asegura que el PP de Madrid presionó a una concejala de Móstoles para que no hiciera pública una denuncia interna por acoso contra el alcalde del municipio, Manuel Bautista. Según el diario, la edil informó a la organización, pero la queja fue gestionada internamente y no trascendió.
Poco antes de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad, en los pasillos de la Asamblea se expresó el secretario general del PP regional, Alfonso Serrano, quien negó tajantemente que el partido haya presionado a alguien para «ocultar absolutamente nada».
El secretario general del PP madrileño aseguró que el proceso interno se llevó a cabo siguiendo los procedimientos establecidos. Afirmó que el Partido Popular «ni oculta ni tapa» este tipo de documentos, sino que los tramita y actúa en consecuencia, siempre respetando la presunción de inocencia.
Serrano indicó que, en febrero de 2024, recibió por correo electrónico un escrito de una concejala que denunciaba exclusivamente «discriminaciones laborales», sin plantear en ningún momento acoso laboral ni, mucho menos, acoso o abuso sexual.
Explicó que en marzo de ese año se llevó a cabo una reunión donde la edil expuso de forma vaga situaciones de conflictos y agravios con otros concejales y que, ante la falta de concreción, se le preguntó explícitamente si había existido algún tipo de acoso o abuso sexual, lo cual negó de manera clara.
El dirigente popular señaló que en octubre de 2024 la concejala abandonó el partido, renunció a su acta y posteriormente remitió un escrito a la dirección nacional. Explicó que el caso fue asumido entonces por el Comité de Derechos y Garantías Nacional, ya que se trata de un alcalde de un municipio con más de 100,000 habitantes y miembro nato de la Junta Directiva Nacional.
Entre octubre de 2024 y abril de 2025, indicó Serrano, se instruyó un expediente en dicho comité, durante el cual se solicitó a la denunciante información y documentación que respaldara el escrito, y se realizaron las diligencias pertinentes. Al no presentarse pruebas que sostuvieran la denuncia ni declaraciones imputadas a terceros, el expediente fue finalmente cerrado.
En este contexto, reiteró que la denuncia carecía de fundamentos y señaló que, en caso de existir hechos constitutivos de delito, deberían haberse llevado ante un juzgado y no en el ámbito político o mediático.
Asimismo, Serrano se negó a valorar lo que calificó como «conversaciones manipuladas» que aparecen en la denuncia de El País, y ubicó la controversia dentro de un contexto político más amplio, al destacar que la denuncia coincide con un momento «muy dañino para el PSOE» relacionado con un «presunto acosador», Paco Salazar, sobre quien sí «existen denuncias formales» y que está muy vinculado a la candidata aragonesa Pilar Alegría.
PSOE, PP y Vox exigen su renuncia
Tras esta revelación, PSOE, Más Madrid y Vox han solicitado la dimisión inmediata del alcalde y han centrado la atención en la dirección del PP madrileño, a la que acusan de haber «encubierto» el caso. El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE-M, Óscar López, señaló directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como al secretario general del PP regional, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, como conocedores de la denuncia.
Desde el PSOE, en sus niveles autonómico y nacional, reiteraron que el PP no ha aplicado el mismo rigor que exige cuando los casos de acoso afectan a dirigentes socialistas.
En la misma línea, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, solicitó la destitución de Bautista y la responsabilidad política de aquellos que, a su juicio, «protegieron» al alcalde. La ministra de Sanidad y líder del partido, Mónica García, denunció lo que calificó como un «patrón» del PP frente a estas situaciones.
Por su parte, Vox también pidió la renuncia del alcalde y explicaciones públicas, cuestionando la aparente contradicción entre el discurso feminista del PP y la gestión interna de esta denuncia.
La formación recordó además la reciente ruptura del pacto de gobierno en Móstoles, ocurrida hace menos de un mes, y sugirió que la salida de Vox del Ejecutivo municipal podría estar vinculada con la situación interna del alcalde antes de que el caso fuera público, pese a que en ese momento no emitieron comentario alguno.
Desde el Partido Popular sostienen que el procedimiento interno se desarrolló y cerró correctamente, al no existir pruebas que confirmaran las acusaciones. Fuentes del partido enfatizan que el archivo del expediente no fue impugnado, la denunciante no acudió a la vía judicial y que debe respetarse en todo caso la presunción de inocencia del alcalde, que consideran dañada por la divulgación pública del caso. Según estas fuentes, se trataría de un escrito «presentado de mala fe» y sin base jurídica.