Las organizaciones exigen plantilla pública y la eliminación de subcontratas para detener los paros convocados para el 9, 10 y 11 de febrero
Los sindicatos ferroviarios se presentan este miércoles a la reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, con una postura conjunta: sin compromisos específicos sobre plantilla, mantenimiento y eliminación de subcontratas, no se desconvocará la huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Las organizaciones consultadas por Infobae coinciden en que el encuentro llega con posiciones “distantes” y pocos avances reales sobre la mesa. Desde CGT, considerada la voz más firme dentro del bloque sindical, prevén que “es complicado que hoy se alcance algún acuerdo”.
Las centrales reclaman un plan de choque inmediato que revierta lo que describen como un deterioro estructural del sistema ferroviario a raíz de los accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). “No bastan las declaraciones de intenciones; no existen acciones concretas que brinden esperanza de un cambio en la política ferroviaria”, advierte Miguel Montenegro, responsable del sector ferroviario de CGT Andalucía. El sindicato critica que “no hay compromisos para aumentar el número de plantilla ni ofertas públicas de empleo para cubrir necesidades estructurales” y tampoco perciben voluntad de “modificar la política de concesiones para impedir que estas puedan subcontratar a empresas externas”.
Ante CGT, el diagnóstico es claro: “La escasez de personal, la falta de mantenimiento en las infraestructuras y la desregulación e intrusismo en el sector” representan en la actualidad la principal falla en seguridad. Entre las medidas imprescindibles plantean la creación de empleo en Renfe y Adif para que todas las tareas relacionadas con la circulación y seguridad se gestionen desde el ámbito público, el fin de la subcontratación que “regula a la baja el empleo y las condiciones laborales” y un plan formativo que valorice las profesiones del sector ferroviario. Montenegro añade que, sin avances concretos, “no habrá nuevas reuniones” antes del día 9, lo que deja la huelga prácticamente asegurada.
Un plan de choque con financiación
Desde UGT, el enfoque es similar. La federación FeSMC demanda “más protocolos de protección en contextos adversos como fenómenos meteorológicos desfavorables, aumento de plantilla para el mantenimiento ferroviario y más y mejor formación para todos los colectivos”. En la reunión con Puente, el sindicato insiste en que lo fundamental es un “plan de choque efectivo que aborde estos asuntos con la financiación necesaria para una actuación rápida”. De lo contrario, advierten, “sería inútil pactarlo para que se dilate durante años en diversos despachos ministeriales”.
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), impulsor inicial de los paros, encara la cita como un “primer contacto”. La organización admite que “las posturas hoy están distantes” y mantiene su exigencia principal: “un cambio estructural en la adopción de medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que antes definía al ferrocarril en España”.
Pedro Marco de la Peña dimitirá si «por acción u omisión» la investigación concluye que tuvo responsabilidad en el accidente de Adamuz.
La propuesta de CCOO se muestra más detallada. Su secretaria general del sector ferroviario, Pepa Páez, plantea incrementar el presupuesto destinado al mantenimiento de la red y que Adif “contrate más personal propio para llevarlo a cabo”. También pide el desarrollo de protocolos coordinados con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para casos de condiciones meteorológicas adversas y la aplicación de medidas urgentes en líneas con problemas recurrentes, como la Madrid-Barcelona. En el ámbito de Renfe, reclama mayor dotación de personal en los trenes y la internalización del mantenimiento de la flota. Para CCOO, existen dos líneas rojas claras: “Los protocolos de seguridad y la contratación en las empresas públicas”.
Una huelga que amenaza a todo el sector
El conflicto se produce apenas un día después de la concentración unitaria realizada ante la sede del Ministerio de Transportes, en la que participaron Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario, Sindicato de Circulación Ferroviaria, USO y Alferro. Las organizaciones sostienen que los accidentes de Adamuz y Gelida “no pueden considerarse hechos aislados”, sino un reflejo de una “enfermedad crónica del ferrocarril” marcada por la escasez de inversión y personal.
La huelga prevista para el 9, 10 y 11 de febrero afectará a las circulaciones de Renfe, Iryo y Ouigo, así como a las principales compañías privadas de transporte de mercancías — Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail — y a servicios como los prestados por Serveo. Los paros serán de 24 horas y amenazan con detener buena parte de la movilidad ferroviaria del país.
El ministro Óscar Puente ha manifestado su voluntad de alcanzar un acuerdo, pero el choque entre las demandas sindicales y la ausencia de compromisos específicos mantiene el conflicto abierto. A cinco días del inicio de la huelga, los sindicatos recalcan que solo un cambio real en la política de mantenimiento y empleo podría desactivar las movilizaciones. Por el momento, el mensaje que transmiten al Gobierno es claro: sin acciones concretas, no habrá tregua.