Los servicios sociales de Navarra han reconocido que el niño de 4 años que sufrió una agresión sexual no debería haber permanecido en el centro donde se produjo el hecho.
La madre del menor fue informada por una funcionaria de que el niño requería una familia y que se intentó localizar una familia de acogida, pero en ese momento no había ninguna disponible.
El incidente ocurrió el 17 de enero en el centro Lagunetxea de Mutilva, gestionado por la Fundación Amigó y supervisado por el Gobierno de Navarra.
Tras la presunta agresión, el centro separó a los menores involucrados y afirmó haber adoptado las medidas oportunas tras el suceso, aunque la madre fue informada con un día de retraso.
El niño de 4 años que fue agredido sexualmente en un centro público de Navarra por otro residente de 16 años, no debió haber estado alojado en ese lugar. Es lo que han admitido los servicios sociales del Gobierno foral a la madre.
Una representante del Servicio de Acogimiento Familiar de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, dependiente del Departamento de Derechos Sociales, comunicó esto a la mujer en una reunión celebrada el 23 de enero.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la funcionaria reconoció ante la madre durante ese encuentro que «se podían haber gestionado las cosas de otro modo» respecto al caso de agresión sexual, que ahora está bajo la investigación de la Fiscalía.
El suceso tuvo lugar el pasado 17 de enero en el centro Lagunetxea, gestionado por la Fundación Amigó y localizado en Mutilva, a cinco kilómetros de Pamplona.
Es un centro que está bajo tutela del Gobierno foral, presidido por la socialista María Chivite.
«Nadie desea ni espera que sucedan estos hechos, pero a veces ocurren«, explicó la representante de servicios sociales a la madre, según la conversación a la que accedió este periódico.
La madre, de 30 años, tiene la patria potestad suspendida. Su hijo menor está bajo la tutela del Gobierno navarro desde diciembre de 2024, tras haber sido declarado en situación legal de desamparo por la Administración.
La mujer manifestó su desacuerdo con que su hijo permaneciera en un piso tutelado y «menos aún cuando hay tantos niños mayores«.
«Él es el más pequeño y no pueden proporcionarle la atención adecuada para su edad», reclamó.
En un momento dado, la madre expresó su insatisfacción con la gestión del caso, llegando a calificar a los responsables de servicios sociales como «ineptos».
En respuesta, la funcionaria le pidió moderar el tono, asegurando que «comprendemos ese enfado y no podemos estar más de acuerdo».
«Un niño de 4 años no debería estar en un piso ni en una residencia», reconoció la funcionaria. «Considerando su edad, es cierto que no debería estar donde está».
La representante de servicios sociales admitió que, dada su edad, el menor «precisa una familia» y que desde el Servicio de Acogimiento Familiar se había explorado «toda la red sociofamiliar extensa» antes de su ingreso en el centro.
Además, explicó que se había intentado localizar una familia de acogida, aunque actualmente no contaban con ninguna «disponible».
Este hecho «no implica que no se esté buscando una familia» para que el niño «pueda salir de la residencia y esté con una familia», aseguró.
«Medidas adecuadas»
Durante esa reunión, la funcionaria defendió la actuación del centro tras el incidente, indicando que «desde el hogar se han tomado las medidas necesarias, apropiadas, dada la situación».
El día en que ocurrió la presunta agresión sexual, el niño fue ingresado en el Hospital Universitario de Navarra para una valoración, pero la madre no fue informada hasta el día siguiente.
La comunicación llegó mediante un mensaje de whatsapp, en el que se le informó que el niño estaba «muy bien, tranquilo y cuidado en todo momento».
También se le explicó que la hospitalización fue «de forma preventiva» tras «unas manifestaciones que, por su edad y contenido, es conveniente que valoren los profesionales».
En ningún momento se detalló a la madre la razón exacta del traslado al hospital.
El lunes 19 de enero, una de las educadoras del centro, M.G.C., se puso en contacto con ella para comunicarle que lo sucedido «podría ser una agresión sexual».
Le indicaron que desconocían «qué ocurrió exactamente y cómo», debido a que no lo presenciaron, y que actuaron basándose en el testimonio del niño.
Después del incidente, el centro decidió separar a los menores involucrados.
Según la página web del centro, dispone de 12 profesionales dedicados a la atención directa y un equipo técnico compartido que incluye a una directora, dos técnicos de familia, un terapeuta individual y otro terapeuta.